Democracia, libertad de manifestación y progreso

Democracia, libertad de manifestación y progreso

Vivimos horas que a la mayoría de los costarricenses nos causan dolor y angustia.

En nuestra democracia las decisiones se toman por los entes públicos libremente electos. Recién tuvimos —hace pocos meses— elecciones libres que reflejaron la voluntad popular. Tenemos una amplia gama de representantes de los más diversos intereses en la Asamblea Legislativa, y un Poder Ejecutivo integrado por personas de los diferentes partidos. Esta institucionalidad y no la democracia de las calles es la que debe prevalecer.

En nuestro régimen de libertades tenemos la dicha de que los diversos grupos pueden manifestar y defender sus opiniones y sus intereses.

Pero todo tiene límites.

Los manifestantes no deben —les es prohibido por nuestro sistema legal— violar los derechos y libertades básicos de otros ciudadanos. A todos se debe respetar el derecho a la libre circulación personal y de sus bienes, a la seguridad personal, a la educación pública, a la atención médica.

Las autoridades policiales deben actuar con el mayor recato y la más grande precaución para evitar confrontaciones violentas, pero no deben incumplir su obligación de hacer respetar los derechos básicos de todas las personas.

Los costarricenses somos amantes de la paz y de cordiales relaciones con los demás. Me impresionaron —hace varias décadas— los análisis de opinión que señalaban que los ticos preferíamos ser amados a ser exitosos. En mi vida empresarial encontré ocasiones en que a asesores extranjeros había que explicarles que para tener éxito al impartir órdenes en una planta industrial, era imprescindible darlas pidiendo que se efectuara tal o cual actividad: “por favor.” No ordenamos al camarero un café, le pedimos nos lo regale por favor.

Por eso —y a pesar de que sufrimos dolorosos casos de violencia doméstica y de que la criminalidad se ha hecho muy cruel— nos resultan chocantes las manifestaciones de fuerza y rechazamos muy mayoritariamente la violencia.

Hoy la violencia es una amenaza cercana. Fácilmente a manifestantes o a las autoridades se les puede escapar de las manos el control de los acontecimientos y se puede desembocar en confrontaciones violentas, que tendrían resultados lamentables y no resolverían nada.

Al gobernante corresponde la mayor cuota de prudencia. Ante una situación de enfrentamientos similar —cuando una manifestación manipulada e inflamada de odio se dirigía a Casa Presidencial y teníamos información de que tratarían de apoderarse de esa instalación— reuní a los policías y les recordé que quienes venían eran tan costarricenses como ellos y con sus mismos derechos, y los invité a que nos arrodilláramos a rezar un Padre Nuestro para pedir a Dios que no hubiese violencia alguna.

Vivimos una realidad fiscal y económica que nos deja pocos grados de libertad: un déficit fiscal y una deuda pública muy altos y crecientes, pobreza estancada, desempleo alto, informalidad y desigualdad crecientes y una producción que se desacelera.

No hacer nada no es una opción racional: sería ir ciegamente al despeñadero y condenar a cientos de miles de costarricenses a caer en la pobreza.

Hace tres años señalé —antes de que se presentará el presupuesto para 2015 (La República 24 agosto 2015)— la urgencia de contener el gasto, apagar sus disparadores (pensiones, transferencias corrientes, incentivos salariales, destinos específicos), establecer reglas constitucionales para evitar que la situación se repitiera y aprobar nuevos tributos. Hoy la situación es aún más urgente.

En el 2000 se engañó a los jóvenes haciéndolos creer que se trataba de vender el ICE y no como era la verdad que se trataba de abrir sus monopolios. El partido principal de oposición, rectores de las universidades, representantes empresariales y medios de comunicación abandonaron el apoyo que desde la Concertación Nacional venían dando a la propuesta del gobierno. Nuestra propuesta era entonces la apertura de monopolios públicos, construcción de infraestructura por concesión y venta de algunos activos estatales (BCR, INS sin monopolio, BICSA y FANAL) que había propuesto en la campaña de 1998. Se trataba de cambios institucionales para mejorar las posibilidades de aumentar el bienestar nacional. Por eso en esa ocasión podía el gobierno buscar otras soluciones aunque no las considerásemos las mejores. Y con la ayuda de los exministros de Hacienda propusimos el IVA y la Renta Global.

Ahora es muy distinto, se trata de no seguir el camino a una profunda y dolorosa crisis.

Ya hace tres años en ese artículo indiqué: “Ante la gravedad del problema, no se puede sucumbir al miedo que provoca la dictadura de las calles. La solución no es ante el miedo refugiarse en la inacción. La solución está en la democracia, en el diálogo y los acuerdos, en la defensa de nuestra institucionalidad. Defender nuestra constitucionalidad, evitar el caos, ejercer sus responsabilidades democráticas y promover el bienestar de la mayoría es la responsabilidad de todos, pero sobre todo del Presidente”.