Enviar
Inseguridad atemoriza cada día más a los costarricenses
Delincuencia arrodilló al país en 2007

• Estado de la Nación subraya correlación entre distanciamiento de la brecha social y percepciones de inseguridad
• Quienes pueden pagar servicios privados de seguridad son los únicos que se manifiestan confortables

Eduardo Baldares
[email protected]

Lejos de achicarse, la sensación de inseguridad ciudadana es un monstruo que crece conforme se distancia la brecha social.
“La proporción de personas que sienten el país amenazado por la delincuencia y, al mismo tiempo, perciben sus barrios como inseguros, se incrementó en casi diez puntos porcentuales (de 2004 a 2006), hasta representar casi la mitad de la población”, según revela el último informe del Estado de la Nación.
“Con respecto a la inequidad, la investigación criminológica ha avanzado correlacionando específicamente la desigualdad en la distribución del ingreso y el delito”, agrega el estudio.
De hecho un 90% de la población siente que la criminalidad ha aumentado, lo que coincide con el porcentaje de quienes no pueden darse el lujo de pagar servicios de seguridad privada, reveló una encuesta de CID-Gallup publicada por LA REPUBLICA. Por el contrario, quienes sí los pagan no percibieron que el hampa haya crecido.
El estudio Latinobarómetro 2007 corroboró que el costarricense se ha vuelto desconfiado incluso con su vecino, pues teme que le roben o le estafen, y en ese renglón estadístico solo en Brasil y en Paraguay son más escépticos.
A la consulta “¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas?”, solo un 17% de los latinoamericanos respondió que sí, pero Costa Rica estuvo muy por debajo de la media regional con un escaso 8% que contestó afirmativamente.
Costa Rica es el tercero entre los países más aterrorizados de la región, pues más de tres cuartas partes de los encuestados confesaron tener miedo de ser víctimas de un delito con violencia “todo el tiempo” o “casi todo el tiempo”, confirmó Daniel Zovatto, miembro del Consejo Asesor Internacional de Latinobarómetro.
El pesimismo es tal que, según Latinobarómetro, solo el 5% de los costarricenses considera que en el futuro habrá mejoras en materia de seguridad, lo que ni siquiera corresponde al 9% de la población que paga protección privada.
Zovatto considera que aun cuando los indicadores macroeconómicos indiquen evolución, si los ciudadanos se quejan de desigualdad social es porque la mayoría se pregunta ¿dónde está mi porción de este progreso?
En el caso de Costa Rica solo un 29% califica en términos positivos la distribución del ingreso.
“Si las estadísticas indican que la desigualdad se ha incrementado, es decir, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres, más pobres y numerosos, esto lleva necesariamente a un aumento de la delincuencia y al resentimiento de quienes quedan rezagados”, aseguró el sociólogo urbano José Manuel Valverde.
“La gente está buscando lugares cerrados con vigilancia privada para sentirse seguras, pero las opciones son básicamente para las clases media alta y alta, ya que por razones técnicas como la disponibilidad de terrenos, los planes reguladores de las municipalidades y las medidas que tienen que tener los lotes, los precios se tornan lejanos a las personas de menos recursos”, externó Luigi Wong, director de proyectos de los condominios Corinto y Colonial en Moravia.
Así las cosas, la mayoría que no tiene con qué pagar seguridad privada tiembla ante la amenaza del hampa.
Una urbanización moraviana podría ser ejemplo de lo que experimentan muchas otras. Omitimos el nombre porque los residentes estuvieron de acuerdo en relatarnos sus experiencias a cambio de no revelarlo, pues quieren vender sus propiedades y temen que los testimonios afecten la plusvalía.
Hace una década el residencial contaba con seis guardas, pero paulatinamente mucha gente dejó de pagar, otros no hicieron los ajustes inflacionarios y se estancaron en los montos; entonces llegó el punto en el que el encargado de la vigilancia se quedó solo, en jornadas de 8 a.m. a 8 p.m.
Ahora cada vez son más los casos de bajonazos, robos en casas y en las calles, pues el vigilante de apellido Córdoba no puede solo con más de ocho cuadras. ¿Y la Fuerza Pública? “No viene porque la misma gente no denuncia, porque teme que el delincuente quede libre y cobre venganza”, reflexiona Córdoba.
Y es que mientras en este país ciertas contravenciones no sean penalizadas como delitos, y se sigan tomando como sucesos de pequeña magnitud, será difícil modificar la percepción de inseguridad.
“Las personas prefieren no denunciar, porque si lo hacen temen las represalias que podrían sufrir a manos del hampón acusado, quien será liberado. Solo si el monto de lo robado llega a ¢250 mil el acto será juzgado como delito”, destacó Ricardo González, director del despacho del Ministro de Seguridad Pública, quien espera que ese monto se baje. “En ese sentido hay una propuesta concreta hecha por el abogado Juan Diego Castro”.
Según la encuesta de CID-Gallup, en solo uno de cada diez hogares se reporta pago por servicios de seguridad privada, proporción que corresponde a las personas de mayor nivel socioeconómico. Entonces el 91% de la población depende de la Fuerza Pública, la cual no le brinda confianza a la ciudadanía.
“Para cambiar ese temor ciudadano este gobierno defiende y pone en práctica el lema ‘la policía a la calle’. No queremos lo de antes, no queremos más efectivos en las comandancias sin hacer nada, sino cerca de las personas, proporcionándoles seguridad haciéndose ver”, dijo González.
Aunque el funcionario resaltó los logros del Ministerio en materia del combate a las drogas, todos los estudios anteriormente citados revelan que la gente no ve esos éxitos tan cercanos, y que aún no percibe “la policía en la calle”, al punto que teme en todo momento que entre las rejas de sus casas se les metan las garras del hampa.





Ver comentarios