El tema de la Reforma a la Ley de Pensiones debe ser elevado a un diálogo nacional

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Déficit fiscal

Actualmente se conoce que el 2,6% del PIB corresponde a pensiones con cargo al Presupuesto Nacional que gozan únicamente empleados del sector público. La Contraloría General de la República (CGR), revela en su Memoria Anual 2013, que más de ¢600 mil millones, de los ¢655.339 millones que se desembolsan para los regímenes de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional debieron ser pagados por el Gobierno y una buena parte se financió con deuda. Eso quiere decir que el 91,56% de esas pensiones no se cotizó por sus beneficiarios, sino que debe cubrirla el Estado con su presupuesto.
El Gobierno destina más dinero en pensiones del Gobierno central que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS pese a tener la tercera parte de los jubilados.
En datos del Ministerio de Hacienda, en 2012, mientras el régimen de IVM pagó unos ¢485 mil millones para 191 mil pensionados que no gozan de pensión pagada con ingresos de Estado (agricultores, guardas, taxistas, amas de casa, operarios, etc.), el Gobierno canceló con dinero de los contribuyentes, en ese mismo periodo, unos ¢569 mil millones a cerca de 59 mil jubilados. En comparación, en 2012 un jubilado del IVM recibió en promedio, ¢195 mil mensuales, mientras que en el Gobierno, ¢744 mil.
Mientras en el IVM la pensión promedio representa un 46% del salario promedio, en las pensiones con cargo al Presupuesto alcanza un 90%; y mientras en el IVM la edad mínima para jubilarse es de 60 años y 37,5 años de contribuciones, en los regímenes especiales se puede hacer al cumplir entre 30 y 33,3 años de contribución al régimen, actualmente existen pensiones de hasta ¢16 millones más altas que altos ejecutivos del sector privado y altos jerarcas de instituciones.
La Contraloría estimó que para 2011 las cotizaciones apenas cubrían 11% de los egresos; el resto debe financiarlo el Estado, perdiendo la oportunidad de construir escuelas, comprar medicinas, construir viviendas o aumentar las pensiones al régimen no contributivo que beneficia a muchos adultos mayores.
En extractos de Estudio: ¿A quién beneficia el gasto público social en Costa Rica?, del investigador de la UCR Juan Diego Trejos, el 64% del gasto que tiene el Gobierno en pensiones con cargo al Presupuesto Nacional llega a manos del 10% de hogares más adinerados del país.
El Régimen del Magisterio Nacional es el principal rubro dentro de este título, con un gasto de ¢402.514 millones. En lo anterior también ha pecado el Poder Legislativo, ya que la reforma introducida en la Ley N° 9104 establece la condición de exento de contribución al régimen para aproximadamente el 50% de la población de pensionados que pertenecen al mismo.
Costa Rica envejece, pronto no habrá pensión para nadie de seguir en las mismas condiciones.
Las cifras oficiales muestran que a 2012 los adultos mayores de 65 años, que representaban el 5,6% de la población en el 2000, suman ahora el 7,3%. Los menores de 15 años representan el 24,8% de la población. En 1950 el 43% de los habitantes estaban en ese grupo, y para 2000 eran el 32%. La fecundidad en Costa Rica cayó un 5,3% en los últimos dos años.
En síntesis, las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional representan una gran carga para el Estado y peor aún, a largo plazo serán insostenibles y dado que la población envejece a ritmo acelerado, los que disfrutan de altas pensiones hoy, están sellando la estabilidad de las pensiones de sus hijos y nietos. El tema de la Reforma a la Ley de Pensiones debe ser elevado a un diálogo nacional, el Gobierno está teniendo cada ves menos capacidad de sostener pensiones, por más que se raspe la olla, ni recortando los salarios más altos de jerarcas (que se deben reducir también) se pueden obtener montos tan astronómicos como los anteriormente vistos y que consumen el 2,6% del PIB nacional.

David Chacón Chacón