Defensa del presupuesto e independencia del Poder Judicial incitan plantones en todo el país
Este jueves se llevarán concentraciones frente a cabo sedes judiciales y en la Plaza de la Democracia
En un contexto de creciente tensión entre el Poder Judicial, el gobierno de Laura Fernández y los diputados oficialistas, varios colectivos y ciudadanos hicieron un llamado para defender el presupuesto, la independencia y la separación de poderes.
Es por ello que este jueves llevarán a cabo varios plantones en las sedes judiciales y en la Plaza de la Democracia.
“¡Que la luz de la justicia se encienda en cada sede judicial del país!”, indican los carteles virtuales que llaman a la convocatoria después de las 4:30 p. m., en los distintos circuitos judiciales del país.
La iniciativa propone llevar velas, realizar actividades artísticas y culturales y compartir fotografías en redes sociales con las etiquetas #NingúnGolpeDeEstado y #ApoyoAlPoderJudicial.
A esta convocatoria ciudadana se sumó formalmente el movimiento gremial del Poder Judicial, conformado por ocho organizaciones, entre ellas la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPROJUD) y la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD).
El viernes anterior, la presidenta Laura Fernández calificó de “golpe de Estado” la decisión de la Sala IV de prorrogar de manera indefinida a los magistrados suplentes del máximo tribunal.
En un mensaje de cuatro minutos, la mandataria señaló que Costa Rica no puede permitir el atropello a la Constitución Política, a la vez que aseguró que los cuatro magistrados que avalaron esa decisión “son golpistas”.
Paralelamente, el gobierno anunció un recorte presupuestario de unos ¢26 mil millones el próximo año para el Poder Judicial, lo cual ha sido rechazado por las autoridades judiciales.
Sobre este tema, los diputados opositores han apoyado a la Corte y han denunciado un supuesto atropello por parte del gobierno de Fernández.
“Esa captura del Poder Judicial, ese intento por cerrar la Sala Constitucional, es un atentado contra los derechos de los ciudadanos y una afectación directa al acceso a la justicia constitucional”, afirmó Álvaro Ramírez, jefe del PLN.