Decreto pretende incrementar transparencia bancaria
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Lunes 14 diciembre, 2009
Clientes bancarios recibirían más información acerca de sus cuentas, al entrar en vigencia nuevas reglas
Decreto pretende incrementar transparencia bancaria
Banca cuestiona legalidad del decreto, y el plazo para aplicarlo, además advierte acerca de los costos involucrados
Los cajeros automáticos advertirán las comisiones que cobran por retiros de efectivo, y los emisores de tarjeta eliminarán la letra pequeña de los contratos.
Estos son apenas algunos de los cambios que serán obligatorios debido a un decreto que modificará aspectos en la regulación existente sobre tarjetas de crédito y de débito.
Ya la fase de consulta fue cerrada, incluso el texto fue revisado por el Poder Ejecutivo.
Por tanto, únicamente quedan pendientes el envío de las respuestas a los bancos que remitieron observaciones en el plazo de consulta, y la publicación del decreto en La Gaceta, lo cual sucedería esta semana, indicó Eduardo Sibaja, ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
La magnitud de las reformas motivó a las entidades financieras a solicitar que se ampliara el plazo para implementarlas.
En un inicio, la intención es que los cambios se hicieran en un mes, pero la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pidió nueve meses, y en el decreto final se darían 90 días de plazo, afirmaron fuentes cercanas.
“Requerimos un plazo más amplio para llevar a cabo los ajustes necesarios para implementar las modificaciones requeridas. A través de la ABC; todas las entidades financieras presentamos una propuesta sobre este tema en la cual se solicitan al menos nueve meses”, manifestó Lorena Blanco, coordinadora de tarjetas del Banco Popular.
Esta observación viene acompañada por una serie de recomendaciones hechas a través de la ABC al MEIC, como la necesidad futura de diferenciar en adelante la regulación para las tarjetas de débito y de crédito.
“Hay que analizar algunas cosas que no son viables operativamente, debido a que cada uno de los bancos tiene sistemas diferentes y corren en distintas plataformas tecnológicas. Estamos a la espera del documento que nos remitirá el Ministerio de Economía”, dijo Arnoldo Trejos, subgerente comercial de Bancrédito.
Aunque la intención de la reforma es apoyada, existen áreas donde el MEIC tendría imposibilidad legal para normar sobre todos los servicios financieros, indicó Franco Naranjo, presidente de la ABC.
“Se estima que el decreto objeto de consulta, va más allá de la ley, de manera que el Poder Ejecutivo se estaría excediendo en su capacidad de legislador delegado, al regular temas atinentes a tarjetas de débito sin encontrarse autorizado para ello. De esta forma, el reglamento propuesto incurre en relevantes errores conceptuales, que lo ponen en riesgo de entrar en roce con el principio de legalidad, tanto constitucional como legal”, indicó Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, en carta dirigida al MEIC.
En medio de este entorno, los cambios propuestos son viables y se ha demostrado en otros países. Por ejemplo, en el caso de los cajeros automáticos, en México se cambiaron en un mes, luego de que las autoridades exigieran las reformas.
Aún se ignora el impacto que tendrá la regulación en el mercado local. Una posibilidad perjudicial para el cliente es que el banco no pueda financiar el cambio en su red de cajeros, y que tome la decisión de sacarlos de funcionamiento.
“Será necesario verificar la capacidad de cada cajero para cumplir con este requerimiento, para determinar si debe cambiarse o no, y el costo que representaría para las distintas entidades”, analizó Hairo Rodríguez, gerente de Banco Cathay.
El texto ya fue sujeto de estudio por parte de las entidades financieras, que consideran que algunas reformas propuestas en el decreto requieren incorporarse a través de una reforma de ley.
Además, antes de la consulta de este decreto, diferentes actores consideraron que la reforma redunda en pronunciamientos que ya la Comisión de Defensa del Consumidor había emitido y la disposición respecto al tema es reservada.
“Diferimos en lo relacionado con la regulación de las tarjetas de débito en los términos en que se propone, ello en virtud de que estas no son mecanismos independientes, sino que son accesorios al servicio de cuenta corriente, o de ahorro, por lo que tiene regulaciones de rango legal que el reglamento no debería, ni podría, regular de otra forma”, comentó Mario Rivera, gerente del Banco de Costa Rica, quien al menos en su caso consideró impopular y poco probable el cierre de cajeros automáticos.
Los plazos y el detalle de variantes no serán dados a conocer hasta mañana, cuando las autoridades del MEIC expongan el alcance del decreto.
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
Decreto pretende incrementar transparencia bancaria
Banca cuestiona legalidad del decreto, y el plazo para aplicarlo, además advierte acerca de los costos involucrados
Los cajeros automáticos advertirán las comisiones que cobran por retiros de efectivo, y los emisores de tarjeta eliminarán la letra pequeña de los contratos.Estos son apenas algunos de los cambios que serán obligatorios debido a un decreto que modificará aspectos en la regulación existente sobre tarjetas de crédito y de débito.
Ya la fase de consulta fue cerrada, incluso el texto fue revisado por el Poder Ejecutivo.
Por tanto, únicamente quedan pendientes el envío de las respuestas a los bancos que remitieron observaciones en el plazo de consulta, y la publicación del decreto en La Gaceta, lo cual sucedería esta semana, indicó Eduardo Sibaja, ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
La magnitud de las reformas motivó a las entidades financieras a solicitar que se ampliara el plazo para implementarlas.
En un inicio, la intención es que los cambios se hicieran en un mes, pero la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) pidió nueve meses, y en el decreto final se darían 90 días de plazo, afirmaron fuentes cercanas.
“Requerimos un plazo más amplio para llevar a cabo los ajustes necesarios para implementar las modificaciones requeridas. A través de la ABC; todas las entidades financieras presentamos una propuesta sobre este tema en la cual se solicitan al menos nueve meses”, manifestó Lorena Blanco, coordinadora de tarjetas del Banco Popular.
Esta observación viene acompañada por una serie de recomendaciones hechas a través de la ABC al MEIC, como la necesidad futura de diferenciar en adelante la regulación para las tarjetas de débito y de crédito.
“Hay que analizar algunas cosas que no son viables operativamente, debido a que cada uno de los bancos tiene sistemas diferentes y corren en distintas plataformas tecnológicas. Estamos a la espera del documento que nos remitirá el Ministerio de Economía”, dijo Arnoldo Trejos, subgerente comercial de Bancrédito.
Aunque la intención de la reforma es apoyada, existen áreas donde el MEIC tendría imposibilidad legal para normar sobre todos los servicios financieros, indicó Franco Naranjo, presidente de la ABC.
“Se estima que el decreto objeto de consulta, va más allá de la ley, de manera que el Poder Ejecutivo se estaría excediendo en su capacidad de legislador delegado, al regular temas atinentes a tarjetas de débito sin encontrarse autorizado para ello. De esta forma, el reglamento propuesto incurre en relevantes errores conceptuales, que lo ponen en riesgo de entrar en roce con el principio de legalidad, tanto constitucional como legal”, indicó Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, en carta dirigida al MEIC.
En medio de este entorno, los cambios propuestos son viables y se ha demostrado en otros países. Por ejemplo, en el caso de los cajeros automáticos, en México se cambiaron en un mes, luego de que las autoridades exigieran las reformas.
Aún se ignora el impacto que tendrá la regulación en el mercado local. Una posibilidad perjudicial para el cliente es que el banco no pueda financiar el cambio en su red de cajeros, y que tome la decisión de sacarlos de funcionamiento.
“Será necesario verificar la capacidad de cada cajero para cumplir con este requerimiento, para determinar si debe cambiarse o no, y el costo que representaría para las distintas entidades”, analizó Hairo Rodríguez, gerente de Banco Cathay.
El texto ya fue sujeto de estudio por parte de las entidades financieras, que consideran que algunas reformas propuestas en el decreto requieren incorporarse a través de una reforma de ley.
Además, antes de la consulta de este decreto, diferentes actores consideraron que la reforma redunda en pronunciamientos que ya la Comisión de Defensa del Consumidor había emitido y la disposición respecto al tema es reservada.
“Diferimos en lo relacionado con la regulación de las tarjetas de débito en los términos en que se propone, ello en virtud de que estas no son mecanismos independientes, sino que son accesorios al servicio de cuenta corriente, o de ahorro, por lo que tiene regulaciones de rango legal que el reglamento no debería, ni podría, regular de otra forma”, comentó Mario Rivera, gerente del Banco de Costa Rica, quien al menos en su caso consideró impopular y poco probable el cierre de cajeros automáticos.
Los plazos y el detalle de variantes no serán dados a conocer hasta mañana, cuando las autoridades del MEIC expongan el alcance del decreto.
dchacon@larepublica.net