¿Decae nuestro sistema democrático?

¿Decae nuestro sistema democrático?

El lanzamiento oficial de la campaña electoral por parte del TSE me dio la impresión de ser tan solo un rito carente de repercusión y entusiasmo colectivos; lo cual me hizo temer que esta vez, la ya acentuada tendencia al abstencionismo, podría seguir creciendo, socavando con ello los ya debilitados fundamentos del sistema democrático costarricense. Creo, como muchos compatriotas, que dicha tendencia constituye una de las mayores amenazas a nuestra democracia, pues denota desidia por no decir impotencia por parte de un número significativo de connacionales. Tanto el TSE como los propios partidos deben encaminar la propaganda electoral a tratar de disminuir el número de abstencionistas.

Es de reconocer, sin embargo, que algunos indicios pueden hacernos creer que esa peligrosa tendencia podría revertirse. Lo anterior se debería a que la campaña estaría calentando. De confirmarse esa impresión, podría deberse a factores extrínsecos, si bien de índole política, aunque de carácter perverso. En concreto, creo que lo dicho se debe a algunos hechos ligados a las denuncias que abundan en los espacios informativos de reiterados y crecientes escándalos de corrupción. Una de estas denuncias tiene que ver con el uso abusivo de recursos materiales y humanos del Estado, a que se han habituado altos miembros del actual régimen y que se refleja en el uso de medios de transporte aéreo por parte de miembros del Primer Poder de la nación pertenecientes a la bancada oficial.

El que este detestable hecho haya causado tanto revuelo demuestra hasta qué punto, más que de un hecho aislado, se trata del síntoma de una gangrena que carcome a buena parte de los órganos del Estado. La mencionada enfermedad consiste en confundir los intereses privados con los públicos y que busca beneficiarse de una posición oficial para obtener réditos, tanto materiales como políticos de índole estrictamente personal. Con ello se menosprecian normas claramente definidas en nuestra manoseada Constitución que establecen que el Estado representa el bien común, por lo que no puede por ello mismo convertirse en coto privado.

Considero que no solo los partidos de oposición, que ejercen el deber democrático del control político y los órganos legales llamados a vigilar que los otros entes del Estado cumplan esas normas elementales de nuestra Carta Magna, sino que todos los ciudadanos deben denunciar esos hechos. Si todos estuviéramos conscientes de este deber patriótico y lo cumplimos, tales abusos posiblemente no se hubieran dado.

Sin embargo, nunca es tarde. Los ciudadanos debemos exigir que durante la actual y en futuras campañas electorales, asuntos de esta índole sean ventilados con claridad meridiana. Así los gobernantes se verán obligados a la transparencia y a rendir cuentas ante los votantes del poder que les fue delegado por el Soberano. Porque una campaña electoral no es una pública subasta de imágenes de candidatos, ni una dispendiosa promoción publicitaria de promesas demagógicas, sino un espacio para debatir los grandes problemas que han sido la causa de que en nuestro país hayan aumentado la pobreza, el desempleo, la desigualdad social, la delincuencia y el crimen.