Debilitamiento en la lucha contra el Narcotráfico

Tania Molina

Consultora

Criminología e Investigadora Criminal

Con gran asombro escuché la noticia sobre la entrada en vigor de la ley de “Manejo eficiente de la liquidez del sector público” (10.495), normativa que modificó el artículo 85 de la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes y psicotrópicos reformada integralmente por la 8204).

Se trata nada más y nada menos que de los dineros decomisados a las redes ilícitas, típicamente transnacionales, en el mercado criminal del tráfico de drogas. Que, por su naturaleza, eran enviados al Instituto Costarricense sobre Drogas ICD y que a su vez se invertían, gracias a la generación de intereses, en programas de prevención del consumo de drogas y en el combate del crimen organizado que desempeñan las policías.

La asignación de estos recursos, fuera del instituto especializado (ICD), será poco expedito. Al trasladarlos a una cuenta única administrada por el Ministerio de Hacienda, sin embargo, el viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina, declaró que se ¨alinea al país con las mejores prácticas en gestión de la liquidez”.

Lo más grave de esta reforma ( entre otras cosas) , es la perspectiva casi única y “económica” que dieron desde la asamblea legislativa ,al aprobar el cambio, sin considerar el criterio experto, no solo del Instituto Costarricense sobre Drogas, per se, sino, de los órganos especializados como la fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial. Quizá tampoco fue conocido por la Procuraduría General de la República, lo cual , puede ser para todos una obviedad. Y entonces , uno se pregunta:

¿Y el rol del Ministerio de Justicia y Paz, en las recomendaciones? , puesto que dan trámite a temas sensibles de cumplimiento según OCDE y que también promovieron reformas sobre el uso de recursos por los delitos de corrupción y cohecho, precisamente para poder cumplir con estos requerimientos que ahora pasan a cuentas de Hacienda.

Esta nueva “propuesta” no solo contraviene lo que el espíritu del legislador en su momento tuvo claro, de apartar el uso de estos dineros de controles burocráticos. Así constaba en el artículo 155 de la ley 8204. Si no, que desconoce todos los elementos que se han venido mostrando a nivel del país como buenas prácticas ante los organismos internacionales (GAFI / OCDE), relacionados a la administración y disposición de los fondos comisados y decomisados producto de las acciones de las autoridades que sí son las competentes.

Por otra parte, cuando se analiza la ley, no queda claro, cómo se van a utilizar los recursos y desconoce que el Instituto Costarricense sobre Drogas incauta dinero en estado de “comiso” directo, según el artículo 35, por lo que no hay consideración contenida en el texto, referida a ese tipo de recursos.

¡Muy preocupante para nuestro país, en momentos de gran incertidumbre por el aumento exponencial de la violencia, que sobra decir! la mayoría obedece a las pugnas por el control del tráfico nacional e internacional de las drogas, ahora, existan retrasos en la disponibilidad de recursos, al centralizar los fondos decomisados, sumando burocracia.

Desde hace un buen tiempo, vengo señalando con vehemencia la importancia que reviste en política criminal un instituto como ICD, articulador y especializado, que entiende las necesidades específicas para la lucha contra el narcotráfico. Órgano que deben fortalecer, no debilitar. Y evitar a toda costa, que los recursos puedan ser utilizados con fines más políticos que técnicos.

El manejo de estos fondos debe estar motivado por la capacidad de reinvertir los recursos en sus propias operaciones, para dar continuidad a los programas y proyectos, además, el GAFI y otras organizaciones internacionales como la OCDE establecen estándares claros sobre la gestión de fondos decomisados y la necesidad de que estos recursos se utilicen de manera eficiente en la lucha contra el crimen organizado. No cumplir con estos estándares podría resultar en sanciones o en una percepción negativa sobre Costa Rica en el ámbito internacional, además, por supuesto, de abrir brechas para las redes ilícitas, que celebran sin duda, cuando la institucionalidad se fragmenta.

Es crucial promover reformas a leyes o bien leyes, que faciliten eficacia, transparencia y control, que incluso, no es cuestión de descubrir nada, existen recomendaciones internacionales y mejores prácticas que pueden ser imitadas, de lo contrario, este tipo de legislación tiene que llevarnos a preguntarnos: ¿A quiénes les conviene, quienes son los grandes ganadores? ¿Para quienes se legisla?

Estamos a tiempo, de revertir este entuerto.