Débil evaluación estatal
Carolina Acuña cacuna@larepublica.net | Lunes 10 septiembre, 2012
• Inversión del dinero público a menudo se hace a ciegas
Débil evaluación estatal
• Propuestas para reforzar controles aún no se implementan
Dado el déficit actual en las finanzas estatales, resulta urgente el manejo adecuado de los recursos públicos. Solo este año, el presupuesto gubernamental es de $12 mil millones, del cual un 14% tiene que ser financiado por préstamos.
Existe una iniciativa dentro del Gobierno que pretende desarrollar un mecanismo para evaluar sus metas, sin embargo persiste la duda sobre su conveniencia.
Una solución sería la creación de un ente público-privado que elabore y maneje un sistema para medir la eficiencia del Gobierno, pero tampoco esta opción está avanzada.
Actualmente, el Gobierno decide invertir el dinero de los costarricenses en una enorme cantidad de proyectos, no obstante tiende a haber poco análisis que compruebe la necesidad de varios gastos o de que un programa sea bien ejecutado.
Por ejemplo, en el proyecto Avancemos, lanzado en 2006 con el propósito de ayudar mediante becas a las familias pobres para evitar la deserción, no se precisó si la cantidad de pobres realmente aumentaba, o si entregar más dinero lograba que los jóvenes continuaran en las aulas.
Además, no quedó claro si eran adecuadas las pruebas de ingresos de varias familias, o si mucha de la gente que recibe parte de esos fondos los necesita.
Otros ejemplos de la falta de evaluación adecuada son los subsidios a agricultores, y los alquileres de oficinas para el Gobierno o entes estatales.
En el caso de los peajes estatales, el Gobierno asegura que son rentables, al restarle al ingreso bruto de esta operación los salarios y otros gastos directos.
Pero, nunca toma en cuenta el costo del combustible, así como del tiempo, de las personas que los usan.
Hay además duplicidad en varias áreas, tal como es el caso del propio Avancemos, dado que el mismo IMAS igual entrega dinero a los pobres, a menudo por las mismas razones.
Para evitar estos problemas, se requeriría un ente rector, que conozca los diferentes proyectos y pueda coordinarlos.
El Ministerio de Planificación debería diseñar la metodología mediante la cual los ministerios e instituciones definan sus metas, y acompañarlos en el proceso. Actualmente esta entidad está trabajando en implementar un proceso de evaluación.
Sin embargo, reconocen que todavía está en el proceso de preparar mecanismos y manuales, para eventualmente hacer investigaciones profundizadas necesarias, explica Ana Victoria Naranjo, jefa del área de evaluación del Ministerio.
Mientras tanto, ha surgido otra iniciativa, que propone la creación de un centro mixto público-privado, que calcularía el balance costo-beneficio de los programas del Gobierno.
Este proyecto surge de una comisión de la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana, para lo cual el sector privado estaría dispuesto a brindar el capital económico, así como el recurso humano necesario, para la implementación del programa
“La idea sería realizar evaluaciones antes, durante y después de los proyectos, en especial en aquellos que sirvan para mejorar la competitividad del país”, aseguró el economista Pablo Villamichel uno de los proponentes de esta idea.
Mientras tanto, sigue igual la forma en la cual el sector público gasta los recursos de los costarricenses.
Bernal Rodríguez
brodriguez@larepublica.net
Débil evaluación estatal
• Propuestas para reforzar controles aún no se implementan
Dado el déficit actual en las finanzas estatales, resulta urgente el manejo adecuado de los recursos públicos. Solo este año, el presupuesto gubernamental es de $12 mil millones, del cual un 14% tiene que ser financiado por préstamos.Existe una iniciativa dentro del Gobierno que pretende desarrollar un mecanismo para evaluar sus metas, sin embargo persiste la duda sobre su conveniencia.
Una solución sería la creación de un ente público-privado que elabore y maneje un sistema para medir la eficiencia del Gobierno, pero tampoco esta opción está avanzada.
Actualmente, el Gobierno decide invertir el dinero de los costarricenses en una enorme cantidad de proyectos, no obstante tiende a haber poco análisis que compruebe la necesidad de varios gastos o de que un programa sea bien ejecutado.
Por ejemplo, en el proyecto Avancemos, lanzado en 2006 con el propósito de ayudar mediante becas a las familias pobres para evitar la deserción, no se precisó si la cantidad de pobres realmente aumentaba, o si entregar más dinero lograba que los jóvenes continuaran en las aulas.
Además, no quedó claro si eran adecuadas las pruebas de ingresos de varias familias, o si mucha de la gente que recibe parte de esos fondos los necesita.
Otros ejemplos de la falta de evaluación adecuada son los subsidios a agricultores, y los alquileres de oficinas para el Gobierno o entes estatales.
En el caso de los peajes estatales, el Gobierno asegura que son rentables, al restarle al ingreso bruto de esta operación los salarios y otros gastos directos.
Pero, nunca toma en cuenta el costo del combustible, así como del tiempo, de las personas que los usan.
Hay además duplicidad en varias áreas, tal como es el caso del propio Avancemos, dado que el mismo IMAS igual entrega dinero a los pobres, a menudo por las mismas razones.
Para evitar estos problemas, se requeriría un ente rector, que conozca los diferentes proyectos y pueda coordinarlos.
El Ministerio de Planificación debería diseñar la metodología mediante la cual los ministerios e instituciones definan sus metas, y acompañarlos en el proceso. Actualmente esta entidad está trabajando en implementar un proceso de evaluación.
Sin embargo, reconocen que todavía está en el proceso de preparar mecanismos y manuales, para eventualmente hacer investigaciones profundizadas necesarias, explica Ana Victoria Naranjo, jefa del área de evaluación del Ministerio.
Mientras tanto, ha surgido otra iniciativa, que propone la creación de un centro mixto público-privado, que calcularía el balance costo-beneficio de los programas del Gobierno.
Este proyecto surge de una comisión de la Cámara de Comercio Costarricense Norteamericana, para lo cual el sector privado estaría dispuesto a brindar el capital económico, así como el recurso humano necesario, para la implementación del programa
“La idea sería realizar evaluaciones antes, durante y después de los proyectos, en especial en aquellos que sirvan para mejorar la competitividad del país”, aseguró el economista Pablo Villamichel uno de los proponentes de esta idea.
Mientras tanto, sigue igual la forma en la cual el sector público gasta los recursos de los costarricenses.
Bernal Rodríguez
brodriguez@larepublica.net