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¿Software libre para el Estado?


Natasha Cambronero
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Alberto Salom
Jefe de fracción del PAC y proponente del proyecto de ley



Hay que aclarar que software libre no es sinónimo de gratuidad. La traducción más feliz es “Software de Código Abierto”. Aunque por lo general es más barato, su costo es la menos importante de las ventajas.
Los gastos del Estado en software propietario son exorbitantes y guardan poca relación con sus necesidades. Además el gasto en renovación de licencias es muy alto.
El esquema de negocios con software propietario promueve una relación de dependencia tecnológica que es difícil cortar pues al ser de código cerrado se dificulta cualquier migración.
El negocio del software propietario obliga casi anualmente a la compra de equipos, lo que también resulta caro para el Estado y dañino para el ambiente por la cantidad de equipo que se desecha.
En el caso del software libre el Estado puede adaptar y mejorar los programas, y si bien la migración y la adaptación pueden ser altas, luego los costos son decrecientes haciéndolo altamente rentable a medio plazo. Además fomenta la producción nacional de software y los encadenamientos productivos.
Es un modelo de negocios más sostenible para más cantidad de productores.



Alexander Mora
Presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic)

No

Se recomienda que los gobiernos sean tecnológicamente neutros. Para ello, deben promover un marco de política y regulación favorable a la competencia, que refleje la realidad nacional y se enfoque en la persona.
No obstante, este proyecto de ley obligará al Gobierno a usar solo software libre en los programas de oficina y a preferirlo siempre en la mayoría de los casos.
Con el proyecto en discusión se introduciría una discriminación y exclusión, desde la ley, a modelos de negocio lícitos que contradicen disposiciones del Código de Comercio y de la Ley de la Contratación Administrativa.
El legislador se equivoca si pretende proteger al Estado del abuso de proveedores monopólicos limitando la competencia, imponiendo sesgos tecnológicos y favoreciendo a unos proveedores por sobre otros, a un modelo de negocio sobre otro.
Este proyecto de ley no solo perjudicará a alguna gran multinacional de software, sino a cientos de pequeñas empresas y profesionales independientes que se ganan la vida lícitamente como proveedores de software y servicios. Lo peor es que no resolverá el problema para el que se quiere legislar, pues el frío no está en las cobijas…
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