Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

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Miércoles 12 Octubre, 2016

En cuanto a las donaciones a los partidos pueden seguirse haciendo, pero a las cuentas que los partidos tendrían en el TSE, o bajo su administración

Pizarrón

De nuevo el problema del financiamiento electoral

El Art. 96 de la Constitución Política establece el 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar los gastos de las campañas electorales, lo que significa un monto, para las elecciones de 2018, superior a los ¢55 mil millones, que obviamente es una cifra muy grande. Desde campañas anteriores se viene hablando de reducir este porcentaje al 0,11% del PIB, que es casi reducirlo a la mitad, siempre un monto muy elevado.
Los partidos políticos están obligados para cada campaña electoral a presentar un presupuesto de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que por aceptado en el TSE no puede modificarse en el monto señalado durante el proceso electoral.
La suma de todos los presupuestos de los partidos que participan en la campaña electoral, como fue la de 2014, y las anteriores, nunca llega al tope del Presupuesto Nacional autorizado para gastos electorales. Ni tampoco llega en tope al 0,11% de lo que se pretende modificar como tope. De manera que la modificación puede ser razonable.
Ese presupuesto de gastos que presentan los partidos políticos es contra gastos que deben comprobarse debidamente ante el TSE, con las respectivas facturas legales en toda forma, y contra controles que el Tribunal establece de esos gastos, de los proveedores y de la certeza con que se llevaron a cabo, así como de los contratos que se realizan con particulares y con los medios de comunicación para los efectos de divulgación propagandística, entre otros aspectos, así como de gastos organizaciones de los partidos durante la campaña, pago de locales, funcionarios, transportes, capacitación y otros rubros que se justifican dentro del marco que regula el TSE de estos dineros públicos.
La Constitución establece que por ley puede rebajarse este presupuesto, este porcentaje del 0,19%, que es lo que se está proponiendo en estos días en la Asamblea Legislativa con el proyecto de ley que tiene el expediente legislativo No. 19559. en este caso la rebaja es para contribuir a buscar fondos para financiar al Ministerio de Seguridad Pública en la emergencia que está atendiendo particularmente en la provincia de Limón, y de asegurarle fondos para su buen desempeño.
El Art. 96 de la Constitución establece que derecho a este presupuesto solo tienen aquellos partidos que saquen más del 4% de los votos en la respectiva elección o elijan un diputado. Lo que les corresponda es, entonces, equivalente a un monto por cada elector que les dé su voto, y contra los gastos debidamente aprobados por el TSE.
Ahora, algunos partidos pretenden que se les reconozca tanto monto como votos obtienen, siempre dentro del marco del 4% de los votos que la Constitución establece. No hay ninguna propuesta legislativa para eliminar este piso del 4%, de manera que todos los partidos se beneficien con el derecho al financiamiento público. Ni el Frente Amplio, un partido de izquierda, está proponiendo esto, que es democratizar más el proceso electoral y asegurar a todos los partidos políticos dinero, por mínimo que sea, para financiar su campaña política a cuenta del financiamiento público.
La preocupación que tienen los partidos políticos, incluido el Frente Amplio, en esta propuesta legislativa es que se quiten los controles de la comprobación de gastos, los que no deben eliminarse para evitar la corrupción y hasta el robo de esos dineros públicos, lo que podría suceder sin no hay necesidad de justificar y comprobar los gastos ante el TSE.
Lo que realmente debe hacerse, es lo que he venido proponiendo desde hace bastante tiempo, que el TSE administre, por cuentas de cada partido sus respectivos gastos, de la siguiente manera. Sobre la base del 0,19% o del 0,11% de financiamiento electoral el Tribunal, si es del caso por ley, puede establecer, que la mitad de ese financiamiento se destina por el porcentaje electoral que tuvieron los partidos en la última campaña nacional que participaron, anterior en este caso a la de 2018, y que vuelven a participar. Así aseguran la realidad de su tamaño en votos. Y la otra mitad se distribuye por porcentajes iguales a todos los partidos que participan en la campaña, en este caso la de 2018, incluidos los de la campaña anterior con los nuevos. Con esto se incrementan un poco los presupuestos de los partidos que vuelven a participar y se asegura un mínimo para los que participan por primera vez.
Establecido este derecho de gasto, contra el presupuesto que cada partido elabora, y contra los contratos de gastos que realizan, debidamente presentados en el TSE, se ordena por parte de los partidos el giro de dineros contra los proveedores de los servicios electorales y se gira lo correspondiente de lo que a cada partido le está asignado en su cuenta electoral. Los partidos así evitan el manejo contable, que lo llevaría el Tribunal y se ahorran todas las preocupaciones del posible mal manejo de esos dineros. Y a todos los proveedores de servicios se les garantizarían sus respectivos pagos.
Como lo quieren hacer los partidos políticos en este momento es fomentar más la corrupción y el mal manejo de dineros, lo que ya se ha comprobado para algunos partidos en el propio TSE.
En cuanto a las donaciones a los partidos pueden seguirse haciendo, pero a las cuentas que los partidos tendrían en el TSE, o bajo su administración, con lo cual también se haría un mejor control del origen de dichas donaciones.
De aprobarse la reforma como está planteada con el aval del TSE es más peligroso para la democracia electoral del país.
En lo que realmente debe avanzarse es en eliminar la restricción de acceso al financiamiento público a los partidos políticos que no saquen el 4% de los votos, y en que sea el TSE el que administre el giro de estos dineros contra lo presupuestado por cada partido. Esto sí es una reforma democrática.