Mejores patrullas para vigilar calles pretende proyecto

De Fuerza Pública a Policía Civil

Oficiales de frontera recibirán mejor preparación

Durante muchos años a los policías del país —los de uniforme azul— se les ha llamado Fuerza Pública, pero un proyecto de ley presentado por el Ministerio de

Seguridad pretende cambiar el nombre del cuerpo de seguridad a Policía Civil.
Esta es una de las propuestas que plantea el proyecto de ley, pero el tema de fondo que podría beneficiar a todos los ciudadanos es la inversión de ¢7 mil millones para reparar patrullas y delegaciones.
Castigar y sancionar más rápido a los policías que abusen de su autoridad, es otra de las propuestas que contempla la iniciativa presentada en junio ante la comisión de seguridad y narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
El objetivo de cambiar el nombre de la unidad policial responde a una nueva organización entre las especialidades de seguridad y establecer mejor las obligaciones de los oficiales que deben velar por la prevención de delitos.
Hace poco más de una década a estos cuerpos de seguridad se les conocía como Guardia Rural y Guardia Civil; sin embargo, en 1994 se aprobó una ley que permitió profesionalizar la labor de los policías en el país que poco a poco generó cambios en la forma de operar.
Actualmente la indumentaria que utilizan los policías y la preparación en la escuela especializada les cuestan a todos los costarricenses ¢3 millones por cada oficial, a esto se unen algunos instrumentos tecnológicos como mapas de criminalidad digital que permitieron reducir delitos en los últimos tres años.
La propuesta también busca castigar y sancionar a los oficiales que incumplan con su labor o que aprovechen su cargo para otras actividades, se pretende crear un tribunal de conducta policial que agilice los procesos disciplinarios.
Con este nuevo mecanismo se abre una inspectoría policial que funcionará como una fiscalía y reunirá las pruebas necesarias para acusar al oficial denunciado.
A la fecha existen 504 causas disciplinarias abiertas contra funcionarios policiales.

Una de las deudas más grandes que tiene el Ministerio de Seguridad es la infraestructura policial; de las 680 delegaciones y casetas que utilizan los oficiales solo 200 le pertenecen, por esta razón se deterioran y se vuelven precarias sin que se les pueda invertir ni un solo colón.
Al menos 100 vehículos de la policía están completamente fuera de servicio y los presupuestos del Ministerio solo contemplan la compra de nuevas unidades, pero no el mantenimiento.
No devolver al Ministerio de Hacienda el dinero que no se utilizó durante el año sería una posible solución al problema de la infraestructura y de las patrullas varadas, el proyecto de ley plantea la creación de un fideicomiso operativo de unos ¢7 mil millones con el remanente que se destinará a estas dos necesidades.
Finalmente se pretende estimular la figura del policía de fronteras, diferenciar sus labores de las que tendría un policía civil, de esta forma se le permitiría desarrollar otras funciones de ayuda social en las comunidades más alejadas.

 

Manuel Avendaño
mavendano@larepublica.net