De falacias a realidades
| Viernes 24 junio, 2011
De falacias a realidades
En el artículo “La Reforma Fiscal 10X1” (La República, 14/02/2011) expuse la necesidad de apostar decididamente por las alianzas público-privadas (APP) como instrumento para acabar con el rezago en infraestructura que arrastra Costa Rica desde hace más de 20 años. Sin embargo, el debate nacional sobre las APP específicamente en concesiones sigue girando en torno a falacias e ideas completamente alejadas de la realidad. Analicemos algunas de ellas.
Concesión es privatización: “La concesión es sinónimo de privatización de los activos del Estado”. FALSO. Es un error el confundir la figura de concesión con los proyectos tipo BOO (Build, Own, Operate). La concesión es un esquema en el cual la empresa privada construye, financia y opera el proyecto a cambio de obtener un retorno sobre el monto de capital aportado. El concesionario obtiene el derecho de captar por un tiempo los ingresos que genere el proyecto, mientras que el Estado se mantiene como el propietario absoluto de los activos.
Gobierno cuenta con recursos: “No es necesario recurrir a la figura de concesión pues el gobierno cuenta con los recursos necesarios”. FALSO. Parece que perdemos de vista la real dimensión de la inversión pendiente. Para ponerlo en perspectiva, mientras el presupuesto anual del Conavi ronda apenas los $250 millones, datos preliminares del Plan Nacional de Transportes 2011-2035 indican que Costa Rica requerirá invertir en los próximos 24 años $58.975 millones (236 veces el presupuesto del Conavi) para modernizar su sistema de transportes.
Empresa debe asumir todo el riesgo: “Al ser un negocio privado, es un abuso establecer cláusulas de ingresos mínimos garantizados”. FALSO. Concesión no es privatización y por lo tanto implica un reparto equilibrado de riesgos entre el sector público y el privado. En el caso específico del riesgo de demanda, el concesionario asume la totalidad de los compromisos financieros de la obra a cambio de que el Estado garantice que el proyecto generará —en su operación normal— al menos un nivel de ingresos que le permita afrontar sus obligaciones crediticias.
Obras de mala calidad: “Concesión implica obras de mala calidad y por tal razón es mejor que las asuma el Estado”. FALSO. Que el Estado construya una obra con sus propios recursos no es garantía de calidad y mucho menos de mantenimiento adecuado; remitámonos a los hechos: Ruta 32, Cambronero, Interamericana Sur, etc. Por otra parte, es también un error aducir que las carreteras que administra el Estado son gratuitas. Su construcción y mantenimiento las pagamos todos —seamos o no usuarios— a través de mayores impuestos o por medio de la reasignación de recursos que pudiesen haberse direccionado a educación, salud, seguridad o vivienda.
Es apremiante la necesidad de fortalecer y despolitizar el sistema de APP. Sin embargo, mientras naciones vecinas modernizan rápidamente su infraestructura, Costa Rica se empeña en alargar discusiones cargadas de prejuicios pero carentes de soluciones.
Federico Villalobos Carballo
Economista
federico.villalobos@gmail.com
En el artículo “La Reforma Fiscal 10X1” (La República, 14/02/2011) expuse la necesidad de apostar decididamente por las alianzas público-privadas (APP) como instrumento para acabar con el rezago en infraestructura que arrastra Costa Rica desde hace más de 20 años. Sin embargo, el debate nacional sobre las APP específicamente en concesiones sigue girando en torno a falacias e ideas completamente alejadas de la realidad. Analicemos algunas de ellas.
Concesión es privatización: “La concesión es sinónimo de privatización de los activos del Estado”. FALSO. Es un error el confundir la figura de concesión con los proyectos tipo BOO (Build, Own, Operate). La concesión es un esquema en el cual la empresa privada construye, financia y opera el proyecto a cambio de obtener un retorno sobre el monto de capital aportado. El concesionario obtiene el derecho de captar por un tiempo los ingresos que genere el proyecto, mientras que el Estado se mantiene como el propietario absoluto de los activos.
Gobierno cuenta con recursos: “No es necesario recurrir a la figura de concesión pues el gobierno cuenta con los recursos necesarios”. FALSO. Parece que perdemos de vista la real dimensión de la inversión pendiente. Para ponerlo en perspectiva, mientras el presupuesto anual del Conavi ronda apenas los $250 millones, datos preliminares del Plan Nacional de Transportes 2011-2035 indican que Costa Rica requerirá invertir en los próximos 24 años $58.975 millones (236 veces el presupuesto del Conavi) para modernizar su sistema de transportes.
Empresa debe asumir todo el riesgo: “Al ser un negocio privado, es un abuso establecer cláusulas de ingresos mínimos garantizados”. FALSO. Concesión no es privatización y por lo tanto implica un reparto equilibrado de riesgos entre el sector público y el privado. En el caso específico del riesgo de demanda, el concesionario asume la totalidad de los compromisos financieros de la obra a cambio de que el Estado garantice que el proyecto generará —en su operación normal— al menos un nivel de ingresos que le permita afrontar sus obligaciones crediticias.
Obras de mala calidad: “Concesión implica obras de mala calidad y por tal razón es mejor que las asuma el Estado”. FALSO. Que el Estado construya una obra con sus propios recursos no es garantía de calidad y mucho menos de mantenimiento adecuado; remitámonos a los hechos: Ruta 32, Cambronero, Interamericana Sur, etc. Por otra parte, es también un error aducir que las carreteras que administra el Estado son gratuitas. Su construcción y mantenimiento las pagamos todos —seamos o no usuarios— a través de mayores impuestos o por medio de la reasignación de recursos que pudiesen haberse direccionado a educación, salud, seguridad o vivienda.
Es apremiante la necesidad de fortalecer y despolitizar el sistema de APP. Sin embargo, mientras naciones vecinas modernizan rápidamente su infraestructura, Costa Rica se empeña en alargar discusiones cargadas de prejuicios pero carentes de soluciones.
Federico Villalobos Carballo
Economista
federico.villalobos@gmail.com