Vilma Ibarra

Vilma Ibarra

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Miércoles 13 Febrero, 2013

Tenemos derecho a cambiar las reglas de juego que afectan la estabilidad de la seguridad social en particular y de las finanzas públicas en general


Hablando Claro

De ética y legalidad

El salario promedio de un policía ronda los 240 mil mensuales. Para este semestre, se les fijó un incremento de 15 mil. El detalle es que gracias a la famosa ley de incentivos médicos, los 15 mil pesos para los policías se convierten automáticamente en 60 mil para los galenos.
Un regalo de 720 mil colones al año. Esto sin embargo, es nada más que un pellizco respecto de otros pluses que obtuvieron y consolidaron los profesionales en ciencias de la salud en las últimas tres décadas.
La huelga médica más larga del país, la del 82, sentó las bases para la aplicación de los incentivos que nos vienen asfixiando y que se desbordan ahora en momentos en que la institución señera de la democracia costarricense soporta los embates de una crisis financiera y de gestión nunca antes vivida.
El cálculo de los incentivos médicos debe corregirse, como pretende la ley de interpretación auténtica, simplemente porque es una cuestión de ética y también un derecho legal que asiste a la sociedad en su conjunto.
Hasta ahora los médicos han argumentado sus razones de legalidad para aferrarse a un statu quo que, de mantenerse, haría que la Caja tuviera que destinar 174 mil millones de colones (el 10% de su presupuesto) solo para cumplir las indemnizaciones de la casta médica nacional.
Eso sin contar los 3.700 millones que ya pagó por las 350 primeras demandas perdidas. Leche derramada sobre la que ya no vale llorar…
Los profesionales en ciencias médicas lograron esos privilegios por medio de una ley que fue el producto de una estrategia huelguística que les permitió hincar al gobierno de Luis Alberto Monge cuando apenas empezaba a dar sus primeros pasos. Reprobable. Antiético.
En todo caso, esa ley respondió a una coyuntura muy distinta a la actual. Igual que sucede con muchos otros esquemas salariales del sector público que deben ser revisados.
Y este es un Estado de derecho. Es cierto, los médicos lograron consolidar jugosos privilegios vía legal. Pero la hacienda pública no da hoy para estos excesos.
Tenemos derecho a cambiar las reglas de juego que afectan la estabilidad de la seguridad social en particular y de las finanzas públicas en general. Es lo que están haciendo el Poder Ejecutivo y la Asamblea legislativa. Y ojalá también lo permitan los Tribunales de Justicia.
Como dijo el Dr Guido Miranda, quien en su momento tuvo que firmar la finalización de aquella odiosa huelga, los médicos deberían cuidarse de mantener bien a la Caja que es su principal fuente de trabajo. Y deberían también recordar el significado de la seguridad social costarricense.
Una afirmación, por decir lo menos, bastante ingenua de considerar en las actuales circunstancias en las que sus dirigentes gremiales nos siguen amenazando.
Por supuesto que no las tienen de su lado como para ir a huelga. Ellos saben perfectamente el tamaño del repudio social que generan. Yo por mi parte, marcharé con los policías para pedir que por lo menos se “desenganche” el pellizco que logran los médicos con los pequeños aumentos de los uniformados.

Vilma Ibarra