En las afueras de la Pulpería Ebenezer, a un costado de La Reforma, se dibujan caras de miseria y pena. Quienes transitan la zona saben que a tan solo unos metros, casi 3 mil hombres se cocinan a 30 grados en una de las pocilgas más insalubres del país.
Día a día desfilan personas en la puerta de visitas conyugales con bolsas de comida, cigarros, ropa y provisiones para sus familiares.
Puertas adentro, impera la ley del más fuerte. Bajar la cabeza es todo un estilo de vida en los ámbitos más peligrosos de este centro penitenciario, donde conviven sentenciados por robo agravado, homicidio, abuso sexual, narcotráfico, así como de otros delitos no violentos.
La Reforma amontona a 28 privados de libertad en un dormitorio con 14 camarotes pegados uno con otro, tras una visita al ámbito C de este centro.
Con escasa ventilación y baños en condiciones infrahumanas, el encerramiento en un país de clima tropical atenta contra cualquier convenio de derechos humanos al que Costa Rica juró obediencia. Y los llamados de atención están a la orden del día.
La situación es crítica, ahora que se ordenó el traslado de 200 reclusos a otros centros penitenciarios, que también tienen superávit de población, además de la orden de transformar el ámbito F de vieja Máxima Seguridad, conocido como “Las Tumbas”, en un espacio de oportunidades, según describió Cecilia Sánchez, ministra de Justicia.
Desde su concepción política hasta su arquitectura, el modelo carcelario ha fracasado en el país y obliga a sus ejecutores a pensar en nuevas estrategias.

Un hombre de apellido Acuña se queja de las condiciones en que vive en el ámbito A, pabellón C de La Reforma. Cucarachas, heces y otros residuos se acumulan en las alcantarillas, relata. Gerson Vargas/La República

Nuevas cárceles
Es aquí donde entran las unidades productivas, es decir, centros penitenciarios diseñados para fomentar los espacios conjuntos de trabajo y estudio, con el objetivo de que los privados de libertad pasen el menor tiempo encerrados y desarrollen habilidades para insertarse en el mercado laboral, una vez concluida la pena.
Actualmente, tres centros penitenciarios de este tipo se construyen en el país: Pococí, Pérez Zeledón y San Rafael de Alajuela, contiguo a La Reforma. Este último es el de mayor avance.
La unidad productiva de San Rafael, en un espacio de casi 10 mil metros cuadrados, albergará a 704 privados de libertad, distribuidos en 11 módulos para 64 personas cada uno.
Cada módulo tendrá ocho cuartos y un baño con loza antivandálica por dormitorio.
Los reclusos solo llegarían a dormir a estos espacios, mientras que en el resto del día estarán estudiando o trabajando.
Serán las personas de ámbitos de contención mínima quienes tendrán la posibilidad de mudarse al nuevo centro.
“Hay que ver qué hace uno para entrar ahí”, dijo Edwin Mora, quien lleva 19 años en La Reforma y trabaja cortando tela en uno de los talleres textiles del centro.
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Su edificación lleva cuatro meses y estaría finalizada para marzo de 2017, de acuerdo con Van der Laat & Jiménez, constructora a cargo.
Este centro tiene un costo de ¢12,2 mil millones, que salen de un préstamo del BID, y ya lleva un avance del 30%.

Esta sería la Unidad Productiva de Pérez Zeledón, con espacio para 256 privados de libertad. La actual cárcel de la zona tiene espacio para 814 personas, pero ahí conviven 1.021 reos.

Por su parte, la unidad productiva de Pérez Zeledón estará lista también en marzo del próximo año.
Esta unidad tendrá condiciones similares, con clínica, comedor, cocina, aulas para procesos educativos, talleres laborales, dormitorios para la Policía Penitenciaria y los privados de libertad, así como oficinas administrativas, espacios para visita íntima y un gimnasio.
En un espacio de 5.500 metros cuadrados reunirá a 256 privados de libertad, requiriendo una inversión de ¢9,6 mil millones.
En el caso de la unidad de Pococí, tiene capacidad para 640 personas y un costo de ¢13,7 mil millones.
Estas dos últimas unidades están a cargo de la constructora Volio & Trejos.