Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 10 Enero, 2008

De cal y de arena

Alvaro Madrigal

El lamentable incidente en que pierde la vida una niñita indígena cuyos padres ingresaron desde Panamá para faenar en la cosecha de café, tiene una trascendencia que va más allá de la superficialidad con que la prensa suele abordar conductas sociales, usando el rasero simplificador y estereotipado propio de eso que denominan “sucesos”.
Al informar del incidente habido en San Ramón y siendo un hecho grave, por desgracia muy extendido y tolerado por la disfunción del Ministerio de Trabajo, debió profundizar y avanzar hacia los empresarios que contratan mano de obra bajo condiciones de un régimen de explotación infrahumana que agreden insolentemente principios elementales del trato a seres humanos.
Lo hacen atenidos a la ausencia, incompetencia o tolerancia de la autoridad.

En esa ausencia de la autoridad medra la muy generalizada propensión del costarricense a desafiar la ley. Se juega el albur ante la virtual inexistencia de la Inspección Laboral y por ahí no paga el salario mínimo ni asegura al trabajador ni reconoce vacaciones ni paga el aguinaldo completo.
Ausente la autoridad en las carreteras el desafío se mancha con sangre, la imprudencia se atiza con guaro y la hiperactividad con los estupefacientes. La supervisión se limita a contados sitios en contadas carreteras. ¿Para qué penas más gravosas si la autoridad brilla por su ausencia o por su indiferencia? Dictada la ley, inventada la trampa. El tico siente fruición por este oficio, máxime si se trata de escamotear las obligaciones fiscales.
Los recursos se disfrazan de incentivos o de escudos fiscales. Aun así, evade o defrauda atenido a que la inspección tributaria no va a llegar adonde tiene que llegar. De ahí resulta que el 64% de los profesionales liberales que presentaron declaraciones de renta (¿cuántos no la presentarían?), no reportó monto alguno a pagar y que el trabajador asalariado pagó un promedio de ¢207 mil por el tributo, en contraste con la media de ¢25 mil pagados por los profesionales liberales en 2006, según reveló la Contraloría General de la República.
Lo peor es la garantía de la impunidad para los delitos menores. El tico aboga por la preservación de la naturaleza al tiempo que birla la normativa proteccionista, no más descubre la ausencia, impotencia o indolencia de la autoridad. En días pasados unos empresarios del sector agrícola exportador reprochaban en una entrevista radial la inexistencia de políticas estatales de fomento a la producción. También repudiaban la reglamentación referente a la protección del ambiente. Otros pregonaban su fe en la supresión de fronteras y aduanas aunque rato después justificaran la aplicación de medidas no arancelarias para anticipar daño patrimonial derivado de la competencia.

Sí, al tico le gusta la ley del embudo (a Alterra también), siempre y cuando no se le discipline ante el orden jurídico. Lo más jodido de esta ley queda para aquellos que, como los indígenas panameños o los braceros nicaragüenses, no tienen acceso ni a la parte ancha ni a la parte angosta del embudo, por lo que ni el derecho al berreo les cabe.