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EDITORIAL


Cultura de muerte

Redacción La República redaccion@larepublica.net | Viernes 15 febrero, 2008


Editorial


La pena de muerte fue reactivada en Guatemala, después de haber estado suspendida durante seis años. El Parlamento de ese país aprobó anteayer una ley que restituye al presidente de esa nación la potestad de conceder o no el “recurso de gracia” a los reos condenados a la pena capital.

A propósito de esta noticia, publicada por LA REPUBLICA el miércoles anterior, y siendo Costa Rica un país históricamente defensor de la inviolabilidad de la vida, es oportuno reflexionar sobre las circunstancias que han llevado al hermano país centroamericano a retomar esta sanción extrema para algunos de sus delincuentes.

La diputada del Partido Patriota Roxanna Baldetti declaró a la prensa que los altos niveles de violencia que padece la sociedad guatemalteca justifican la aplicación de la pena capital. Aparentemente, la situación ha llegado a tales extremos que las autoridades consideran adecuada la aplicación de la pena de muerte.

Una clara alerta para que países como el nuestro se apresuren a tomar las medidas que sean necesarias para prevenir que la violencia social llegue a una situación semejante.

Costa Rica es uno de los tres países que, junto a San Marino y Venezuela, abolieron la pena de muerte desde el siglo XIX, y después fueron tomando la misma decisión muchos países más en el mundo.

Sin embargo, en el país han crecido de forma alarmante la delincuencia y la violencia con que esta se practica, y el camino más coherente con nuestra idiosincrasia es tomar efectivas medidas de prevención mediante un plan nacional que atienda los diversos aspectos que inciden en el aumento de la criminalidad como la pobreza, la desigualdad, la desintegración familiar y la pérdida de los mejores valores que nos han caracterizado.

Por otra parte es indispensable la acción pronta y efectiva de las autoridades policiales y judiciales para reprimir a quienes ya han tomado el camino de la delincuencia como forma de vida. Es necesario sacarlos de la sociedad y encontrar las formas para que su reclusión en centros penales sea a la vez una experiencia de retorno a hábitos de trabajo y abandono de cualquier tipo de violencia y uso de drogas.







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