Cuesta arriba Plan "B" de Laura
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 16 julio, 2012
Desprenderse del 25% de utilidades es imposible para empresas estatales
Cuesta arriba Plan “B” de Laura
Pide oposición archivar proyecto que busca recursos para tapar déficit fiscal
La falta de apoyo en el Congreso podría dar al traste con el Plan “B” que propone Laura Chinchilla, presidenta de la República, para sanear las arcas del Estado.
Apenas un mes atrás, la propuesta de manejo eficiente de las finanzas públicas empezó a discutirse pero ya tiene un ambiente favorable.
La iniciativa pretende que las empresas estatales, incluidas las autónomas como el ICE y el INS, trasladen el 25% de sus utilidades al Ministerio de Hacienda.
El objetivo es tratar de contener el déficit fiscal, que el año pasado superó el 4% de la producción.
Sin embargo, el costo de esa medida sería muy alto, para diputados de oposición y hasta por algunos del oficialismo.
Esto, porque esa medida apenas serviría para recaudar unos ¢68 mil millones, mientras que el déficit asciende a unos ¢850 mil millones.
Por ejemplo, en caso de aprobarse el proyecto, este afectaría a más de 300 organizaciones de bienestar social, asilos de ancianos, guarderías infantiles y grupos de discapacitados.
Esto porque la Junta de Protección Social tendría que desprenderse de unos ¢7 mil millones para hacer frente a esa obligación.
Un caso de complejidad similar se daría en el INS, pues un pago de esa magnitud “nos sacaría del mercado”, expresa Guillermo Constenla, presidente del INS.
“Pagamos el 30% de Impuesto sobre la Renta, por lo que ya cumplimos. Un impuesto adicional nos saca del mercado”, agregó.
En el caso del ICE esto significaría un fuerte golpe, sobre todo en momentos en que el déficit de esa institución alcanzó los ¢22 mil millones el año anterior.
En días pasados, la banca estatal se unió a las voces de protesta, señalando que el proyecto traería como consecuencia irremediable una disminución importante en la colocación de créditos.
Pero no solo las instituciones públicas se verían afectadas, sino también su bolsillo.
El costo de trasladar ese 25% de las utilidades al Ministerio de Hacienda, sería pagado al final de cuentas por los consumidores.
Las tarifas de los servicios públicos que regula la Aresep, como el agua, la electricidad y el combustible, contemplarían esos dineros, por lo que se convertiría en una especie de “impuesto fantasma”.
“El impacto que tendría esta propuesta en la reducción del déficit es mínimo, mientras que su impacto en las instituciones muy alto. Yo me inclinaría más bien por desechar el proyecto”, expresó María Jeannette Ruiz, legisladora de Acción Ciudadana.
Tras el fracaso del paquete tributario a inicios de este año, Chinchilla tomó la decisión de impulsar una serie de iniciativas como plan sustituto para enfrentar el déficit, entre las que se encuentra este proyecto.
El rechazo de la iniciativa ha sido tan grande, que los congresistas de Liberación Nacional (PLN) creen necesario modificarlo como mínimo, para exonerar a unas instituciones.
“Nos hemos dado cuenta poco a poco, de que hay instituciones que no pueden dar dinero y que hacerlo, les generaría un fuerte golpe. En ese sentido, podemos plantear mociones para excluirlas”, indicó Alicia Fournier, diputada del PLN.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Cuesta arriba Plan “B” de Laura
Pide oposición archivar proyecto que busca recursos para tapar déficit fiscal
Apenas un mes atrás, la propuesta de manejo eficiente de las finanzas públicas empezó a discutirse pero ya tiene un ambiente favorable.
La iniciativa pretende que las empresas estatales, incluidas las autónomas como el ICE y el INS, trasladen el 25% de sus utilidades al Ministerio de Hacienda.
El objetivo es tratar de contener el déficit fiscal, que el año pasado superó el 4% de la producción.
Sin embargo, el costo de esa medida sería muy alto, para diputados de oposición y hasta por algunos del oficialismo.
Esto, porque esa medida apenas serviría para recaudar unos ¢68 mil millones, mientras que el déficit asciende a unos ¢850 mil millones.
Por ejemplo, en caso de aprobarse el proyecto, este afectaría a más de 300 organizaciones de bienestar social, asilos de ancianos, guarderías infantiles y grupos de discapacitados.
Esto porque la Junta de Protección Social tendría que desprenderse de unos ¢7 mil millones para hacer frente a esa obligación.
Un caso de complejidad similar se daría en el INS, pues un pago de esa magnitud “nos sacaría del mercado”, expresa Guillermo Constenla, presidente del INS.
“Pagamos el 30% de Impuesto sobre la Renta, por lo que ya cumplimos. Un impuesto adicional nos saca del mercado”, agregó.
En el caso del ICE esto significaría un fuerte golpe, sobre todo en momentos en que el déficit de esa institución alcanzó los ¢22 mil millones el año anterior.
En días pasados, la banca estatal se unió a las voces de protesta, señalando que el proyecto traería como consecuencia irremediable una disminución importante en la colocación de créditos.
Pero no solo las instituciones públicas se verían afectadas, sino también su bolsillo.
El costo de trasladar ese 25% de las utilidades al Ministerio de Hacienda, sería pagado al final de cuentas por los consumidores.
Las tarifas de los servicios públicos que regula la Aresep, como el agua, la electricidad y el combustible, contemplarían esos dineros, por lo que se convertiría en una especie de “impuesto fantasma”.
“El impacto que tendría esta propuesta en la reducción del déficit es mínimo, mientras que su impacto en las instituciones muy alto. Yo me inclinaría más bien por desechar el proyecto”, expresó María Jeannette Ruiz, legisladora de Acción Ciudadana.
Tras el fracaso del paquete tributario a inicios de este año, Chinchilla tomó la decisión de impulsar una serie de iniciativas como plan sustituto para enfrentar el déficit, entre las que se encuentra este proyecto.
El rechazo de la iniciativa ha sido tan grande, que los congresistas de Liberación Nacional (PLN) creen necesario modificarlo como mínimo, para exonerar a unas instituciones.
“Nos hemos dado cuenta poco a poco, de que hay instituciones que no pueden dar dinero y que hacerlo, les generaría un fuerte golpe. En ese sentido, podemos plantear mociones para excluirlas”, indicó Alicia Fournier, diputada del PLN.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net