Cuando la ley se equivoca

Cuando la Contraloría General de la República anuló la compra de un sistema de señalización para los puntos donde el ferrocarril pasa por calles en pleno uso, se equivocó, por lo menos moralmente. Le faltó un papel al oferente y, sin duda, siguieron la ley “al pie de la letra”. Pero ahora el Incofer ha anunciado que tomará un año para replantear la licitación y pasar por todo el proceso; no será hasta 2017 que los habitantes recibirán la protección que necesitan.
Durante este año se contabilizarán incontables choques entre vehículos y el tren, con pérdidas de miles de millones; habrá muertes y lisiados, y muchas horas pasarán los motoristas atrapados en presas provocadas por los accidentes.
A la empresa que ganó la licitación le faltó presentar el papel que certifica que está inscrita como patrono en la Caja. ¿No hubiera sido más apropiado en este caso pedirle que trajera el papel antes de firmar el contrato?
¿Qué es más importante? ¿Unas cuantas vidas humanas o la inviolabilidad de los procedimientos de la Contraloría?
Este es un ejemplo, pero es probable que todos los días en distintas instituciones se apliquen procedimientos que fueron bien diseñados pero que causan mermas en la calidad de vida de los habitantes.
Actualmente el precio del combustible debería ser sustancialmente menor. La misma Recope ha solicitado a la Aresep una rebaja en los precios; esta última institución ha anunciado que por sus “procedimientos” no será hasta marzo que pueda autorizar un cambio. Sin duda tienen esos procedimientos, pero todos los días millones de costarricenses están pagando más de la cuenta por sus necesidades porque esta institución no puede variarlos. Los derivados de petróleo son productos que, dependiendo de su precio, afectan al mercado de comida, leche, transporte, y virtualmente todos los productos importados. Si hay que transportar un artículo de un lugar a otro se tiene que usar combustible.
Winston Churchill dijo “si se tienen 10 mil reglamentos se destruye todo el respeto a la ley.” ¿No será que el país comienza a caer en la trampa de estar tan “reglamentado” que cada ciudadano decide por sí mismo cuál respetará y cuál no? O peor, una institución como la Contraloría sigue los reglamentos a tal nivel que perjudica la vida humana con una decisión como la del Incofer.
Ahora es tal el proceso para obtener un permiso para una construcción nueva que es mejor planificar un año desde el momento en que se tienen planos hasta que puede el dueño comenzar a edificar paredes. Para registrar y abrir un negocio nuevo en el país son nueve los procesos que hay que seguir en varias instituciones, cada uno que toma sus 20 a 25 días hábiles. ¿Necesita el país más construcción y más fuentes de empleo?
¿No hay nadie que pueda rectificar esto o están todos impotentes frente a esta rigidez excesiva reglamentaria?
¡Para 2018 hay que elegir al que prometa meter machete al exceso de controles!

Carlos Denton
cdenton@cidgallup.com

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