Crucitas: ¿apelará o demandará al Estado?
Natasha Cambronero redaccion@larepublica.net | Martes 04 enero, 2011
Industrias Infinito tiene tiempo hasta el 18 de enero para definir si impugna sentencia o solicita arbitraje
Crucitas: ¿apelará o demandará al Estado?
Empresa canadiense impondría denuncia penal contra los jueces del Tribunal de Contencioso Administrativo por cometer presuntamente el delito de injurias y calumnias
El libro que comenzó a escribirse hace más de diez años en torno a la mina Crucitas, parecía que iba a tener como desenlace la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anuló la concesión minera.
Sin embargo, los escritores de esta historia no quieren dejarla morir y por ello ya están preparando el nuevo libreto.
La duda es cuál será el nuevo escenario, pues se valoran dos opciones: la Sala
Primera, donde Industrias Infinito dueña de la mina apelaría la sentencia o bien en el marco de un arbitraje internacional donde la compañía demandaría al Estado y exigiría una indemnización de más de $1.300 millones.
Para que se dé la primera opción, la firma canadiense tiene tiempo hasta el 18 de enero próximo, día en que se vence el plazo para apelar la sentencia de los jueces del pasado 24 de noviembre.
De momento, los abogados de Crucitas analizan con lupa todos los detalles para ver cómo se traen abajo la decisión del Tribunal.
Acudir al segundo escenario solo se puede tras excluir la primera opción, ya que pedir un arbitraje significa decirle adiós al proyecto minero e iniciar los trámites para exigir una indemnización al Estado.
El arbitraje podría llevarse a cabo con base en el tratado bilateral de protección a las inversiones costarricenses-canadienses o bien a través del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones.
En esa instancia, Industrias Infinito solicitaría solo por los 1,2 millones de onzas de oro que no pueda extraer en Cutris de San Carlos, unos $1.660 millones, más $143 millones por la inversión realizada hasta la fecha, es decir al menos $1.803 millones.
A dicha suma posteriormente se deberá sumar el valor de la propiedad de 1.487 hectáreas que se abandonará y un monto por daños morales, el monto de ambos rubros aún no ha sido valorado.
Ante la posibilidad de que el país deba indemnizar a Crucitas con esa suma, la presidenta Laura Chinchilla, aseguró que la Procuraduría está estudiando la sentencia y desconoce si el Estado apelará el fallo; sin embargo, de no ser así, intentará que el monto a pagar sea el menor posible.
“Cuando un juez resuelve, la sentencia hay que acatarla. Vamos a ver qué pasa, tengo entendido que como fue un Tribunal el que se trajo abajo la concesión y no directamente el Estado, no tendríamos que pagar. Pero si tenemos que ir a un arbitraje, iremos”, dijo Chinchilla.
Mientras se resuelve cuál es la instancia a donde acudirá Industrias Infinito, lo que es casi un hecho, es que Crucitas demande penalmente los jueces que integraron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el presunto delito de injurias y calumnias.
El pasado 24 de noviembre el Contencioso Administrativo le anuló la concesión al proyecto minero al encontrar irregularidad en su obtención, así como en la forma que recibió algunos permisos.
Ante los constantes obstáculos para que este proyecto minero se lleve a cabo, los despidos de la empresa en el país han venido en aumento, desde el fallo de la Sala Constitucional de octubre de 2008 a la fecha progresivamente se han cesado 180 empleados, es decir el 75% de la planilla. Hoy día solo cuenta con 43 personas.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net
Crucitas: ¿apelará o demandará al Estado?
Empresa canadiense impondría denuncia penal contra los jueces del Tribunal de Contencioso Administrativo por cometer presuntamente el delito de injurias y calumnias
Sin embargo, los escritores de esta historia no quieren dejarla morir y por ello ya están preparando el nuevo libreto.
La duda es cuál será el nuevo escenario, pues se valoran dos opciones: la Sala
Primera, donde Industrias Infinito dueña de la mina apelaría la sentencia o bien en el marco de un arbitraje internacional donde la compañía demandaría al Estado y exigiría una indemnización de más de $1.300 millones.Para que se dé la primera opción, la firma canadiense tiene tiempo hasta el 18 de enero próximo, día en que se vence el plazo para apelar la sentencia de los jueces del pasado 24 de noviembre.
De momento, los abogados de Crucitas analizan con lupa todos los detalles para ver cómo se traen abajo la decisión del Tribunal.
Acudir al segundo escenario solo se puede tras excluir la primera opción, ya que pedir un arbitraje significa decirle adiós al proyecto minero e iniciar los trámites para exigir una indemnización al Estado.
El arbitraje podría llevarse a cabo con base en el tratado bilateral de protección a las inversiones costarricenses-canadienses o bien a través del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones.
En esa instancia, Industrias Infinito solicitaría solo por los 1,2 millones de onzas de oro que no pueda extraer en Cutris de San Carlos, unos $1.660 millones, más $143 millones por la inversión realizada hasta la fecha, es decir al menos $1.803 millones.
A dicha suma posteriormente se deberá sumar el valor de la propiedad de 1.487 hectáreas que se abandonará y un monto por daños morales, el monto de ambos rubros aún no ha sido valorado.
Ante la posibilidad de que el país deba indemnizar a Crucitas con esa suma, la presidenta Laura Chinchilla, aseguró que la Procuraduría está estudiando la sentencia y desconoce si el Estado apelará el fallo; sin embargo, de no ser así, intentará que el monto a pagar sea el menor posible.
“Cuando un juez resuelve, la sentencia hay que acatarla. Vamos a ver qué pasa, tengo entendido que como fue un Tribunal el que se trajo abajo la concesión y no directamente el Estado, no tendríamos que pagar. Pero si tenemos que ir a un arbitraje, iremos”, dijo Chinchilla.
Mientras se resuelve cuál es la instancia a donde acudirá Industrias Infinito, lo que es casi un hecho, es que Crucitas demande penalmente los jueces que integraron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el presunto delito de injurias y calumnias.
El pasado 24 de noviembre el Contencioso Administrativo le anuló la concesión al proyecto minero al encontrar irregularidad en su obtención, así como en la forma que recibió algunos permisos.
Ante los constantes obstáculos para que este proyecto minero se lleve a cabo, los despidos de la empresa en el país han venido en aumento, desde el fallo de la Sala Constitucional de octubre de 2008 a la fecha progresivamente se han cesado 180 empleados, es decir el 75% de la planilla. Hoy día solo cuenta con 43 personas.
Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net