Crucitas: ¿Qué sigue ahora?

Gabriela de San Román Aguilar

Abogada y consultora ambiental

Como si fuera la peor versión del Viejo Oeste norteamericano, la zona de Crucitas es un problema -ya viejo- pero que urge una solución pronta en varios aspectos: ambiental, legal, económico, político y sobre todo humano.

Hace 12 años una sentencia judicial anuló la concesión de explotación minera a cielo abierto, concedida a la empresa canadiense Infinito Gold; la compañía se fue y esas tierras quedaron a merced de los buscadores de oro.

Para agravar la situación los diputados reformaron el Código de Minería -que tiene 40 años- y aprobaron la Ley Crucitas, No. 8904, que prohibió la minería a cielo abierto, en todo el país.

Comenzó así una etapa oscura para el ambiente en Costa Rica, porque a vista y paciencia de todos los gobiernos anteriores, entraron a Crucitas de dos mil a tres mil coligalleros por día, para saquear el oro de todos los costarricenses.

Estos invasores usaron mercurio y cianuro -dos sustancias muy tóxicas- para extraer el preciado metal, y contaminaron la tierra, el agua, causaron daños ambientales severos y un drama social en esa comunidad.

Ante la inacción y omisión del anterior gobierno, la Sala IV emitió una sentencia en la cual ordenó -en un plazo de tres meses- la redacción de un Plan de Contención para contener la avalancha de oreros ilegales a la zona de Crucitas.

También, los magistrados solicitaron -en 18 meses- un Plan de Remediación, con los estudios técnicos del caso, para limpiar de contaminantes el área y reparar el daño causado.

Debido al silencio de la administración de Carlos Alvarado, la Sala IV dio tres días al Presidente Rodrigo Chaves para responder; y la reacción del Mandatario fue ir -casi de inmediato- a Crucitas y valorar la situación “in situ”.

Tras el viaje, para ver la magnitud del problema; conversar con los ciudadanos y tener elementos de juicio, el Presidente Chaves decidió esperar el fallo del arbitraje planteado por Infinito Gold, en noviembre, y decidir ¿Qué se hará?

En esa fecha solo se resolverá si es justa o no la indemnización que exige Infinito Gold al estado, por la anulación de la concesión; ese fallo no incidirá -en nada- al problema de fondo: la reparación del daño ambiental.

Vale agregar a lo anterior que -desde el 2016- Costa Rica ratificó, mediante la Ley 9391, el Convenio Internacional de Minamata sobre el Mercurio, el cual obliga a eliminar el uso de ese elemento en el país, sin que se haya cumplido.

¿Qué pasará con Crucitas? Previo a que el gobierno decida continuar con la explotación del oro, los diputados deberán autorizar, mediante una ley, la minería a cielo abierto en la zona.

Esa reforma -dado que el Código de Minería vigente data de 1982- deberá de contemplar tres elemento esenciales.

El primero es el fortalecimiento eficaz de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que necesita más personal y equipo para una adecuada supervisión.

Otro factor sería establecer una normativa concerniente a los pasivos ambientales, que en este caso sería cómo iniciaría la limpieza del mercurio y cómo quedaría, al final, de todo el proceso de explotación del oro.

La Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) deberá establecer -de manera clara- los términos de referencia los términos de referencia para la realización del Estudio de Impacto Ambiental.

El último sería la socialización de los beneficios; es decir, la distribución justa de los ingresos generados, tanto para la comunidad como para el país, ya sea el pago de la deuda externa, a la seguridad social o en otras propuestas.

Fomentar el modelo actual de explotación del oro dejó un desastre ambiental por la contaminación, una sangría de divisas por la extracción y venta ilegal del oro, además del deterioro de las condiciones sociales y de vida en la zona.

Hay que legislar con base en los hechos; hasta el momento las soluciones han sido equivocadas y alejadas de la realidad; confiemos en que la actual administración y los diputados decidan, al fin, el mejor futuro para Crucitas y el país.