Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Lila Mansilla habla pausado y su voz se entrecorta.
Mientras pica verdura en su cocina para darle de comer a unas 20 familias de un barrio humilde de Rosario, una de las ciudades más importantes de Santa Fe, en el centro de Argentina, hace una pausa para atender por teléfono a BBC Mundo.
"Acá hay mucha miseria, mucha pobreza", describe. "Y yo hace 20 años que cocino para el barrio, desde la muerte de mi hija", asegura.
"En ese tiempo estaba en un pozo depresivo, no quería salir de mi casa. No iba a ningún lado. Esto me mantuvo distraída, en contacto con la gente", añade.
Lila es la madre de Yanina García, una de las 39 víctimas fatales del estallido social de 2001 en Argentina, según el recuento de organizaciones de derechos humanos.
La joven murió el 19 de diciembre de 2001 luego de recibir una bala a metros de su casa en medio de los disturbios por la mayor crisis económica y social que sufrió el país en democracia y de la que ahora se cumplen 20 años.
"Pichuca", como le decían, tenía 18 años y una bebé de dos, Brenda, que ahora tiene 22 y a su vez es mamá de un niño pequeño.
"Ella murió injustamente en manos de la policía. Nosotros estamos hoy viviendo para pedir justicia por ella", afirma Lila sollozando.
El caso de Yanina García no es el único.
En el contexto de la violenta represión de 2001, además de las personas asesinadas, centenares resultaron heridas y hubo más de 4.500 detenciones en distintas localidades del país.
La investigación reflejó más tarde las dificultades en los procesos para evaluar las responsabilidades de la policía y los políticos.
Además, el lento desempeño de la justicia hizo que se tardara más de diez años el inicio de un juicio y solo sucedió en algunos casos.
En uno de los procesos judiciales el presidente de Argentina durante el estallido, Fernando De la Rúa, declaró que el gobierno no dio órdenes de reprimir a los manifestantes y que "la policía actuó en ejercicio de sus funciones".
Finalmente, muy pocos autores materiales, jefes policiales y funcionarios políticos recibieron condenas por su responsabilidad en los casos.
Muchos familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia 20 años después.
El estallido económico y social de diciembre de 2001 en Argentina surgió tras una acumulación de años de crisis social, económica e institucional.
Sucedió tras una década de gobierno de Carlos Menem (1989-1999) que se caracterizó por la privatización de empresas estatales, la liberación del sistema financiero y un plan de convertibilidad que se traducía en que un peso era igual a un dólar.
Ese modelo generó altos niveles de desempleo, pobreza y una profunda desigualdad entre ricos y pobres.
En 1999 asumió la presidencia De la Rúa tras crear La Alianza, un acuerdo entre la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario (Frepaso).
En medio de un clima enrarecido por las dificultades sociales y económicas que era una olla a presión, el vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez renunció a su cargo en octubre de 2000, profundizando la crisis política en el país.
Los argentinos ya venían movilizándose con cortes de rutas y calles -los famoso piquetes-, protestas en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, la sede gubernamental nacional en la Ciudad de Buenos Aires, y en muchos otros puntos del país.
El deterioro social era evidente. En 2001, unos 20 millones de Argentinos (casi la mitad de la población) era pobre y más de dos millones estaban desocupados. La gente tenía hambre y pedía ayuda.
Sin embargo, el gobierno de Fernando de la Rúa decidió extremar sus políticas económicas con más ajuste, en medio de negociaciones con la banca internacional y sobre todo con el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda y conseguir más préstamos.
En ese contexto, el 19 y 20 de diciembre de 2001 se generó un estallido con una movilización social en todo el país.
Esos días fueron escenario de protestas pacíficas con los famosos cacerolazos, pero también de saqueos y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
El Ejecutivo decidió responder al reclamo declarando una situación de emergencia mediante un decreto de necesidad y urgencia y estableciendo el estado de sitio.
"Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral", dijo De la Rúa al anunciar el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001.
Esa medida dio lugar a que la policía detuviera a personas y reprimiera a los manifestantes.
"Este es el principal problema que tiene ese proceso de represión que habilitó, lamentablemente, el uso de armas de fuego y la consecuencia de que personas perdieran la vida en esas manifestaciones", analiza Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización argentina defensora de los derechos humanos que también representa a varios de los familiares de las víctimas del 2001.
Fueron cinco los muertos en la zona de Plaza de Mayo, pero durante esos dos días fueron 39 los fallecidos en el contexto del estado de sitio en todo el país.
Según explica Morales, la declaración de estado de sitio por parte de De la Rúa fue "ilegítima e inconstitucional".
"El estado de sitio lo declara el Congreso. En un supuesto muy excepcional lo puede llegar a decretar el poder Ejecutivo cuando el Congreso está en receso, que son las vacaciones que generalmente van desde diciembre a marzo", le dice a BBC Mundo.
"Pero casualmente, el Poder Ejecutivo había convocado a sesiones extraordinarias. Entonces el Congreso estaba sesionando bajo esa figura", añade.
"Y segundo, para habilitar un estado de sitio se tiene que dar una situación de emergencia que haga absolutamente imposible la continuación del Estado nación. Esa es otra discusión de fondo importante", analiza.
En medio de una situación desbordada, el presidente De la Rúa renunció el 21 de diciembre de 2001.
Santa Fe, en el centro de Argentina, es una de las provincias donde más muertes ocurrieron en el estallido social de 2001.
Fueron al menos diez las víctimas fatales. Una de ellas era Yanina García.
Varios vecinos se habían concentrado frente a un supermercado del barrio porque les habían prometido comida. Pero llegó la policía y empezó a disparar, denuncian.
"Nosotras estábamos sobre la vía mirando para el supermercado. Y 'Pichuca' me dice: 'Mami, me voy a mi casa que yo la veo fea'. Y le dije: 'Pero no, quédate acá'. Pero se fue a su casa y empezó a mirar desde allá", detalla Lila Mansilla.
Minutos después, Yanina le dijo a su suegra: "Coca, me pegaron algo en el pecho", creyendo que era una bala de goma.
La suegra pensó lo mismo: "Pichuca, no te hagas problema, que es una bala de goma. No pasa nada'".
Pero en ese momento se desvaneció y la llevaron al hospital.
"Los médicos me dijeron que estaba grave, que sólo un milagro la podía salvar", cuenta Lila.
Finalmente Yanina García murió tras un paro cardiorrespiratorio por la herida provocada por la bala de fuego.
"Nos quedamos todos destrozados", dice la madre.
"Nosotros nos quedamos al cuidado de nuestra nieta Brenda. Y es igual que ella, la misma cara, el mismo pelo. Hermosa igual que ella", describe.
Tras una investigación con múltiples irregularidades, el caso de Yanina García terminó cerrado sin ningún responsable por su muerte.
Lila dice que nunca recibió ayuda de nadie. "Mataron a una persona y queda todo en la nada. Te da bronca porque uno no tiene plata para un abogado", sostiene.
Otra víctima, también en Rosario, es Claudio "Pocho" Lepratti. Tenía 35 años y era voluntario en un comedor comunitario en el barrio Ludueña.
Él atravesaba a diario la ciudad en bicicleta. Más tarde, el popular cantautor argentino León Gieco le dedicaría una canción: "El ángel de la bicicleta".
El 19 de diciembre de 2001, Claudio estaba en la terraza de la escuela donde colaboraba cuando pasó la policía disparando, según cuenta su hermana Celeste Lepratti.
Él les gritó a los policías que allí había chicos. Los policías se detuvieron y le dispararon, denuncia. Claudio murió horas después en el hospital.
El caso llegó a juicio. El policía Esteban Velázquez fue condenado a 14 años de prisión, pero al cumplirse una década, recuperó su libertad.
Además, otros cinco policías recibieron condenas en suspenso por alterar pruebas y montar una farsa para favorecer al autor del homicidio, detalla la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una organización defensora de derechos humanos.
"No alcanza con estas condenas. Se tuvo que lidiar con algo muy grande. El propio Estado ponía las trabas. Acá no se investigó la cadena de mando y los responsables políticos nunca declararon", denuncia Celeste Lepratti a BBC Mundo.
"La justicia no llegó a determinar de quién eran las bala,s aunque sabían que eran policiales", agrega.
Gastón Riva tenía 30 años y su esposa, María Arena, lo define como "un luchador, un buscavidas".
Ambos tenían tres hijos y estaban planeando comprar una casa para mudarse a Ramallo, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, de donde él era originario.
Gastón tenía dos trabajos. Por la mañana en una agencia de mensajería en el microcentro porteño y por la noche como repartidor de pizzas. Siempre estaba acompañado de su moto.
El 19 de diciembre de 2001 él había ido a trabajar como todos los días y cuando regresó a la noche ya se escuchaban los cacerolazos de protesta.
"'Tendríamos que salir a hacer un poco de ruido', me dijo. Y la verdad es que estaban los tres chicos durmiendo, así que era imposible en ese momento", le cuenta a BBC Mundo María Arena, que se quedó pegada al televisor mirando los disturbios.
"Me acosté tan tarde que cuando él se fue a la mañana ni siquiera lo escuché", dice.
Al día siguiente Gastón Riva fue a trabajar y se quedó en la marcha en las inmediaciones de Plaza de Mayo.
"En ese momento no se usaban los teléfonos celulares. Pero yo desde el teléfono fijo de mi casa lo llamé al Handy (radiollamada) que tenía del trabajo. Me dijo: 'Esperá que vuelan unas piedras'. Y yo pensé: 'Entonces está en Plaza de Mayo'. Pero era tan caótico que no se escuchaba nada y cortamos. A partir de ahí me quedé al lado de la tele", relata.
Y la televisión le mostró una imagen que no quería ver.
"Cuando lo vi fue de la peor manera, porque lo llevaban a la ambulancia. Pero como la cara no se veía bien, en el fondo tenía la esperanza de que no fuera él", recuerda.
"Le reconocí la ropa, las zapatillas y la riñonera. Generalmente él no la llevaba al trabajo de la mañana. Entonces la empecé a buscar por toda la casa. No la encontré", cuenta.
María empezó a llamar a los hospitales y a las comisarías. En todas partes le decían lo mismo: su marido no está acá. Hasta que el jefe de Gastón, que también lo estaba buscando, la llamó y le dijo que estaba en el Hospital Argerich, en Ciudad de Buenos Aires.
Mientras iba hacia el hospital el panorama era desolador.
"Era una ciudad devastada. Había lo que se te ocurra tirado en el piso: piedras, tachos de basura, papeles, de todo, menos gente. No había gente en la calle", recuerda.
Al llegar, le confirmaron la peor noticia.
"Estaba muy perdida. Tuve que ir a la comisaría y las preguntas de los policías eran lamentables. Lo que menos quería era tener enfrente a un policía", dice.
Más tarde regresó a su casa. Tenía que enfrentar a su hija de 8 años y a los pequeños de 3 y 2 años.
"Mirar a las criaturitas muy pequeñas y decirles que su papá no vuelve más…. La verdad es que fue muy duro", afirma.
María Arena cuenta que lo que vino después fue un peregrinaje para entender qué pasó.
"Yo lo que quería era saber de él. Saber qué había hecho sus últimos minutos, si había sufrido, si se había dado cuenta que se moría", enumera.
María, que es productora periodística desde hace dos décadas, empezó a conectarse con gente para armar la historia de las últimas horas de Gastón.
"Pude saber que él nunca llegó a Plaza de Mayo, que estuvo todo el tiempo tratando de avanzar sobre Avenida de Mayo y que la policía se le venía encima. Supe que le dijo a un chico que se subiera en la moto. A la media cuadra lo mataron", enumera.
Gastón recibió un disparo de una escopeta en el pecho cerca de las 16 horas del 20 de diciembre de 2001 en Avenida de Mayo y Tacuarí.
Sin intención, toda la reconstrucción y los datos que recopiló María sirvieron para la causa judicial. La mayoría de las personas que ella contactó terminaron siendo testigos importantes del juicio.
"Con el tiempo supe que la fiscalía fue bastante ineficiente, que no trabajaron mucho, se perdieron un montón de testigos que hubieran servido muchísimo para la causa", dice.
Tras un largo proceso judicial, en 2020 la Cámara de Casación de Argentina confirmó las condenas por homicidio culposo y lesiones culposas a Rubén Jorge Santos, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) a 3 años y medio y otros 7 años de inhabilitación para ejercer como funcionario y a Enrique Mathov, secretario de Seguridad, a 4 años y 3 meses de prisión, más 8 años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
También se confirmaron otras condenas menores para otros policías de menor rango.
Estas penas fueron por el asesinato de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, que también murieron en las inmediaciones de Plaza de Mayo, y por una veintena de lesiones a otros manifestantes.
Con la condena al exsecretario de seguridad, por primera vez la Justicia consideró que un funcionario político era penalmente responsable de las consecuencias de una represión.
Sin embargo, las defensas de Mathov y Santos pidieron el pasado noviembre que se revisen las sentencias.
"Mathov actuó sin el conocimiento propio del dolo, fue un delito imprudente", dijo Jorge Valerga Aráoz, abogado del exsecretario de Seguridad Enrique Mathov.
"Hace 20 años que está penando por este proceso", afirmó, y "perdió su carrera política".
Mientras que Adolfo Vázquez, abogado de Jorge Santos, el exjefe de la Policía Federal Argentina, sostuvo que el funcionario "actuó convencido de estar actuando a derecho".
Diego Lamagna tenía 27, era de Lomas de Zamora y competía en BMX.
Estaba en su casa el 20 de diciembre cuando vio en el noticiero cómo la policía a caballo atemorizaba a las Madres de Plaza de Mayo que como cada jueves se manifestaban en la plaza por sus hijos desaparecidos en la última dictadura militar de finales de 1970 y principios de 1980.
Le dijo a su madre que tenía que ir a la plaza. Era la primera vez que iba a una manifestación. Nunca regresó.
Su familia y amigos se enteraron de su muerte por la tapa del diario Clarín del viernes 21 de diciembre de 2001.
Este lunes 13 de diciembre de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal reconfirmó las condenas a Mathov y a Santos.
Sin embargo aún pueden presentar el caso ante la Corte Suprema, por lo que los exfuncionarios siguen en libertad.
"Lamentablemente no se pudo comprobar en ninguno de los casos los autores de los asesinatos. Seguimos trabajando juntos porque esto no terminó claramente", dice la viuda de Gastón Riva.
"Es insólito. Son 20 años de impunidad y de haberla peleado para que en este momento nadie haya pagado por las muertes", agrega.
La historia de Yanina García, la de Claudio Lepratti, la de Diego Lamagna y la de Gastón Riva son solo cuatro de las 39 víctimas fatales del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Argentina. Estos son sus nombres y dónde murieron:
BUENOS AIRES: Roberto Gramajo (19 años) - Víctor Ariel Enrique (21 años) - Cristian Eduardo Legembre (20 años) - Damián Vicente Ramírez (14 años) - Ariel Maximiliano Salas (30 años) - Mariela Rosales (28 años) - Julio Hernán Flores (15 años) - José Vega (19 años) - Carlos Manuel Spinelli (25 años) - Pablo Marcelo Guías (23 años) - Diego Ávila (24 años)
CIUDAD DE BUENOS AIRES: Carlos "Petete" Almirón (23 años) - Rubén Aredes (24 años) - Gustavo Ariel Benedetto (30 años) - Diego Lamagna (26 años) - Gastón Marcelo Riva (30 años) - Alberto Márquez (57 años) - Jorge Cárdenas (52 años)
CÓRDOBA: David Ernesto Moreno (13 años) - Sergio Pedernera (16 años) - Sergio Miguel Ferreira (20 años)
CORRIENTES: Juan Alberto Torres (21 años) - Ramón Alberto Arapi (22 años)
ENTRE RIOS: Rosa Eloísa Paniagua (13 años) - Romina Iturain (15 años) - José Daniel Rodríguez (25 años)
RÍO NEGRO: Elvira Avaca (46 años)
SANTA FE: Miguel Pacini (15 años) - Yanina García (18 años) - Ricardo Villalba (16 años) - Rubén Pereyra (20 años) - Ricardo Alvarez Villalba (23 años) - Walter Campos (17 años) - Juan Alberto Delgado (17 años) - Sandra Ríos (45 años) - Claudio "Pocho" Lepratti (35 años) - Graciela Acosta (35 años) - Graciela Machado (35 años)
TUCUMAN: Luis Alberto Fernández (27 años)
Fuente: Correpi, CELS.
De los 39 muertos, 16 eran menores de edad. Dos de ellos apenas tenían 13 años y no estaban participando de ninguna protesta.
"Es tremendo cómo fueron invisibilizadas las historias de las víctimas del interior (del país). El 80% de las víctimas tenía menos de 30 años", le dice a BBC Mundo Ayelén Velázquez, directora del documental 39, sobre las víctimas del 2001 que se estrenó en 2017.
"Cuando hay un pibe de 13 años, una chica de 15, otra de 16, te impacta. Les robaron cualquier posibilidad de vivir, porque los mataron muy chiquitos", añade.
La búsqueda de justicia sigue siendo un camino difícil para los familiares y los organismos de Derechos Humanos que los acompañan.
"Aún a 20 años de los hechos todavía no podemos hablar de una sentencia o una condena firme. Lo cual es sumamente significativo en términos de las formas de rendición de cuentas que tiene el Estado", dice el abogado Diego Morales del CELS.
En una de las investigaciones por lo ocurrido en diciembre de 2001, el expresidente De la Rúa estuvo acusado por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Pero fue sobreseído por la Corte Suprema.
En 2015, en el juicio por la represión policial en el centro de la Ciudad de Buenos Aires entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001, De la Rúa declaró en calidad de testigo.
Allí, aseguró que la Policía Federal Argentina operaba bajo la responsabilidad del entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, y del secretario de Seguridad Enrique Mathov y que "la policía actuó en ejercicio de sus funciones naturales".
Pero negó que hayan existido órdenes del gobierno sobre el operativo desplegado en la Plaza de Mayo, donde existió represión a los manifestantes
También dijo que el estado de sitio se decretó como una advertencia para mostrar solidaridad con las provincias "pero no para implementar en la práctica".
Ese mismo año, el CELS y algunas de las familias de las víctimas presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo está estudiando. Se espera que emita un fallo en un futuro cercano.
"El Estado argentino está denunciado a nivel internacional por estos hechos y la falta de una respuesta judicial efectiva y en un tiempo razonable", resume el abogado Diego Morales.
La denuncia busca que el sistema interamericano aborde los límites de la declaración e implementación del estado de sitio en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y fije estándares sobre el uso de la fuerza en las protestas y manifestaciones.
En medio de este proceso, De la Rúa murió en julio de 2019.
Hace 20 años "se detuvo el tiempo", dice Celeste Lepratti, la hermana de Claudio "Pocho", asesinado en Rosario.
Los únicos homenajes que existen sobre las víctimas del 2001 son los que los mismos familiares llevaron adelante.
En el interior del país como en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, las familias se encargaron de crear plazas y murales para que no los olviden.
En Ciudad de Buenos Aires hay unos pocos pero significativos mosaicos en el suelo en Avenida de Mayo y la zona del Obelisco realizados por un grupo de arte callejero.
Sin embargo, no existe ningún recordatorio oficial de las 39 víctimas fatales. Tampoco hubo un mensaje de los gobiernos de Argentina en los últimos 20 años.
BBC Mundo contactó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para obtener una declaración pero no obtuvo respuesta.
El pasado 1 de diciembre, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió con algunos de los familiares de los fallecidos y se comprometió a enviar al Congreso un proyecto para una ley reparatoria para víctimas y familiares.
Este lunes 20 de diciembre está previsto en Buenos Aires un acto conmemorativo junto a las familias que incluirá la colocación de una placa con los nombres de los fallecidos.
"Encontramos de su parte buena predisposición", le dice María Arena a BBC Mundo tras reunirse con el presidente.
Aunque aclara que "hubo una desidia de todos los gobiernos que pasaron".
"Porque no tengas ninguna duda de que los muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001 son muertos incómodos para la política", añade.
"No hay mucha voluntad política de esclarecer estos casos, de que se sepa la verdad, porque estamos en democracia y esto pasó en un gobierno democrático", concluye.
Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
