Crimen desnuda fragilidad estatal

La tendencia al alza en número de víctimas se acentúa

Crimen organizado pone en jaque a un Estado desorganizado

• Aprobación del paquete de leyes para el Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana es considerado clave

• Escándalos de corrupción sacuden a autoridades

Eduardo Baldares

ebaldares@larepublica.net

El crimen está tan organizado en el país que se ha extendido por toda la sociedad, infiltrándose incluso hasta el tuétano en las autoridades encargadas de combatirlo, como la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Su auge ha dejado desnuda “la lucha de un Estado desorganizado contra la criminalidad organizada”, como afirma el proyecto de Ley expediente 16.830, firmado por el Presidente de la República y los ministros de Justicia, Presidencia y Seguridad.

Aprovechando la fertilidad de un terreno donde se revolvieron semillas nocivas como el distanciamiento de la brecha socioeconómica, la desintegración familiar, la deserción escolar y colegial, la drogadicción y la pérdida de valores, abonadas por el abandono estatal y una legislación blandengue, brotó con raíces fuertes el crimen organizado.

Se entiende como tal a toda asociación de tres o más personas, de carácter permanente o por cierto tiempo, estructurada con la finalidad de cometer concertadamente uno o varios delitos graves.

Más específicamente, las autoridades ponen la mira en las empresas criminales estructuradas en departamentos, clasificación donde caben el narcotráfico y negocios afines como el trasiego de armas y el sicariato, las bandas roba carros y las asalta viviendas, los contrabandistas —de objetos y personas—, los estafadores, desde los comunes hasta los que usan medios electrónicos sofisticados, por citar los más frecuentes.

Tanta fuerza ha tomado el crimen organizado, que la misma Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) se encuentra inmersa en un escándalo por presuntos fraudes bancarios, efectuados con recursos de la entidad y en el que se ha visto involucrado el subdirector de esa oficina adscrita al Ministerio de la Presidencia.

Según las pesquisas, el funcionario utilizó una clave para ingresar, desde las computadoras de la DIS, a una base de datos privada, donde adquirió información de personas que posteriormente fueron estafadas por unos $357 mil.

No es todo. En las comandancias de Heredia y de Limón se descubrieron vínculos de oficiales con narcotraficantes que les pagaban para hacerse la vista gorda. Fue apenas la punta del iceberg, pues al menos 150 policías han sido destituidos de sus cargos durante este año por participar en presuntas anomalías. Las investigaciones internas prosiguen, confirmó Eric Lacayo, director de la Fuerza Pública.

En vista de la infiltración, el Gobierno propondrá una reforma integral a la ley que regula la DIS, porque hay que “definir muy bien la parte jurisdiccional y los controles que se deben tener”, reconoció Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.

“Las investigaciones internas son una muestra de transparencia. Debe quedar en evidencia que vamos a ser inflexibles en el tema de la corrupción”, complementó Janina del Vecchio, ministra de Seguridad.

Mientras las autoridades tratan de extirpar el cáncer que tienen dentro, el mal se propaga con violencia por toda la sociedad.

Lo dicen los números absolutos. Por primera vez en la historia Costa Rica promedió más de un homicidio por día en 2007, cuando murieron asesinadas 369 personas.

Lo confirman las tasas. La tendencia ascendente de víctimas de delincuencia por cada 100 mil habitantes no solo se mantiene, sino que se empina, indican datos del Poder Judicial.

El terror no se finge. Las denuncias por delitos ante el Ministerio Público aumentaron en un 63% desde 1998, lo cual equivale a una tasa promedio anual del 5,6%, crecimiento que excede al de la población, dice el decimocuarto informe Estado de la Nación.

En filas gubernamentales sostienen que se han ganado algunas batallas.

De 2007 a 2008, han aumentado las aprehensiones, así como el decomiso de armas y el de vehículos a este tipo de organizaciones, aseguró Del Vecchio, quien sostuvo que al mismo tiempo han disminuido los asaltos a viviendas y a autobuses.

El Ejecutivo logró elevar el presupuesto de Seguridad de ¢62 mil millones en 2006 a ¢105 mil millones en 2009, lo que permitirá continuar con esta batalla “decidida y valiente”, afirmó.

“Es una gran lucha. Ya se subió del 0,4% del Producto Interno Bruto al 0,5%, pero no basta. La idea es llegar por lo menos al 1,5%”, dijo Ricardo González, jefe de prensa del Ministerio, para quien “no puede ser que tengamos 40 años de no invertir en infraestructura policial y tengamos delegaciones inhabitables, como las de Puntarenas, Heredia y Cartago”.

El grito al cielo lo había pegado Jorge Rojas, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien inicialmente iba a dejar su cargo en enero de 2008 por considerar que no tenía los recursos para reaccionar adecuadamente ante las denuncias de los ciudadanos.

Al final no dimitió porque el Ejecutivo le aprobó extraordinariamente ¢7 mil millones para contratar 500 agentes más, 250 carros y equipos de cómputo, armas, chalecos y otros implementos.

“Aunque fue un gran logro, los resultados no se dan de la noche a la mañana, porque además de captar al personal requerido, hay que capacitarlo; primero, en el uso de armas de fuego y defensa personal, pero para poder llevar casos e investigaciones se necesita al menos de año y medio”, explicó Francisco Segura, subdirector del OIJ.

La necesidad de que el Congreso apruebe el paquete de leyes para el Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana, y dentro de este el expediente 16.830, es algo sobre lo que han hecho hincapié tanto Segura como Arias y Del Vecchio. Sin esto, el crimen organizado seguirá siendo como la hidra mitológica, aquel monstruo al cual le salían dos cabezas por cada una que se le cortaba.

Entre las principales modificaciones que contiene el proyecto de ley están la extensión de los términos de prescripción de la acción penal, para evitar que por el transcurso del tiempo queden en la impunidad el mayor número de asuntos, así como la ampliación en materia de prisión preventiva y el endurecimiento de las penas.

Además, se posibilita, siempre con el contralor del tribunal, las intervenciones telefónicas y el levantamiento del secreto bancario, en todos los casos dictaminados por un juez como delincuencia organizada.

Por otra parte se promueve la creación de la plataforma de información policial a partir de la cual funcionarían los nuevos bancos de reincidencia.

Asimismo, se le harían algunos retoques a la Ley de Psicotrópicos para darle potestades al Instituto Costarricense sobre Drogas, con el fin de hacer más funcional el uso del fideicomiso para la administración de los bienes decomisados al narcotráfico y al crimen organizado.

Antes de dejar su cargo como ministro de Seguridad este año, Fernando Berrocal explicó que en 2007 se incautaron $13 millones al narcotráfico, pero que ante la maraña de procedimientos que había que hacer esos recursos no los había podido reinvertir en la lucha contra el crimen.

También se considera fundamental el “Proyecto de protección de víctimas, testigos y otros intervinientes en el proceso penal”, que tiene el propósito de “evitar la impunidad que se produce cuando los testigos o las víctimas no acuden a declarar en los juicios porque están amenazados; con ese fin se crea una dependencia que le brindará atención profesional y protección a esas personas”, resaltó Jorge Méndez, diputado de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa.

El proyecto aplica mano más severa en algunos delitos contra la propiedad, elimina las cuantías en los hurtos, de manera que ya no importaría el valor de lo hurtado, pues en todos los casos se estaría en presencia de un delito.