Credibilidad del sector privado
| Sábado 21 julio, 2012
Se investigan supuestos acuerdos entre empresas privadas para engañar al Estado. Esto afectaría la credibilidad del sector
Credibilidad del sector privado
No hay corruptos sin corruptores, lo hemos dicho en más de una oportunidad para señalar que cuando en el sector público se da alguna situación de mal uso o desvío de fondos aportados por los contribuyentes, es muy posible que exista una participación del sector privado en esos actos.
Tenemos casos a la espera de que las investigaciones definan claramente cómo fueron las cosas.
A esto hay que agregar que ya la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), una dependencia del Ministerio de Economía, investiga posibles actos entre empresas privadas para obtener beneficios, habiendo ordenado en algún caso el pago de multas millonarias a varias firmas de telecomunicaciones por llegar a acuerdo entre ellas para no tomar parte en un concurso para ofrecer telefonía celular de Tercera Generación al ICE a partir de 2008, de acuerdo con lo señalado en una nota de este medio el viernes anterior.
El hecho es relevante para, con un ejemplo, ver la realidad: no solo el sector público debe ser investigado y enjuiciado si comete faltas en perjuicio de los contribuyentes. El sector privado también, si cae en esos actos indebidos debe pagar por ello.
Este, sin embargo, debería sentirse avergonzado de utilizar dañinos artilugios para obtener beneficios cuando estos deberían provenir de la buena dirección y administración de sus empresas, como una demostración de capacidad y talento.
Cuando surge la necesidad de cometer faltas para tener éxito económico, lo que más se demuestra es la incapacidad para hacerlo en buena ley.
A menudo surgen las críticas al sector público por ello y se le presiona a cambiar y lograr la eficiencia y los resultados esperados con total transparencia y probidad en el cumplimiento de sus labores.
Pero el sector privado debe dar las mismas muestras de actuaciones apegadas a las reglas de juego honestas y transparentes.
Lamentablemente, quien no es capaz de dar ese buen ejemplo, queda sin autoridad moral para exigirlo a los demás, aunque tampoco es bueno que paguen justos por pecadores.
Solo resta esperar que de la labor de Coprocom, u otras, no surjan nuevas demostraciones de empresas buscando engañar al Estado. El daño que esto ocasiona trasciende las multas que las compañías comprometidas se vean obligadas a pagar, porque lo que se daña es la credibilidad de los costarricenses hacia el sector.