Crece presión para revisar salarios públicos
“Es de vital importancia buscar una solución al gasto de salarios en el sector público, de lo contrario, el país corre riesgo. Hay que poner un tope ya”, dijo Rodolfo Piza, secretario del PUSC. Gerson Vargas/La República
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Si el presidente Luis Guillermo Solís quiere cobrar nuevos impuestos en 2016 a través del IVA y los cambios a la renta, deberá promover también el recorte de pluses salariales en el sector público.
En diciembre, los proyectos de ley que buscan regular el salario de los burócratas deben ser puestos sobre la mesa de discusión en la Asamblea, demandan Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario.
Se trata de tres iniciativas que establecerían un monto máximo de salario de ¢4,8 millones al mes para los empleados públicos, además, eliminaría los diferentes regímenes de salarios para establecer categorías y puestos similares en todas las instituciones autónomas y el Gobierno central.
Se pretende detener el crecimiento en el gasto de las remuneraciones, que representa un 30% del presupuesto del Gobierno central para el otro año.
La idea es que, a mediano plazo, el costo de las convenciones colectivas y de los pluses salariales decaiga, ya que todo nuevo trabajador del sector público entraría a laborar con el Estado bajo un cúmulo de condiciones estandarizadas para todo el sector público y no bajo un régimen especial, como ocurre en la actualidad.
Esto implicaría que ninguno de los beneficios adquiridos en las convenciones colectivas se eliminarían de inmediato con la aprobación de una ley, sino que, con la jubilación de los trabajadores, se irían extinguiendo poco a poco.
“Hay que entrarle a este tema, porque es un horror lo que está pasando. Espero que el Gobierno tome conciencia”, dijo Rodolfo Piza, secretario del PUSC.
Los partidos de oposición están en conversaciones iniciales para presentar un texto común de debate.
No obstante, este tendría topes salariales y un régimen para todo el sector público.
En cuanto al Gobierno, no es clara su posición, ya que la semana pasada se habría comprometido con los sindicatos a impulsar una ley para aumentar el salario mínimo de los trabajadores, mientras que al mismo tiempo tiene interés en una ley de empleo público.

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