Crece división por muelles de Limón

Mitad de los trabajadores aboga por demandar a sindicato

Crece división por muelles de Limón

Mientras un grupo pide negociar con el Gobierno, el otro se esmera en rechazar cualquier propuesta de dar en concesión los puertos

La propuesta de indemnización para concesionar los puertos caribeños ha caldeado los ánimos entre los trabajadores de los muelles de Limón y Moín, al punto que actualmente existen dos grupos pujando cada uno por una idea diferente.

La posibilidad de que una empresa privada sea el administrador portuario ha desatado una ola de reproches y choques que podrían ir a parar incluso a instancias judiciales.

Por un lado está el grupo que considera que es el Estado el que debe seguir administrando los muelles. Estos señalan que todavía no se les ha ofrecido el dinero suficiente que ellos se merecen.

Alegan además que están negociando sin tener claro cuál será la empresa que asumiría la administración de los muelles de Moín y Limón. “Legalmente el Estado no puede dar en concesión los puertos de Limón, además no puede hacer una indemnización a un grupo de empleados nada más por que ellos quieren, la ley no lo faculta”, dijo Ronaldo Blear, secretario general del sindicato y quien lidera a este primer grupo.

El otro bloque argumenta contar con el apoyo del 52% de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Sintrajap), quienes están dispuestos a negociar con el Gobierno.

Asimismo, solicitan resolver las divergencias por medio de una votación secreta, pues unos pocos no pueden tomar la decisión.

Para ello cual cuentan con una lista de 709 firmas que apoyarían la indemnización.

Dichas firmas se utilizaron para solicitar una asamblea extraordinaria del sindicato antes del 9 de octubre; no obstante, fue rechazada por la junta directiva.

Ante este rechazo, el grupo hizo circular ayer una advertencia en la cual aduce que presentará un recurso de amparo ante la Sala IV y acudirá a las instancias pertinentes para que se respeten sus derechos.

“Estamos indignados pues el sindicato nos rechazó la solicitud de una asamblea extraordinaria antes de octubre, si ellos no respetan nuestros derechos vamos a acudir a la Sala Constitucional y pondremos una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo, la Defensoría de los Habitantes, la Organización Internacional del Trabajo y donde sea necesario para que se lleve a cabo”, dijo Carlos Pemberton, coordinador general del “grupo mediador”.

La solicitud fue rechazada pues supuestamente contenía inconsistencias en los folios encontrados, por la falta de peticiones específicas y presuntamente contaban con firmas repetidas y de no afiliados, explico Blear.

Pese a la batalla, existe un punto en común entre ambos. Los dos rechazan el monto propuesto por el Gobierno.

En su última oferta, el Ejecutivo ofreció $137 millones, distribuyendo ¢2,7 millones por cada año trabajado hasta un límite de 20 años y un millón adicional a partir del año 21 y sin tope de años laborados.

Esta propuesta es objetada pues los muelleros solicitan que sean ¢5 millones, ya que es el monto que ganaría al año un empleado con el salario más bajo.

“Entre pasillos se escucha que los trabajadores están pidiendo ¢5 millones, pues les parece muy bajo el monto que se les ofrece, estamos de acuerdo con una concesión, siempre y cuando se cumpla con nuestras solicitudes”, añadió Pemberton.

La propuesta con la que el Gobierno pretende indemnizar a los trabajadores “no está escrita en piedra” y se podría negociar la contrapropuesta de los trabajadores, apuntó por su parte Marco Vargas, ministro de Coordinación Interinstitucional.

La concesión de los muelles es considerada un proyecto importante para los exportadores. “El proceso que el Gobierno abrió es muy delicado y requiere racionalidad y diálogo. En el caso de la división entre el sindicato, no estamos de acuerdo en oposiciones pasionales sobre el futuro de los puertos. Hacemos un llamado a la mesa de diálogo”, adujo Sergio Navas, vicepresidente de la Cámara de Exportadores.

Francisco Quirós, director de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga, consideró por su parte que se debieran respetar las decisiones de la mayoría y la junta directiva del sindicato debe acatar la posición de sus agremiados.

Natasha Cambronero

ncambronero@larepublica.net

Colaboraron con esta información los periodistas Carlos Mora, Danny Canales y Daniel Chacón