Costo de pensiones de lujo se duplicará en 15 años
La agenda para contener el gasto público incluye la revisión de pensiones de lujo, asegura Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio, que propone debatir estos temas. Esteban Monge/La República
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Aunque el número de jubilados que disfrutan de un régimen especial de pensiones habrá disminuido para 2032, el costo para el Gobierno se duplicará hasta alcanzar unos ¢346 mil millones.
Un aumento anual del 30% para los exdiputados, equiparación de pensiones de acuerdo a los salarios que hoy se pagan, cotizaciones que no sostienen a largo plazo los beneficios recibidos y hasta el permiso para retirarse a los 55 años con el 90% o el 100% del salario, son algunas de las razones para entender el explosivo crecimiento.
Para este año, el Estado invertirá unos ¢149 mil millones de su presupuesto en pagar las pensiones de unas 18 mil personas, sin contar a los exfuncionarios del Magisterio Nacional que autofinancian su régimen.
Sin embargo, para 2032 el costo promedio de cada pensión mensual con cargo al presupuesto habrá pasado de ¢638 mil a ¢4,5 millones.
Para evitar que ese gasto se mantenga, el Gobierno impulsa varias leyes para reformar los regímenes especiales de pensiones.
Una de las propuestas establecerá un monto máximo de pensión de ¢3,5 millones al mes, asimismo, se limitará el aumento de la jubilación a los ajustes por inflación cada seis meses.
La iniciativa ya se debate en el Congreso y tiene una amplia viabilidad política, ya que ahorraría al Estado unos ¢20 mil millones.
El plan solo cubre a quienes se hayan pensionado por los regímenes de Hacienda, MOPT, Registro Nacional y a exdiputados.
En este último grupo hay personas que reciben una pensión bruta de hasta ¢17 millones, ya que cada año, se les aumenta en un 30%.
En total unas 5 mil pensiones se verán afectadas por el cambio a la ley, de las cuales, al menos 2 mil son de trabajadores actuales, si es que se aprueba la reforma.
En cuanto a los regímenes del Magisterio Nacional, el Poder Judicial y el de IVM de la Caja, no habrá ningún cambio por este proyecto, dijo Helio Fallas, ministro de Hacienda.
“Hemos detectado que menos de un 3% de los pensionados bajo un régimen especial, recibe el 15% del total de los fondos. Por esta razón, creemos en la necesidad de presentar un proyecto para racionalizar el gasto de las pensiones, ya que es como una bola de nieve”, agregó Fallas.
Otro aspecto importante de la iniciativa, es que las pensiones por encima del monto estipulado, serán objeto de un impuesto solidario, el cual devolverá la totalidad del dinero sobre el monto establecido al Gobierno.
Otro de los proyectos que vendrían a reducir el impacto de las pensiones con cargo al presupuesto, es el que pretende reformar el sistema de jubilaciones de la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo es que los jubilados de esa institución tengan un tope máximo de ¢4,5 millones y no los ¢9 millones que hoy se reportan al mes.
Para evitar la ilegalidad de la medida, se establecería también una cotización solidaria escalonada para las pensiones más elevadas, que en la práctica actuaría como un impuesto. El dinero iría directamente al fondo de pensiones común, con el objetivo de darle sostenibilidad a ese régimen.
Otra medida que analizan los legisladores es establecer la jubilación a partir de los 64 años para los hombres y 62 años para las mujeres y de esta forma, prohibir la posibilidad de que los trabajadores de la Corte se pensionen a los 55 años.
Asimismo, se valora otorgar como máximo un 75% del promedio de los salarios y no el 100%, como en la actualidad.
Todo esto, porque se estima que para el próximo año ese régimen no será sostenible.
“Estamos haciendo una propuesta real y factible para salir del estancamiento en materia fiscal, en vista de que ninguna propuesta cuenta con mayoría”, dijo Edgardo Araya, diputado del Frente Amplio.
Otro de los proyectos pretende establecer controles más estrictos para el mantenimiento de pensiones, a familiares de algún beneficiario que haya fallecido.


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