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A partir de este momento, todos podemos ser investigados, perseguidos, capturados, enjuiciados y llevados a prisión, con penas de entre cuatro y diez años de cárcel

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Costarricenses

Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto Ley de Delitos Informáticos.
El Poder Ejecutivo le dio el ejecútese y lo envió a la Imprenta Nacional para su publicación, misma que se dio esta semana en La Gaceta.
A partir de este momento, todos, y repito, todos, estamos bajo una amenaza latente de ser investigados, perseguidos, capturados, enjuiciados y llevados a prisión, con penas que oscilan entre los cuatro y los diez años de cárcel, sin ninguna posibilidad de ejecución condicional de la pena.
Según esta Ley, el publicar Informaciones Secretas Políticas, el utilizar un nickname o apodo en redes sociales, o el conseguir información utilizando herramientas tecnológicas, como los correos electrónicos, las redes sociales, los videos, las fotografías o cualquier tipo de grabación digital, que, en criterio del afectado, le haya o le vaya a producir un daño sería objeto de persecución judicial.
No se hace referencia a un periodista o comunicador, sino a cualquier persona, a usted o a mí.
Si en el pasado se hubiera aplicado esta ley llamada mordaza, informaciones sobre los casos Caja Fischel, Alcatel, Procesos – Recope, la Trocha fronteriza, el memorandum del miedo pro TLC, el cobrador de la Caja de Seguro Social, el uso y abuso de recursos públicos, el puente sobre el virilla más conocido como la platina, los fallos de la Procuraduría de la Ética, el levantamiento de inmunidades a diputados, o acciones políticas impunes... no se hubieran conocido, y de haberlo hecho muchos periodistas estarían cumpliendo penas de prisión.
Hasta las denuncias en redes sociales realizadas por el nickname y el avatar más temido por los corruptos de la función pública: el chamuko, serían sujetos de investigaciones policiales.
Unidades de investigación periodísticas que han develado escándalos, programas de opinión o deportivos, los medios regionales o llamados alternativos que llegan a sus casas u otros medios, serían un objetivo de intervención policial.
Críticas en programas de Opinión recibirían demandas a diario. Comentarios o editoriales, serían censurados. De cara a la campaña política, la ciudadanía no podría conocer quienes pretenden gobernarnos.
La Ley de Delitos Informáticos venía con una recubierta de buenas intenciones a las que no nos oponemos, pero traía un caballo de Troya o virus troyano.
Las reformas al Código Penal, sobre todo en artículos como el 196, 196 bis, 230, 235 y 288 atentan contra las libertades públicas, el derecho al acceso a la información pública, la libertad de prensa y las convenciones internacionales que protegen estos derechos universalmente, y son un atentado contra la constitución y la democracia de un pueblo que no se merece la censura.
Hacemos un llamado para que, desde la Presidencia de la República, se cumpla con la promesa de enviar a la Asamblea Legislativa nuestra propuesta que denominados proyecto de ley por las libertades públicas, que hemos preparado junto con abogados de los medios de comunicación colectiva, y asesores legales del Instituto para la Libertad de Expresión y de este Colegio de Periodistas de costa Rica.
Apenas iniciamos la cruzada. Apenas son los primeros pasos en pro de la defensa de la libertad de expresión y de prensa. No vamos a claudicar en la defensa de las libertades públicas, en defensa de los derechos de los costarricenses a ser veraz y libremente informados.
A los señores diputados les urgimos, para que el Congreso resuelva con dispensa de todo trámite y apruebe la propuesta de Ley por las Libertades Públicas, para proteger de una vez y por todas la libertad de información y de prensa en Costa Rica.

José Rodolfo Ibarra
Presidente Colegio de Periodistas