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Martes 20 Marzo, 2018

Costa Rica se lo merece

Hacia finales de los años 70, tuve el honor de integrarme, en calidad de viceministro de Relaciones Exteriores, al gobierno del presidente Carazo, acompañando en esa tan delicada función al entonces canciller Rafael Ángel Calderón Fournier.

Era mi primera experiencia en la función pública y con orgulloso entusiasmo me adentré en el cumplimiento de importantes tareas para la vida internacional de nuestro país, tratando de llevar a cabo de la mejor manera las instrucciones que en ese sentido recibía del Presidente y del Canciller.

Siguiendo con la tradición heredada de nuestros antepasados de búsqueda y lucha por el mayor respeto a nivel nacional e internacional del los Derechos Humanos, una de las principales metas del nuevo gobierno consistía en lograr la instalación en Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano principal de la Convención Americana de Derechos Humanos que había sido firmada en nuestra capital en noviembre de 1969, como resultado de la celebración en aquel entonces de la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, por lo que, para honor de los costarricenses, se denominaba el Pacto de San José. Dicha Convención había entrado en vigencia el día 18 de julio de 1978, apenas dos meses después de haberse instalado el nuevo gobierno del presidente Carazo.

En razón de lo anterior, una de nuestras primeras acciones internacionales fue la de ofrecerle formalmente a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos nuestro país, como sede de la nueva Corte. El 1° de julio de 1978, la Asamblea General recomendó aprobar dicho ofrecimiento, decisión que fue ratificada posteriormente por los Estados Partes de la Convención, durante el Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación formal de la Corte se realizó en San José el 3 de setiembre de 1979. Cuando en aquellos momentos plenos de euforia patriótica celebrábamos ese hecho histórico, recuerdo un corto y bello comentario que hizo el presidente Carazo: “Costa Rica se lo merece”…

Sí, muy cierto, Costa Rica se lo merecía. Desde nuestro nacimiento a la vida internacional, nuestros antepasados supieron poner muy en alto el respeto irrestricto a los Derechos Fundamentales. Las limitaciones materiales, el pequeño tamaño de nuestro territorio y lo aislado de nuestras poblaciones en momento alguno constituyeron escollo para guiar los destinos de la patria por la vía del acatamiento a la institucionalidad, del respeto a los Derechos Humanos, de la observancia del Derecho Internacional y de los principios consagrados en los instrumentos regionales y universales que les señalan a los miembros de la comunidad internacional el verdadero camino a seguir en paz, libertad, justicia y democracia. Esa realidad ha recibido, sin duda alguna, un merecido reconocimiento y gran admiración por nuestra patria en el ámbito internacional.

Quienes hemos contado con la suerte de haber tenido alguna presencia en el campo de las relaciones internacionales, con orgullo hemos podido sentir esa admiración y respeto que goza nuestra patria internacionalmente, y que se fundamenta en la bella obra realizada por nuestros antepasados.

Ahora, 40 años más tarde, tomando como argumento una respuesta a una Opinión Consultiva de la Corte en materia de Derechos Humanos que contradice posiciones debatibles de un ámbito tan importante, se lanza la amenaza de abandonar ese Foro, en desconocimiento de nuestros compromisos internacionales y en violación a principios fundamentales del Derecho Internacional. Semejante actitud, no solamente va en contra del prestigio internacional de nuestro país, sino que perjudica gravemente la solidez de las estructuras básicas del Derecho de Gentes a nivel continental. Sin duda alguna el hecho de que la democracia más antigua de América Latina, el país tradicionalmente apegado a los principios básicos del Derecho Internacional, principalmente en materia de los Derechos Humanos, lance por la borda su comunión con las mayores aspiraciones de los pueblos de América, simplemente por no estar de acuerdo con una decisión de un Tribunal Internacional cuyos pronunciamientos se había comprometido a aceptar formalmente desde que se convirtiera en parte del mismo y aceptara su jurisdicción, vendría a ser una grave afrenta para ese Tribunal. Un hecho tan grave constituiría obviamente un duro golpe para nuestro prestigio de país jurídicamente serio, apegado a la institucionalidad y a las leyes en lo interno y de correcta acción en el campo de la vida internacional.

Con el mayor respeto considero que quien gane la elección el próximo 1° de abril tiene el compromiso moral de ofrecerle a nuestro pueblo, a partir del 8 de mayo, un apego a la institucionalidad y a los Derechos Humanos, al acato de nuestros compromisos internacionales y al respeto del Derecho Internacional en general y no ignorar nunca que en el ámbito de las relaciones internacionales existen materias y obligaciones, cuya observancia ha sido tradicional para nuestros gobernantes y cuyo desconocimiento produciría graves perjuicios a nuestra patria en el mundo internacional: COSTA RICA NO MERECE ESO.

Bernd H. Niehaus Quesada