Costa Rica presiona para salir de lista de paraísos fiscales

Ejecutivo negocia para que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico se retracte

Costa Rica presiona para salir de lista de paraísos fiscales

• Especialistas tributarios alegan que país es líder en la lucha contra lavado de dinero

Daniel Chacón

dchacon@larepublica.net

Una aparente confusión al momento del análisis de la información y falta de conocimiento sobre nuestro sistema tributario son parte de los alegatos que se presentarán para exigir la exclusión de Costa Rica de la lista negra de países considerados como paraísos fiscales.

La cita determinante se realizó esta madrugada en Ginebra, y en nuestro país los resultados se darían dando a conocer en el transcurso del día.

Desde el jueves anterior, día en que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) incluyó al país en esta lista de países poco cooperantes, el Gobierno ha buscado un acercamiento e incluso ha presentado propuestas de cooperación.

El temor que reina entre los círculos empresariales está fundamentado en las consecuencias que puede traer esa designación.

Entre las sanciones, es probable el aumento en trámites burocráticos en materia comercial, que pudiera desmotivar a multinacionales a instalarse en el país, consideró Juan Manuel Campos, director legal de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, entidad que concentra entre otros a los centros de llamadas.

Para los empresarios vinculados al comercio exterior, tanto en la importación como la exportación, la noticia los tomó por sorpresa.

La preocupación se centra en las eventuales medidas que pueden tomar las autoridades de mercados claves como el estadounidense o la Unión Europea contra los países insertos en esta lista.

La razón por la cual la OCDE cataloga al país como paraíso fiscal es por la supuesta falta de colaboración en términos de facilitar información para las investigaciones.

Sumado a eso, tenemos un nivel de evasión superior al 50%, políticas que otorgan beneficios arancelarios a la producción y solo se tiene un convenio de intercambio de información con Estados Unidos, firmado hace más de diez años.

“No considero cierto que Costa Rica sea no cooperante porque desde hace más de una década se tiene un convenio de información con Estados Unidos. De la misma manera podríamos entregar información por encima del secreto bancario siempre y cuando exista una autorización judicial, por lo que podríamos decir que se satisface el estándar internacional”, aseveró Adrián Torrealba, experto tributario de la firma Facio Cañas.

Por eso, las críticas ya se inician contra la primera reacción del Gobierno que fue anunciar un proyecto de ley que permitirá a las autoridades fiscales pedir el levantamiento del secreto bancario, el cual sería innecesario según los especialistas.

Ese proyecto se presentará en junio y el compromiso anunciado por las autoridades hacendarias a la OCDE es tener la aprobación antes de que finalice el año.

Para satisfacer ese requerimiento, los diputados deben reformar el artículo 615 del Código de Comercio, que indica que “las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo podrán suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño, o por orden de autoridad judicial competente”.

En la normativa se indica textualmente que queda prohibida la revisión de cuentas corrientes por las autoridades fiscales.

“Es un tema muy delicado que hay que estudiar con detenimiento. Esperaremos la propuesta para estudiarla y emitir nuestra posición”, indicó Guillermo Quesada, presidente de la Cámara de Bancos.

El temor existente es que se dé una apertura de información y que no sea manejada con el cuidado que merece. Por otra parte, consideran vital el diseño de filtros para evitar el abuso ante una eventual apertura del secreto bancario para temas fiscales.

De momento, analizando los argumentos de la OCDE para aplicar la categoría de no cooperante al país, pareciera que a primera vista no se justifican la clasificación ni la reforma para levantar el secreto bancario, puntualizó Torrealba.