Levanta prohibición de realizar la fertilización in vitro en el país

Corte enmienda fallo de Sala IV

Indemnización a víctimas asciende a $415 mil

El Estado deberá permitir que se realicen procedimientos de fertilización in vitro en el país.
La prohibición impuesta por la Sala Constitucional hace 12 años fue levantada ayer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras una votación donde solo uno de sus seis miembros estuvo en contra.

En el fallo, los jueces establecieron que el Estado y el Congreso tienen la responsabilidad de aprobar las leyes y reglamentos necesarios para que este método en el futuro no corra el riesgo de volver a ser suspendido. En este sentido, el Gobierno deberá informar al Tribunal acerca de las medidas implantadas en un plazo de seis meses.
Además declaró la fecundación asistida como derecho a la salud y por ende la Caja deberá brindar este procedimiento de manera gratuita a las personas con problemas de fertilidad en no más de seis meses.
Las nueve parejas que presentaron la querella también solicitaron una indemnización económica, la cual el Tribunal acogió parcialmente; si bien no ordenó al Estado costarricense pagar lo que pedían, estableció un monto que asciende a los $415 mil.
A cada una de las 18 personas afectadas giró la directriz de depositar entre $20 mil y $25 mil.
A ocho de ellas, que incurrieron en gastos al tener que ir a otro país a realizarse el método, les corresponderá el monto más alto.
Dicha indemnización deberá ser desembolsada por el Estado en un plazo que no supere el año.
De igual forma, el Tribunal acordó que se debe pagar $10 mil a la familia del abogado Gerardo Trejos, quien murió antes de que este caso concluyera.
Los otros defensores, Huberth May y Boris Molina, percibirán $2 mil y $3 mil, respectivamente.
El fallo fue recibido con algarabía por las familias demandantes, que no esperan un resultado diferente.
“Se nos dio todo lo que solicitábamos, tal vez en las indemnizaciones no, pero era secundario; lo que nos importaba era que se rehabilitara la técnica en el país y que cualquier persona pudiera obtenerla de forma gratuita”, dijo May.
Por su parte, el Gobierno anunció que respeta el fallo y lo acatará.
“Como corresponde en un Estado de Derecho, respetamos y acataremos fallo”, dijo la presidenta Laura Chinchilla, a través de su cuenta de Twitter, desde Guatemala.
Esta querella inició en 2000, cuando la Sala Constitucional prohibió realizar este método, aduciendo que atenta contra el derecho a la vida de los embriones fecundados.
Ante ello, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2010 concluyó que prohibir la fertilización asistida va contra los derechos de los costarricenses y ordenó aprobar una ley para restablecer el método.
Las autoridades incumplieron la orden, eso produjo hace poco más de un año el inicio del juicio que concluyó ayer.
El gobierno de Chinchilla había presentado al Congreso un plan en octubre de 2010, que no encontró consenso entre los diputados y nunca fue aprobado.

Natasha Cambronero
ncambronero@larepublica.net