La “deuda” política es incontrolable y por lo tanto no solo debe reducirse, sino eliminarse, porque se presta para corrupción y estafas

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Corrupción y estafas mediante la “deuda” política

La “deuda” política es un corrupto despilfarro. Para las elecciones de 2010 los partidos políticos nos extrajeron ¢19 mil millones, y se programa más que duplicar ese monto para 2014, a ¢43 mil millones. Pero los políticos lo disfrazan mediante un cínico embuste: dicen que quieren “reducir” el monto, cuando lo que hicieron fue primero inflarlo enormemente (mediante una fórmula automática), y luego reducen este monto un poco.
Peor aún, es imposible evitar la corrupción y las estafas con la deuda política. Veamos.
Un candidato que es dueño de un partido y un socio forman una agencia publicitaria para manejar la campaña electoral y le cobran ¢200 millones al partido, reembolsable por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mediante la deuda política. El partido no requiere licitaciones para tal “servicio”, pero aun si las requiriera, la agencia simplemente cobraría un poco menos que el mejor postor.
O se obtienen firmas de más de 2 mil personas como sea, y el partido dice que son listas de asistencia a capacitaciones (ficticias) y cobra más de ¢200 millones de deuda política (hasta a US$160 por firma). Y ni el CPA que “certifica” los gastos ni el TSE tienen la obligación de verificar que fueron capacitaciones reales.
Además hay contratos por “transportes” que, también sin mediar una licitación, cobra un allegado del partido, por alquileres de carros más caros que cualquier rent-a car.
Pero hay más. El tesorero del partido cita a un candidato a alcalde y a cinco personas de “su confianza”. Al llegar, cada uno de los cinco “confiables” firma un contrato por “servicios especiales” (ficticios) de ¢1 millón y recibe un cheque a su nombre como pago por sus “servicios”; pero los cheques son inmediatamente endosados a nombre de alguien que los cambia por efectivo en la oficina del tesorero. Entonces el candidato a alcalde le hace una “donación” al partido por ¢5 millones con el efectivo, que se deposita en la misma cuenta bancaria del partido contra la que se giraron los cheques.
Así, el partido no gastó ni un cinco, porque recibe ¢5 millones en “donaciones” y gasta ¢5 millones en “servicios”; pero le remite al TSE los “contratos” que respaldan los cheques girados, y le cobra ¢5 millones de deuda política. Esto sumaría más de ¢400 millones si el esquema se repite en las 81 elecciones de alcaldes.
(Por cierto, tales servicios especiales son como “activista político” en el cantón, a ¢500 mil por mes, sin definir lugar de trabajo, supervisor ni horario).
Estos casos son conocidos o se conocerán, y hay otros que por razones de espacio no detallo. El hecho es que la “deuda” política es incontrolable y que por lo tanto no solo debe reducirse, sino eliminarse, porque se presta para esta corrupción y estafas. El cuento es que este despilfarro es “indispensable para la democracia”; la realidad es que permite que sujetos sin escrúpulos llenen sus bolsillos a costa de la población.

Raúl Costales Domínguez
Escritor