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Oficiales deben laborar entre la opulencia del narcotráfico y sus bajos salarios
Corrupción mancha imagen de policías
Al menos 122 oficiales fueron destituidos durante 2008 por presuntas anomalías

Yessenia Garita
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La cantidad de policías investigados por presuntos actos de corrupción, prestar ayuda a narcos y participar en robos o estafas, ha comenzado a deteriorar la imagen de los oficiales.
Al menos 122 policías de la Fuerza Pública fueron destituidos de su cargo durante 2008 por participar en presuntas anomalías; es decir 50 más que en 2007.
Los casos más recientes de oficiales involucrados en actos delictivos demuestran que existe una vulnerabilidad en el sistema, promovida especialmente por los bajos salarios que perciben y la tentación que representa trabajar cerca de la opulencia del narcotráfico.
El salario de un policía ronda ¢150 mil mensuales, lo cual con los incentivos por riesgo y disponibilidad podría llegar a ¢200 mil.
En comparación, el narco mueve millonarios recursos en poco tiempo. Un solo cargamento de cocaína puede representar pagos de varios millones de colones para quienes colaboran en su trasiego.
Los casos más recientes son el del piloto que laboró para el Ministerio de Seguridad, el cual transportaba un cargamento de cocaína desde Drake hacia Turrialba. El helicóptero en que viajaba se accidentó y tanto él como un acompañante de nacionalidad mexicano fallecieron.
Durante 12 años, Edgar Arguedas laboró para la Sección Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, incluso se formó como piloto debido a una beca dada por Chile.
Otros casos recientes los representan la investigación que se sigue en contra de un jefe policial de Tibás por presuntamente estar ligado a la tenencia de un vehículo robado, así como el de un estudiante de la Academia de Policía supuestamente ligado a una banda que saqueó una escuela de la Zona Sur.
Situaciones similares se registran en diferentes puestos policiales del país, de acuerdo con informes del Ministerio de Seguridad.
Los casos de corrupción policial más frecuentes están relacionados con narcotráfico, pérdida de artículos detenidos y mal uso de los recursos del Estado, principalmente con las patrullas.
“A veces nos informan que algún policía está haciendo fila en alguna institución o que no está en su puesto de trabajo en horas laborales”, dijo Erick Lacayo, director de la Fuerza Pública.
Las patrullas son usadas también para transportar familiares o amigos. A veces se incrementa la gravedad de los hechos y existen varios policías presos por homicidios calificados, especialmente en Limón.
En junio del año pasado, dos oficiales de la Delegación de Cahuita, en Talamanca, fueron capturados e investigados por la presunta muerte de dos jóvenes.
También fueron investigados miembros de la Fuerza Pública por presuntamente ayudar a bandas de narcotraficantes. Policías que patrullaban calles capitalinas alertaban a los vendedores de droga, principalmente de crack, acerca de operativos organizados por sus compañeros.
Todo ello ha generado que la confianza en los oficiales se vea afectada. La última encuesta de CID-Gallup para LA REPUBLICA determinó que un 30% de la población no confía “nada” en los policías, otro 34% dijo que poco, y solo un 36% respondió a “algo o mucho”.
Esta percepción de inseguridad radica en el hecho de que en cada cuatro hogares vive al menos una persona que ha sido víctima de la delincuencia en los últimos años.
Ante ello, en Seguridad Pública han anunciado mano dura contra los casos que se produzcan.
“La corrupción no se puede permitir, no la vamos a tolerar, tenemos cero tolerancia para el delito, y si alguien está haciendo daño debe ser retirado”, dijo Janina del Vecchio, ministra de Seguridad Pública, en entrevista con LA REPUBLICA.
Para algunos expertos, se debe trabajar más fuerte en la capacitación y reclutamiento del personal.
“Existe una pésima instrucción. Nuestra Escuela de Policía es un refugio de consentidos. Carecemos de supervisión y no existe obligación para rendir cuentas”, expresó Rafael Guillén, ex director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
A su juicio, el Estado está en la obligación de brindar seguridad y hasta ahora no lo hace.
“Se ha abandonado toda obligación estatal al punto de que hoy existen más policías privados que oficiales de seguridad”, agregó Guillén.
Por otra parte, se deben emprender acciones claras tanto en el aspecto preventivo como correctivo.
“Se debe mejorar el sistema de selección de reclutamiento del personal”, explicó Lineth Saborío, ex directora del OIJ.
A criterio de la especialista, el sistema debe mejorar en aspectos relacionados con la vida, costumbres y valores de quienes ingresan a la fuerza policial.
“La evaluación de cada uno de los funcionarios debe ser más individualizada”, explicó Saborío.
Actualmente capacitar a un oficial le cuesta al país alrededor de ¢2 millones en un curso de formación básico de seis meses.
Para ser policía se debe cumplir con requisitos simples como ser mayor de 18 años, tener el tercer año de educación básica aprobado, y cumplir con el curso policial.
Normalmente, los policías cumplen con un programa diario de ocho a 12 horas. Reciben unas 510 horas de clases técnicas, 40 humanísticas y 118 jurídicas.
Asimismo, deben aprobar un examen médico y una prueba psicológica. En algunas oportunidades les realizan pruebas doping, así como estudios de vida y costumbres.

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