Ya es hora de que tengamos una discusión responsable sobre el tema de las convenciones colectivas

Convenciones colectivas

Las convenciones colectivas siguen siendo el dolor de cabeza de las autoridades políticas, especialmente cuando intentan resolver los problemas del déficit fiscal pues para nadie es un secreto que son varias las organizaciones sindicales que procuran excluir de esta discusión el tema de las convenciones colectivas de trabajo.
Sin duda, esto es un problema muy serio, dado que para algunos las convenciones colectivas son instrumentos para garantizar derechos de los trabajadores, mientras que para otros, constituyen un abuso institucionalizado por los excesos contenidos en ellas.
El tema de la convención colectiva de RECOPE pone más que en evidencia que este asunto está aún lejos de tener una pronta solución.
Es imprescindible que desde el Ejecutivo se den señales claras de voluntad política para ponerle fin a una serie de privilegios que en honor a la verdad hasta los mismos beneficiarios, creería yo, entienden que más que un derecho es un abuso.
Por ello, el más reciente acuerdo del Gobierno con Patria Justa sobre la convención colectiva de RECOPE generó gran polémica entre diversos sectores de la sociedad, para quienes en este punto faltó firmeza gubernamental en las negociaciones.
Que el Estado destine a un grupo pequeño de funcionarios públicos ¢5 mil millones para financiarles servicios de restaurante, útiles y materiales para recepcionistas y becas para los hijos de los trabajadores, como se anunció en los medios de comunicación, es una situación de privilegio que lastima la esencia misma del decoro.
Entiendo que el Gobierno no pueda abruptamente terminar con estos privilegios, pero hubiera sido preferible también, como parte del acuerdo, una discusión seria, objetiva y razonable para terminar paulatinamente con los privilegios.
En materia de derechos humanos celebramos todas las disposiciones legales que dignifican las condiciones laborales de los trabajadores, no obstante, tenemos la suficiente capacidad, como ciudadanos, para entender que determinados acuerdos a través de las convenciones colectivas son excesivos, onerosos e incluso un síntoma de corrupción disfrazada.
Costa Rica no puede permitirse por más tiempo mantener estos privilegios que solamente disfrutan una minoría a costa de la mayoría.
Pensemos por un momento en la posibilidad que tendría el Gobierno de hacer uso de esos ¢5 mil millones en proyectos sociales.
En el marco del Estado Social de Derecho es normal, y así debe ser, que el país defina políticas públicas laborales para alcanzar mejores niveles de bienestar para los trabajadores y sus familias, pero tales disposiciones deben ser racionales y sostenibles.
Lo que es irracional es seguir negociando hacia futuro convenciones que han estado marcadas por la polémica debido a los privilegios de unos pocos.
Ya es hora de que tengamos una discusión responsable sobre el tema de las convenciones colectivas que nos permita llevar a cabo una revisión integral de las mismas, hasta la eliminación de los privilegios.

Miguel Miranda Sandí
Politólogo