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Controles para un juego limpio


Los últimos aumentos de tarifas solicitados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), así como otros que entrarían en vigor sin haber sido consultados a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, podrían responder a una táctica arriesgada, explica un reportaje de LA REPUBLICA del miércoles anterior, refiriéndose a que la institución intente hacerse con una “buchaquita” para enfrentar mejor la apertura.
El ICE por su parte justifica esas medidas como necesarias para brindar los mejores servicios que todo el mundo le pide.
Teniendo claro que los ingresos y las cuentas del sector eléctrico son independientes de las del sector de telecomunicaciones, hay que recordar que en el primero se están soportando las consecuencias de un retraso acumulado por años, cuando equivocadas decisiones políticas mantuvieron al ICE con restricciones que le impidieron realizar las inversiones necesarias en forma oportuna.
No obstante, en ambos casos, y para evitar que los aumentos sean vistos con desconfianza por parte de quienes deberán pagarlos, los consumidores, ya sea en forma directa (hogares, oficinas) o en forma indirecta por tener que absorber los mayores costos del sector industrial, lo que se debería tener es eficientes sistemas de control que permitan verificar sin lugar a dudas en qué se invierten los fondos.
En realidad, el problema se derivaría a la misma situación que se presenta a menudo en distintas instituciones estatales: falta de adecuados sistemas de control. Estos son muy necesarios para que Costa Rica entre mejor preparada al libre comercio que significa la apertura.
Teniendo en cuenta la experiencia y lo aprendido con la banca estatal, es lo más conveniente para el país una economía mixta. Para ello, no es bueno que el ICE pueda verse debilitado, pero tampoco que la población desconfíe de su eficiencia y de la transparencia de sus gastos.
Así las cosas, solo un adecuado control permitirá, en sectores tan importantes como el de la electricidad y las telecomunicaciones, la libre competencia en un juego totalmente limpio por parte de los diferentes actores, estatales y privados.


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