Contrataciones administrativas irregulares: Otro de los desperdicios en el sector público.

Volando Guayabazos

Es indudable que el componente de las remuneraciones personales, es decir, los salarios y otros rubros, de los funcionarios públicos, más una planilla inflada, duplicada y, hasta triplicada, con respecto a lo que realmente se necesita, contribuye al gasto público. Sin embargo, no es el único componente y, las contrataciones administrativas, irregulares o amañadas, son otro de los elementos que infla considerablemente al gasto público, pero casi nadie habla sobre este tema. Como resultado, debe haber modificaciones a las leyes correspondientes y establecer una pena de cárcel por el delito de amañamiento licitatorio como pasa en otros países, esto disuaría a muchos de quienes hoy lucran con contrataciones irregulares y contribuiría a disminuir el gasto público.

Ha quedado claro que no hay un interés público de por medio en el paquete de impuestos abusivo presentado por el gobierno. Esta Asamblea Legislativa, una de las más afines al Poder Ejecutivo, no ha cumplido con su obligación constitucional de regular las restricciones a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 121, 7), de la Constitución Política y, ahora, un diputado pretende que se cobren impuestos a las zonas francas.

No es cobrar más impuestos, es reducir el gasto público, pero no en una persecución campal contra los empleados públicos solamente, sino en una búsqueda de reducción del gasto público total, así como una mejor recaudación de impuestos. Tal y como debe reducirse la planilla estatal, así deben reducirse otros rubros que generan gastos.

Ambos, gobierno y diputados, podrían sugerir la reducción del gasto público, presentando acciones claras y contundentes contra contrataciones administrativas irregulares, mediante proyectos de ley con modificaciones a las sanciones económicas y, en el caso de los amañamientos licitatorios, es decir, conductas que buscan entorpecer o favorecer a un oferente en un proceso de venta de bienes y servicios al Estado, en un proceso de contratación administrativa, deberían imponerse penas de cárcel no menores a los cinco años, por ser fondos públicos, para aquellos oferentes o participantes que cometan ese delito y, aumentarlas hasta en un tercio por encima del máximo de la pena, contra aquellos funcionarios públicos que se presten para ayudar a entorpecer esos procesos de contratación.

Hay contrataciones administrativas irregulares sobre las cuales la Contraloría General de la República se ha referido en múltiples ocasiones, pero los diputados no modifican la Ley de Contratación Administrativa ni la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, para instaurar penas de cárcel contra aquellos que manipulen para sí o para terceros, esas contrataciones realizadas con fondos públicos.

Para poder determinar cuánto pierde el país por estas contrataciones a dedo o manipuladas, es absolutamente necesaria la realización de una auditoría al Estado, pero no ha habido un solo diputado que haya presentado un proyecto de ley con esa propuesta, ni tampoco lo ha hecho el gobierno, para contratar a compañías de renombre internacional, imparciales y objetivas, y así determinar cuáles son los problemas del Estado, aplicando el rigor científico para la recolección, análisis y exposición de resultados.

Quizá el silencio al respecto radica en que, hacer esto, implicaría dejar al descubierto las múltiples irregularidades en todo el aparato estatal y llevar a la eventual afectación total o parcial de los negocios de muchos beneficiados de manera irregular, incluyendo poner evidencia a posibles cúpulas políticas.

Es importante y deseable, la existencia de un libre mercado en el cual las personas emprendan y vendan sus bienes y servicios al Estado, siempre y cuando lo hagan en un ambiente de competitividad, respetando todas las reglas, pero no como se hacen los negocios en América Latina, donde no priva la libre competencia sino el amiguismo y el compadrazgo.

Por ello, es importante una modificación a las normas en las cuales se prohíben las prácticas monopolísticas absolutas en temas de contrataciones administrativas, es decir, aquellas en las cuales quienes deberían competir en un libre mercado brindando bienes y servicios, no lo hacen y se ponen de acuerdo para no competir, e incluir penas de cárcel por prácticas monopolísticas de ese tipo entre oferentes en un proceso de licitación pública.

Sin embargo, la modificación de la ley no sería suficiente sino viene de la mano de un Ministerio Público eficiente el cual efectivamente persiga a quienes cometen estos delitos y no como ahora, donde se abren investigaciones en otros ámbitos, las cuales nunca terminan, dejando en incertidumbre a los imputados, muchas veces sin elevar los procesos a juicio y sin que las partes puedan realmente obtener claridad sobre su situación y futuro legal o bien, con tintes políticos ajenos a una política criminal seria, la cual pareciera enfocarse más en temas políticos que legales.

Por muchos años los intereses politiqueros, no políticos, han privado sobre los del pueblo. El Estado está para servir, no para servirse, ni que unos cuantos se sirvan de él. Todo cuenta y, así como debe reducirse la planilla estatal y eliminar ciertos pluses salariales, así también debe mejorarse el proceso de contratación administrativa. Si las sanciones económicas no disuaden a quienes amañan los procesos licitatorios, tal vez un Ministerio Público con las herramientas legales para meter a la cárcel a quienes entorpecen estos proyectos sí lo haga.

El debate, no obstante, debe ser racional, basado en hechos objetivos, no en persecuciones políticas ni oportunismo. Por lo complejo del tema, se necesita mucho conocimiento técnico en distintas áreas, por ello, si esta Asamblea Legislativa piensa proponer algo así, debe antes que nada aprobar una ley para auditar al Estado, pues, de lo contrario, sería el caldo perfecto para que el oportunismo y los celos políticos afloren.