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Aún no se insertan con eficiencia dentro de las instituciones, e incluso internamente son vistas con recelo
Contralorías de Servicios cumplen 15 años entre críticas

• Viceministra de Planificación asegura que se requiere “mayor asignación presupuestaria”
• En un año todos los contralores de servicios de las instituciones se dedicarían exclusivamente a esta función

Eduardo Baldares
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Nacieron con la esperanza de que ayudaran en la defensa de las personas frente a las instituciones, pero a sus 15 años de vida, no todo es color de rosa para el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios.
Por el contrario, a pesar de su década y media de funcionamiento, todavía persisten debilidades en el esquema, como por ejemplo que haya contralores de servicios que no se dedican exclusivamente a la función, y más bien la desempeñan como recargo.
El Sistema todavía no cuenta con estadísticas precisas y globales sobre el número de quejas planteadas en las 183 contralorías activas, pero Hannia Vega, viceministra de Planificación, cartera encargada del proyecto, informó que los reclamos más comunes de los usuarios están relacionados con deficiencias en información, trato a los ciudadanos, calidad del servicio e instalaciones.
Quien sí ha sacado cuentas es la Defensoría de los Habitantes, que reportó casi 20 mil denuncias en su informe de 2007, 15 mil de ellas contra instituciones públicas y el resto contra el sector privado, lo que significa más de 54 diarias a razón de 2,3 por hora.
Al parecer en el sector público se visualiza al usuario como alguien a quien se le hace el “favor” de prestarle un servicio, dejando de lado las maneras y el seguimiento que debería darse a los ciudadanos.
En funcionamiento desde 1993, el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios está en una etapa de reparación, puesto que “en algunos casos, persisten debilidades importantes que limitan seriamente su contribución a la modernización institucional”, reconoció Vega.
Entre esas fallas está el ejercicio de la contraloría de servicios como un recargo. “Nos hemos encontrado con muchas instituciones que en la práctica tienen esta plaza como una actividad accesoria. Si se nombran funcionarios solo por cumplir con la ley, sin los instrumentos para hacer adecuadamente su trabajo, no cumplirán el objetivo de ser eslabones entre las personas y el Estado”, denunció Flora Moya, contralora de servicios de la Defensoría de los Habitantes.
“Si desde 1993 se creaba el puesto de contralor como un recargo, ahora hemos tenido que correr para que se dé un proceso de especialización”, aceptó la Viceministra. “Tiene que darse un proceso de transición, porque no es conveniente dar el paso abruptamente, de manera que quede un vacío, ya fuese en el cargo de contralor o en el otro que ejerce el funcionario en cuestión”, finalizó.
“El recargo de funciones no sirve. Es inconveniente que se asuma la función como recepción de quejas, porque en realidad debería ser una oficina de planificación de trabajo dentro de las instituciones y bien manejada”, comentó Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica.
Para Campos las contralorías internamente son vistas con recelo, pues han sido percibidas como una especie de perseguidoras de sus compañeros de trabajo. “Aunque deberían trabajar en conjunto en la prevención de problemas, están funcionando como receptoras de quejas y no se han podido integrar de lleno al funcionamiento general de cada entidad como se necesita”, opinó respaldado por un estudio sobre los informes que las mismas contralorías remiten al Ministerio de Planificación (Mideplan).
En la actualidad funcionan un total de 100 contralorías, 94 de ellas activas, seis pendientes de nombramiento y el Sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social cuenta con 89 más.
¿Qué se necesita para mejorarlas? “Ampliar la cultura institucional en los funcionarios públic
os; fomentar la creación de normas y reglamentos internos para su funcionamiento; concretizar un perfil profesional capacitado y exclusivo para esta materia, mejorar las condiciones del espacio físico; desarrollar mejores instrumentos de comunicación entre la institución y el usuario y las contralorías; continuar con la campaña de promoción y divulgación de los servicios que brindan. Y mayor asignación presupuestaria”, respondió la Viceministra.
Vega agregó que además de capacitaciones periódicas a los contralores, cada una debe elaborar un informe semestral de labores, el cual debe ser remitido al respectivo jerarca con copia a la Secretaría Técnica.





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