Contadores y Hacienda enfrentados por plazo para pagar impuestos

Una reforma enfrenta a contadores, empresarios y al Ministerio de Hacienda, ya que su aplicación podría comprometer a pequeños y medianos negocios, acusan sus detractores.

Esta modificación al artículo 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, introducida en 2012, pero paralizada por la Sala Constitucional, obliga al empresario a la cancelación del monto de ajuste tributario y le concede un plazo de 30 días para que presente una garantía o pague, de lo contrario, le serían embargadas las cuentas corrientes, inventarios, terrenos, edificios y demás bienes.

Esto después de que se realice una auditoría a la empresa por parte de la autoridad tributaria, sin embargo, no todas las compañías serían sujeto de esta fiscalización, solo aquellas que tengan declaraciones pendientes.

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La medida es considerada inconstitucional por empresarios y contadores, que hoy acudieron a la Sala IV para presentar sus argumentos.

“Es inconstitucional obligar al contribuyente a pagar en 30 días o garantizar la deuda”, dijo Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

El ente tributario defiende el plazo establecido, ya que en el pasado las empresas eludían el pago al tener la posibilidad de postergarlo mediante apelaciones. El nuevo método implica pagar primero la obligación y luego apelar.

“Hay aclarar que el proceso no impide que se recurra el pago, sino que evita el uso del reclamo en forma extensiva simplemente para atrasar el pago de los impuestos”, explicó Fernando Rodríguez, viceministro de Ingresos de Hacienda.

Auditores cuestionados

Otro de los reclamos de contadores y empresarios es la idoneidad de los auditores en nuestro país.

“La persona idónea para realizar funciones propias de la auditoría es un contador público, no licenciados en mercadeo como dicen los requisitos del Servicio Civil”, reclamó Ovares.

“Es importante su idoneidad porque los auditores fiscales son responsables de inferir sobre los registros contables y la contabilidad de una empresa”, agregó.

En tanto, en Hacienda aseguran que el personal seleccionado cumple con los requisitos para el puesto y reciben capacitaciones de la entidad, y que el hecho de que hayan auditores graduados de distintas disciplinas responde a la variedad de empresas que hay que fiscalizar.

“Son profesionales que pasan por procesos de capacitación en el ministerio y que acumulan años de experiencia. Decir que no están capacitados es una falsedad”, dijo Rodríguez.

Será en los próximos meses que la Sala Constitucional defina si el recurso procede o no, de lo contrario, las empresas deberán apegarse al nuevo plazo para el pago o garantía de sus impuestos.