Consultorías del BCIE reviven

Falta de dinero obliga a Ejecutivo a solicitar cooperación

Consultorías del BCIE reviven

Fondos serán para elaborar políticas públicas

El gobierno de Laura Chinchilla solicitará $1 millón al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el pago de consultorías a “secretarios técnicos”, los cuales darán soporte y asesoría a los cuatro consejos presidenciales en su labor.

Tras más de un año de estar vigentes, el resultado más visible de los cuatro consejos ha sido la Política Integral y de Sostenibilidad de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social.

La solicitud de ayuda económica surge varios meses después de que el Congreso cerró una investigación, sobre las donaciones del BCIE al gobierno pasado, así como un supuesto tráfico de influencias en la fiscalía relacionado con dicho tema.

Parte de la cooperación que solicitará el Gobierno también tendrá como destino la promoción de la inversión extranjera directa, así como el impulso de proyectos puntuales como el plan “Agua para Guanacaste”.

La solicitud al BCIE se hará lo más pronto posible, debido a la limitación fiscal que enfrenta el Poder Ejecutivo, tras un recorte presupuestario de $99 millones para ahorrar recursos, confirmó Roberto Gallardo, ministro de Comunicación y Enlace.

El dinero forma parte de un convenio de cuatro años entre el BCIE y los países centroamericanos y que está ya en el último año de ejecución.

Como se trata de recursos públicos internacionales, el dinero no entrará a las arcas del Ministerio de Hacienda, sino que será el BCIE el que se encargará de girar el dinero a los proyectos y a los consultores contratados.

Esta no sería la primera vez que el gobierno de Chinchilla acude a la cooperación del BCIE, ya que el año pasado usó un remanente de $400 mil dejado por la anterior administración.

Durante el gobierno de Oscar Arias (2006-2010), el Ministerio de la Presidencia utilizó al menos $1,6 millones del BCIE para pagar el salario de diversos consultores, en áreas como comunicación, investigación y asesoría legal y legislativa, entre otras ramas.

Debido a que la cooperación fue manejada a discreción por Rodrigo Arias, exministro de la presidencia, la oposición en el Congreso realizó en dos ocasiones distintas, investigaciones sobre el tema, sin arrojar ninguna sanción moral contra el exfuncionario.

Por esa misma cooperación, la Contraloría y la Procuraduría General de la República realizaron estudios sobre la forma como se manejó la ayuda. Al final, concluyeron que no hubo anomalías, a pesar de señalar débiles controles.

El Ministerio Público inició una investigación contra Arias por un supuesto peculado; sin embargo, los fiscales no han acusado formalmente al político de algún delito.

A pesar de que en el pasado el pago de consultorías fue duramente criticado por la oposición, el Gobierno considera que no utilizar la ayuda “sería un desperdicio”.

“La cooperación es para darle una mano al Estado en momentos de gran limitación económica como los que vivimos. Creo que sería muy lamentable no usarlos, ya que no cuestan nada al país”, expresó Gallardo.

Para evitar la suspicacia de los partidos de oposición, el Poder Ejecutivo buscará un mecanismo que permita la transparencia y la fiscalización.

En ese sentido, indicó Gallardo, la contratación de los consultores se puede hacer por medio de un concurso público, realizado por una organización no oficial, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tal y como sucedió con el remanente de dicha cooperación en el pasado.

La Contraloría no ha prohibido la cooperación no reembolsable, tan solo ha exigido un mecanismo más riguroso de control, añadió Gallardo.

Esteban Arrieta

earrieta@larepublica.net