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Jueves 6 Noviembre, 2008

Constitución e identidad nacional


Porque mina las reservas espirituales que permiten enfrentar los desafíos, el más grave problema que enfrenta hoy nuestro país es la dilución de la identidad nacional —y con ello—, la creciente tendencia a relativizar los valores. La primera guardián de esa identidad es la Constitución, esa urna sacra de los ideales nacionales que —considerada en su acepción más revolucionaria— no debe verse solo como portaestandarte de las libertades y garantías frente al poder; es además el crisol donde se funden nuestra identidad y nuestros grandes ideales. Garantía de que seamos una nación, y no meramente un estado.
Sí, porque nación es algo más que territorios, habitantes, autoridades y leyes. La nación es identidad, pasado y porvenir comunes. Es sincronía de espíritus… patria. Solo los pueblos aferrados a sus propios ensueños logran preservarla. Temple homogéneo para el esfuerzo y el sacrificio. Implacables ante la adversidad y simultáneos en la aspiración de la gloria. Marcha conjunta en pos de ideales comunes. Como la gran nación hebrea —pese a embates implacables—, sólidamente anclada. Durante largas diásporas perseguida y carente de espacio vital, sin el amparo de autoridad o ley ordinaria alguna, y a pesar de ello, firme. Estos heroísmos colectivos solo son posibles cuando esa identidad está ligada al sentido de lo trascendente. Por eso, culturas que no se sustentaron en valores supremos —como el de la dignidad humana— desaparecieron y hoy son solo un vago recuerdo de la historia. Porque la grandeza vital de una nación no radica en su poderío material, sino en la sublimación de sus ideales, y por ende en su identidad.
Esa es la razón por la que el reto vital que como sociedad enfrentamos sea —prioritariamente— reafirmar nuestra identidad, a partir de lo cual se determinan los otros objetivos colectivos. Partiendo de esas premisas, más que apresurarse a contestar hacia dónde vamos, preguntémonos quiénes somos y sobre qué valores fue forjada nuestra nacionalidad.
La respuesta a esas preguntas está en nuestra Constitución, que abreva de los orígenes mismos de nuestra nacionalidad. Todo nuestro entramado normativo obtiene su cimiento de una piedra angular: la dignidad humana; en defensa de ella, de nuestra gran página épica aún resuenan los sonidos de las bayonetas de 1856. El concepto de dignidad humana —que más bien es una vivencia— nace a la historia universal con la milenaria cultura hebrea, que por la fe entendió al hombre como creado a imagen y semejanza de un Ser ético.
Hasta la irrupción de dicha experiencia, el mundo antiguo no concebía vivencia tan sublime, y por ello nuestra identidad nacional tiene su fundamento en los ideales judeocristianos. De ahí el drama que han sufrido las culturas carentes de dicha tradición, para vivir a plenitud el respeto inherente a la dignidad humana. Culturas en las que ella es letra de ley, pero sin vida. Ni aun la conoció la tan admirada Grecia antigua —la de los excelsos ideales culturales—, pero que la comprendía sobre la base de una democracia limitada a algunos habitantes, los escasos detentadores del poder material.
Ni que decir de la precaria vivencia de dicho principio, que aún hoy sufren muchos pueblos de Oriente, indigentes para abrevar sus valores de esa fuente. Imposible que fuese de otra forma, si inyectar dentro de la consciencia social de este hemisferio la vivencia de la dignidad humana, ha sido una tarea titánica. Le costó a la civilización occidental siglos de esfuerzos, y aún en pleno siglo XX se vivieron los horrores provocados por filosofías que proscribieron sus ideales cristianos.
Del ideal ancestral de la dignidad de la persona se derivan los seis grandes valores que conforman nuestra constitucionalidad: los de libertad, justicia, solidaridad, civilidad, paz y fomento de la cultura. Absolutamente todos nuestros principios constitucionales tienen su derivación de estos seis valores hijos del ideal judeocristiano de la dignidad humana.
Esa visión es además soporte del faro que debe guiarnos para desafiar la brutal aculturación que vivimos, en la que los apetitos —dominadores y agresivos— acosan las oriflamas de las voces conductoras. Al margen de estas reflexiones, me pregunto si esa revolución jurídica que significó la Sala IV no amenace algún día devolverse en contra de nuestra propia identidad constitucional. Ello por el hecho de que la sagrada arca de nuestra alianza —que es la Constitución— yace al arbitrio de la decisión o criterio de un oráculo de tan solo cuatro representantes que —en acuerdo de mayoría— ostentan la potestad de variar, transformar o transmutar nuestra Ley Fundamental, de conformidad con sus propias interpretaciones. Hoy no hay peligro. De sus resoluciones se colige que los actuales magistrados constitucionales son juristas claros de nuestros valores. Pero a futuro —tanto poder en tan pocos— resulta en una tentación que puede permitir —por la vía inescrutable de las interpretaciones— que sus sucesores sí atenten contra esa identidad. Máxime en un periodo histórico en que pareciera que dicha facultad interpretativa ha eclipsado el poder de reforma constitucional del parlamento; amén de las recientes irrupciones de tantas y tan extrañas filosofías advenedizas. Ejemplo de estas lo es una corriente que ha resurgido en Europa. Sobre la base de una suerte de transmutación de las viejas ideas nihilistas —en versiones livianas de autores como Hitchens—, pretenden imponer lo que han dado en llamar un “mundo global secular”. Triste resurrección de las añejas filosofías materialistas. Las mismas visiones que tanta desgracia ocasionaron al mundo durante el siglo XX. Algunos de esos ideólogos son los mismos que están involucrados en la iniciativa de borrar de la Constitución europea, todo rastro de la tradición cristiana de ese continente. De ahí que de un tiempo para acá, lo he tomado del de mi despacho de abogado para combatir todo atentado contra estos ideales, protegiendo el derecho que tienen mis pequeños hijos de que el país en el que nacieron resguarde sus tradiciones más caras y sus valores más supremos.


Fernando Zamora Castellanos
Abogado constitucionalista
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