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Después de cinco años de congelamiento salarial, los empleados del sector público volverán a tener un incremento en sus remuneraciones para el otro año.
Sin embargo, podría tratarse de “un alegrón de burro”, ya que las condiciones económicas de Costa Rica harían que en el 2027 los incrementos por costo de vida se vuelvan a congelar.
Y es que estimaciones preliminares sugieren que la relación deuda/PIB volverá a estar por encima del 60 % en 2026 y con ello, se aplicará la regla fiscal.
Datos del Ministerio de Hacienda, para finales de octubre, señalan que la relación deuda/PIB está en 59,9 %, marcando una diferencia en relación con el resto del año.
El problema es que la regla fiscal, aprobada en el gobierno de Carlos Alvarado, restringe el gasto público y los incrementos salariales para los burócratas cuando la deuda del Estado está por encima de dicho umbral.
Dicho de otra forma, si las condiciones país empeoran un poquito más, la posibilidad de congelamiento salarial se activará otra vez.
Esto dependerá del crecimiento económico, la recaudación fiscal y el gasto público.
Por otra parte, el anuncio del gobierno sobre el próximo ajuste salarial generó fuertes críticas por parte de Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
El sindicalista afirmó que el incremento, que no aplicará para todos los funcionarios debido a las restricciones de la Ley de Empleo Público, tiene un claro matiz electoral.
El ajuste implicará la distribución de ¢32.701 millones en 2026, convirtiéndose en el primer aumento general desde enero de 2020.
“Eso es lo que va a dar él, un reajuste por costo de vida y no para el 100 % de los empleados públicos. Será un aumentillo. Obviamente lo hace en estos instantes de campaña electoral. Él está en campaña electoral. Él quiere continuar en la presidencia de la República a través de la señora Laura Fernández Delgado”, afirmó.
El incremento no será para todos los trabajadores del Estado, sino que aplicará excepciones.
Y es que la Ley de Empleo Público, que se puso en vigencia en marzo de 2023, estableció un salario global máximo por puesto para toda la administración pública. La idea es que un funcionario con iguales capacidades y responsabilidades gane lo mismo en cualquier lugar del Estado.
Bajo esa premisa, si un trabajador tenía un salario por encima del salario global al momento de entrar en vigencia la Ley de Empleo Público, irremediablemente su compensación no podrá aumentar más hasta que la escala salarial asignada a su categoría reciba el mismo salario.
Esto dejará a miles de trabajadores del Estado sin aumento salarial.
Desde diciembre de 2018 fue aprobada la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual incluyó una serie de medidas extraordinarias que implican el congelamiento de los salarios públicos bajo ciertas condiciones.
| CONDICIÓN | CONSECUENCIA |
|---|---|
| Relación Deuda/PIB |
Cuando la deuda pública supere el 60% del PIB
En este escenario, tampoco se realizará ningún aumento a la remuneración de los diputados
La normativa en cuestión establece escalas salariales definidas por puesto de trabajo para todo el Estado, con la intención de que un funcionario de un ministerio, con igual puesto y responsabilidades, gane lo mismo en cualquier otro lugar del Estado.
Si al momento de la entrada en vigencia de la ley de empleo público un funcionario tenía un salario por encima del salario estándar o global, su salario quedó congelado de manera indefinida.
El salario solo podrá ser aumentado por costo de vida u otra razón, cuando la escala salarial global supere su remuneración vigente.
