Confusión sobre revocatorio reina en Bolivia
| Lunes 04 agosto, 2008
Consulta popular debe realizarse dentro de una semana
Confusión sobre revocatorio reina en Bolivia
• Autoridades no se ponen de acuerdo sobre que porcentaje se necesita para derogar a los gobernantes actuales en el referendo
La Paz
EFE
A una semana del referendo revocatorio de Bolivia, se mantiene la confusión política y jurídica en torno a esta consulta que decidirá el 10 de agosto la continuidad o derogación del presidente Evo Morales y los gobernadores regionales del país.
El debate sobre el revocatorio se centra ahora en la fórmula para interpretar sus resultados, tras una decisión de la Corte Electoral Nacional (CNE) acordada con sus filiales regionales que altera los porcentajes regulados por ley para ratificar o revocar a los prefectos (gobernadores).
Tanto el Gobierno como la oposición de la alianza conservadora han restado validez a la resolución de la CNE porque defienden que es el Congreso Nacional quien debe modificar la ley que regula la consulta.
De hecho, se anunció ayer que se estudia detener los resultados del revocatorio en el Senado, donde esta formación opositora tiene la mayoría, según declaraciones del parlamentario Luis Vásquez, recogidas en el periódico La Razón.
“¿Cuál es el resultado válido?, esa es la pregunta ahora (...). Si aplicas una norma te va a dar un resultado válido; si aplicas la otra te va a dar otro resultado válido”, reseñó el legislador.
Otra fuerza opositora, Unidad Nacional, cree que el revocatorio no “resolverá la crisis política”, según su líder, el empresario Samuel Doria Medina, quien opina que el país se encamina a un “caos jurídico”.
“Ya no se respeta la Constitución. Cada institución toma las atribuciones que le parece generando cada vez un mayor caos jurídico y a la vez un caos político” señaló Doria Medina.
Por su parte, el Gobierno de Morales ya se ha mostrado partidario de mantener la ley del referendo y los porcentajes sobre la revocación tal y como están.
En este referendo, según dijo el sábado el presidente Evo Morales, “están en juego dos programas de gobierno y dos modelos económicos” más que la continuidad de las autoridades.
“¿En este referendo revocatorio qué está en debate? No está Evo Morales, no se equivoquen, Evo Morales es pasajero. Están en debate dos modelos económicos: nacionalización o privatización de nuestros recursos naturales”.
El inédito referendo revocatorio del 10 de agosto fue propuesto en diciembre de 2007 por el propio mandatario izquierdista, en un momento de tensión política en el país relacionado con el proceso constituyente.
Este proyecto de ley fue aprobado casi inmediatamente por la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, pero retenido en el Senado, controlado por la oposición, durante cinco meses.
En mayo, de forma sorpresiva, la mayoría en el Senado decidió “descongelar” esta iniciativa y se aprobó por unanimidad sin modificar el texto propuesto por Morales.
La ley del revocatorio establece que una autoridad quedará revocada en su cargo si los votos contra su gestión (el “no”) superan tanto el número de sufragios como el porcentaje de apoyo que cosecharon en las elecciones de 2005, donde fueron elegidos.
En el caso de los gobernadores, el respaldo electoral que obtuvieron en 2005 se sitúa entre el 38% y el 48%, mientras que Morales y su vicepresidente resultaron elegidos con un 53,7%.
Los opositores regionales entienden que estos criterios perjudican a los prefectos y benefician al presidente Morales.
Ante el rechazo que ha suscitado esta fórmula, José Luis Exeni, presidente de la CNE, alcanzó un acuerdo con las cortes departamentales donde se propone que un prefecto sólo sea revocado si el “no” a su gestión supera el 50% de los votos.
Sin embargo, tanto la Corte Electoral como el Gobierno de Morales han rechazado estos decretos de la magistrada que consideran meras “sugerencias” a título personal.
Confusión sobre revocatorio reina en Bolivia
• Autoridades no se ponen de acuerdo sobre que porcentaje se necesita para derogar a los gobernantes actuales en el referendo
La Paz
EFE
A una semana del referendo revocatorio de Bolivia, se mantiene la confusión política y jurídica en torno a esta consulta que decidirá el 10 de agosto la continuidad o derogación del presidente Evo Morales y los gobernadores regionales del país.El debate sobre el revocatorio se centra ahora en la fórmula para interpretar sus resultados, tras una decisión de la Corte Electoral Nacional (CNE) acordada con sus filiales regionales que altera los porcentajes regulados por ley para ratificar o revocar a los prefectos (gobernadores).
Tanto el Gobierno como la oposición de la alianza conservadora han restado validez a la resolución de la CNE porque defienden que es el Congreso Nacional quien debe modificar la ley que regula la consulta.
De hecho, se anunció ayer que se estudia detener los resultados del revocatorio en el Senado, donde esta formación opositora tiene la mayoría, según declaraciones del parlamentario Luis Vásquez, recogidas en el periódico La Razón.
“¿Cuál es el resultado válido?, esa es la pregunta ahora (...). Si aplicas una norma te va a dar un resultado válido; si aplicas la otra te va a dar otro resultado válido”, reseñó el legislador.
Otra fuerza opositora, Unidad Nacional, cree que el revocatorio no “resolverá la crisis política”, según su líder, el empresario Samuel Doria Medina, quien opina que el país se encamina a un “caos jurídico”.
“Ya no se respeta la Constitución. Cada institución toma las atribuciones que le parece generando cada vez un mayor caos jurídico y a la vez un caos político” señaló Doria Medina.
Por su parte, el Gobierno de Morales ya se ha mostrado partidario de mantener la ley del referendo y los porcentajes sobre la revocación tal y como están.
En este referendo, según dijo el sábado el presidente Evo Morales, “están en juego dos programas de gobierno y dos modelos económicos” más que la continuidad de las autoridades.
“¿En este referendo revocatorio qué está en debate? No está Evo Morales, no se equivoquen, Evo Morales es pasajero. Están en debate dos modelos económicos: nacionalización o privatización de nuestros recursos naturales”.
El inédito referendo revocatorio del 10 de agosto fue propuesto en diciembre de 2007 por el propio mandatario izquierdista, en un momento de tensión política en el país relacionado con el proceso constituyente.
Este proyecto de ley fue aprobado casi inmediatamente por la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, pero retenido en el Senado, controlado por la oposición, durante cinco meses.
En mayo, de forma sorpresiva, la mayoría en el Senado decidió “descongelar” esta iniciativa y se aprobó por unanimidad sin modificar el texto propuesto por Morales.
La ley del revocatorio establece que una autoridad quedará revocada en su cargo si los votos contra su gestión (el “no”) superan tanto el número de sufragios como el porcentaje de apoyo que cosecharon en las elecciones de 2005, donde fueron elegidos.
En el caso de los gobernadores, el respaldo electoral que obtuvieron en 2005 se sitúa entre el 38% y el 48%, mientras que Morales y su vicepresidente resultaron elegidos con un 53,7%.
Los opositores regionales entienden que estos criterios perjudican a los prefectos y benefician al presidente Morales.
Ante el rechazo que ha suscitado esta fórmula, José Luis Exeni, presidente de la CNE, alcanzó un acuerdo con las cortes departamentales donde se propone que un prefecto sólo sea revocado si el “no” a su gestión supera el 50% de los votos.
Sin embargo, tanto la Corte Electoral como el Gobierno de Morales han rechazado estos decretos de la magistrada que consideran meras “sugerencias” a título personal.