Conflictos mineros en Perú se agravan
| Jueves 14 agosto, 2008
Conflictos mineros en Perú se agravan
Lima
EFE
Los conflictos mineros en Perú se han agravado y profundizado, al pasar de los temas ambientales y laborales a los económicos, pero las inversiones privadas en esa actividad se incrementan, afirmaron ayer diversas fuentes del sector.
Hay una “profundización (de los conflictos) por la cual toda aquella oposición o cuestionamiento a las actividades extractivas va a ser detenido, sea por la vía legal o por la vía policial y represiva”, declaró el responsable de la ONG ambientalista Grufides, Marco Arana, en rueda de prensa en Lima.
Los problemas relacionados a la minería en Perú han pasado de la contaminación de las aguas, el aire y la tierra, que eran los más denunciados en el pasado, a los conflictos sociales por mejores condiciones laborales o por la participación de los obreros en las ganancias producidas, recordó Arana.
Sólo en el primer semestre de este año se han realizado 26 huelgas mineras, seguidas por 12.712 trabajadores, mientras que en todo el 2007 se registraron 29 paros.
Asimismo, los conflictos se han profundizado por un aparente desconocimiento oficial sobre los temas de propiedad de tierras y por las medidas aprobadas por el Gobierno para utilizar al Ejército y la policía armados en la represión de las protestas.
El sacerdote Arana expresó su preocupación por que la “criminalización” de las protestas haya causado la muerte de cuatro campesinos en la región Cajamarca, donde operan Newmont y la peruana Buenaventura, por la presunta intervención de la policía y sicarios en los últimos cuatro años.
“Pero esa lógica lo único que está haciendo es incrementar los niveles de conflictividad y cerrando la posibilidad de que los conflictos sociales conduzcan a transformaciones productivas”, agregó.
Por su parte, el responsable de la ONG CooperAcción, José de Echave, opinó que “la gran hipótesis que han manejado las empresas y el Gobierno es que los recursos para las regiones iban a permitir que puedan obtener la licencia social (otorgada por las comunidades) y eso no ha ocurrido”.
Las empresas mineras han entregado 5.156 millones de soles ($1.841 millones) por canon en 2007 para las regiones en donde están ubicadas sus instalaciones y han distribuido un aporte voluntario de 1 mil millones de soles ($357 millones) para combatir la pobreza en esas zonas en los últimos dos años, según cifras oficiales.
Lima
EFE
Los conflictos mineros en Perú se han agravado y profundizado, al pasar de los temas ambientales y laborales a los económicos, pero las inversiones privadas en esa actividad se incrementan, afirmaron ayer diversas fuentes del sector.Hay una “profundización (de los conflictos) por la cual toda aquella oposición o cuestionamiento a las actividades extractivas va a ser detenido, sea por la vía legal o por la vía policial y represiva”, declaró el responsable de la ONG ambientalista Grufides, Marco Arana, en rueda de prensa en Lima.
Los problemas relacionados a la minería en Perú han pasado de la contaminación de las aguas, el aire y la tierra, que eran los más denunciados en el pasado, a los conflictos sociales por mejores condiciones laborales o por la participación de los obreros en las ganancias producidas, recordó Arana.
Sólo en el primer semestre de este año se han realizado 26 huelgas mineras, seguidas por 12.712 trabajadores, mientras que en todo el 2007 se registraron 29 paros.
Asimismo, los conflictos se han profundizado por un aparente desconocimiento oficial sobre los temas de propiedad de tierras y por las medidas aprobadas por el Gobierno para utilizar al Ejército y la policía armados en la represión de las protestas.
El sacerdote Arana expresó su preocupación por que la “criminalización” de las protestas haya causado la muerte de cuatro campesinos en la región Cajamarca, donde operan Newmont y la peruana Buenaventura, por la presunta intervención de la policía y sicarios en los últimos cuatro años.
“Pero esa lógica lo único que está haciendo es incrementar los niveles de conflictividad y cerrando la posibilidad de que los conflictos sociales conduzcan a transformaciones productivas”, agregó.
Por su parte, el responsable de la ONG CooperAcción, José de Echave, opinó que “la gran hipótesis que han manejado las empresas y el Gobierno es que los recursos para las regiones iban a permitir que puedan obtener la licencia social (otorgada por las comunidades) y eso no ha ocurrido”.
Las empresas mineras han entregado 5.156 millones de soles ($1.841 millones) por canon en 2007 para las regiones en donde están ubicadas sus instalaciones y han distribuido un aporte voluntario de 1 mil millones de soles ($357 millones) para combatir la pobreza en esas zonas en los últimos dos años, según cifras oficiales.