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Confites en los infiernos

Alvaro Madrigal [email protected] | Jueves 13 diciembre, 2012


Los casos tramitados por la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética y la Fiscalía de Probidad, apenas en una tercera parte han arribado a medidas con algún grado de sanción o asignación de responsabilidades o a elevación a sede judicial.



De cal y de arena

Confites en los infiernos


Eso de que somos la sociedad menos afectada por la corrupción en el istmo centroamericano y de que el acceso a los órganos de persecución de la corrupción se ha facilitado, tiene el sabor de los confites en el infierno. Peligrosa inducción al conformismo, por lo demás, pues con sentido realista hemos de preocuparnos porque la corrupción que se desparrama del sector público al privado y viceversa no está cediendo espacios y amenaza la institucionalidad democrática y la gobernabilidad. Según la organización Transparencia Internacional, por la corrupción la sociedad costarricense está en la posición 54 de una escala de 0 a 100; salvo Panamá, los otros vecinos andan marcadamente peor. Pero estamos lejos de los asépticos índices de Finlandia y Dinamarca, y también de Chile. A juzgar por la percepción reinante entre la población y por las investigaciones y denuncias periodísticas, el mal ya no es una presencia fantasmagórica sino una realidad patológica grave que se incuba en la acentuada crisis de valores, en la exaltación de la liviandad y el culto de la codicia. Está presente en los ámbitos de la vida pública y de la privada, amparada por una espesa coraza de compromisos que funciona como tapadera y protectora de corruptos y corruptores. Sí, nuestro padecimiento es “menos peor” que el del vecindario y nuestras instituciones han facilitado las vías para la delación y la inducción del ciudadano a participar en este esfuerzo aséptico. Sin embargo…
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…. los resultados son magros: los casos tramitados por la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética y la Fiscalía de Probidad, apenas en una tercera parte han arribado a medidas con algún grado de sanción o asignación de responsabilidades o a elevación a sede judicial. Fresco está el desdén de la Presidente de la República para con la condenatoria de esta Procuraduría de algunos de sus más allegados colaboradores cazados en la transgresión de normas éticas. Así también la decisión del Ministerio Público de pedir la desestimación de 12 procesos abiertos contra miembros de los Supremos Poderes incursos en conductas que motivaron la apertura de expediente. Es parte de una grosera expresión de la impunidad general advertida por el penalista Juan Diego Castro: de las denuncias que entraron al sistema judicial en un año, menos del 5% terminan en condena. La gente sana se desanima y pierde la fe en las instituciones. Entre 1978 y 1985, cuando el país se hundía en una inédita crisis económica de graves efectos sociales, el índice de apoyo al sistema político andaba en torno al 75% de la consulta en una escala de 0 a 100. Hoy, este apoyo llegó al nivel más bajo: 56 puntos. Caída —lo dice el XVIII Informe del Estado de la Nación coincidente con una tendencia de largo plazo de deterioro del sistema de partidos, volatilidad en las preferencias electorales, escándalos de corrupción y menores niveles de participación política. Hay otras sociedades peores en el desplome de la democracia y en la disfunción institucional. De lo que el crimen organizado y el narcotráfico saben sacar partido. ¡Ojo!

Álvaro Madrigal

 

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