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Con pocas excepciones, el nuevo Gobierno tiene...
Buenas metas
Llegar a ellas será difícil



LA REPUBLICA apoya gran parte de la agenda de la administración.
Con pocas excepciones, los principales elementos del programa propuesto por el nuevo gobierno son consistentes con los valores de este diario.
Esto incluye dejar que las empresas privadas operen de forma competitiva en sectores anteriormente reservados al Estado y que se inviertan más fondos públicos en la creación de oportunidades para los jóvenes y los pobres.
Pero el sector público no podrá fortalecerse, a menos que aumenten sustancialmente los impuestos, intento en el cual han fracasado las administraciones anteriores.
En cuanto a la apertura del mercado se refiere, es casi seguro que la izquierda costarricense se opondrá a lo que consideraría como un enriquecimiento de la elite empresarial.
En estas circunstancias, el éxito de la administración de Laura Chinchilla dependerá de su capacidad para persuadir a los ciudadanos sobre las bondades de su planteamiento, dado que algunos de sus principales proyectos requerirán grandes esfuerzos y recursos.

Oportunidades para las personas... y su costo financiero

Las importantes inversiones que se deben hacer en materia de seguridad, educación y otros servicios, representarán un alto gasto para el gobierno.
Por ejemplo, solo el aumento del presupuesto de educación al 8% del valor anual de la producción nacional, frente al 6% actual, le costará $400 millones por año.
A ello hay que sumarle las propuestas de seguridad y vivienda, que representarían una inversión del 1% del valor de la producción del país, lo que significa $200 millones más.
Para pagar estos programas el gobierno tendría que aumentar los ingresos en no menos del 15%, teniendo en cuenta que la recaudación corriente es de poco más de $4 mil millones.
La forma más fácil de financiar el aumento de la inversión en los programas sociales es mediante la reducción de la evasión fiscal.
Poca gente se opone a la idea de obligar a los evasores a pagar para que contribuyan a financiar los gastos nacionales.
Además, este trámite no requeriría negociar la aprobación legislativa, únicamente hacer cumplir las leyes existentes con mayor eficacia.
La reducción de la evasión podría generar una importante recaudación de dinero, estimada hasta en un 4% del valor de la producción nacional, según un informe de la Contraloría.
En la práctica, sin embargo, el gobierno tendrá que trabajar duro para obtener buenos resultados en este ámbito.
Para detectar las tácticas sofisticadas empleadas por algunos ricos para evadir sus obligaciones, el Ministerio de Hacienda tendría que contratar a decenas de investigadores inteligentes e inflexibles, un proceso que llevará años.
Además, para procurar que miles de pequeñas empresas se incorporen en la economía formal, se necesitaría un ejército de auditores, que actualmente el erario no tiene.
Otro plan sensato consiste en la aprobación de leyes que obliguen a que los consumidores paguen el impuesto de ventas, al comprar los servicios.
Bajo las reglas actuales, los productores de bienes les cobran a los consumidores el impuesto de venta, mientras que la mayoría de los proveedores de servicios no lo hace, a pesar de que ambos tipos de negocios hacen exactamente lo mismo, es decir, vender algo al público.
Cambiar las reglas actuales implica lograr un consenso en una Asamblea Legislativa muy fragmentada.
También sería necesario vencer la oposición de los proveedores de servicios, incluyendo a muchos profesionales que temen que las nuevas normas perjudiquen sus negocios.
Pero un impuesto sobre la venta de servicios, así como la de bienes, sería más justo que el sistema actual.
Además, los nuevos impuestos serían un medio eficaz para aumentar los ingresos, dado que los servicios son la parte de más rápido crecimiento de la economía. Esto es especialmente cierto ahora que las empresas privadas están incursionando en sectores importantes como el de seguros y pronto en las telecomunicaciones.
Tomando en cuenta que la mayoría de estos proveedores son empresas grandes, con los procedimientos de facturación electrónicos, la recolección de grandes volúmenes de impuesto de ventas sería fácil.
Con el tiempo, el Ministerio de Hacienda podría cobrar este impuesto a miles de pequeñas empresas de servicios.
El aumento de los impuestos a los casinos que operen en el país, como ha sugerido esta administración, no produciría muchos ingresos para el Estado.
Por el contrario, el gobierno no debe perder energía en iniciativas que requerirían negociaciones complicadas, o que no producirían mucho ingreso.
Del mismo modo, los tributos propuestos sobre las compañías de apuestas por Internet, tampoco generan grandes ingresos en Costa Rica y hasta probablemente resulten más altos los gastos administrativos que su recaudación.
En cambio gravar a un pequeño número de empresas, algunas de ellas de gran tamaño, podría ser una mejor salida.
A su vez, un impuesto sobre las ganancias de capital, común en los países desarrollados, también podría resultar muy rentable.
Pero la oposición generalizada de muchos dueños de propiedades hace que sea difícil si no imposible para el gobierno aplicar dicha regla.

Oportunidades para los negocios... y su costo político
El gobierno de Laura Chinchilla considera que la competencia es buena para la economía.
Para lograrlo el gobierno apostará por continuar la política de la administración de Oscar Arias, de dejar que las empresas privadas trabajen en las operaciones que actualmente están reservadas al Estado de manera exclusiva.
LA REPUBLICA está de acuerdo con este planteamiento, con la excepción importante de la generación eléctrica, donde vemos poca necesidad de la inversión privada.
Cuando se trata del sector energético, Costa Rica por mucho tiempo ha sido productiva y competitiva.
Una casa pequeña en el país normalmente paga el equivalente de $0,11 por kilovatio hora de energía eléctrica.
Esta es la sexta parte de la tarifa que paga un hogar en Canadá y Noruega, dos de los mayores generadores del mundo de energía hidroeléctrica, y solo una novena parte del costo en Estados Unidos.
Los críticos del modelo actual un monopolio del Estado con poca participación privada justifican que la inversión que debe realizar el país para abastecer su demanda eléctrica es muy alta y eso obligaría al gobierno a solicitar préstamos, lo cual elevaría el costo del dinero de todos los demás prestatarios.
Sin embargo, dado su excelente historial, el Instituto Costarricense de Electricidad no tendría ningún problema en pedir los recursos necesarios para los nuevos proyectos de capital, sea en el mercado local o en el extranjero, sin ninguna garantía estatal.
En teoría, es posible llamar a licitación privada los proyectos de energía y crear un sistema de fijación de las tarifas de producción del sector privado. De hecho este es el modelo que muchos países utilizan.
Pero en Costa Rica, la creación de un modelo basado en el mercado libre de generación de energía, introduciría un grado de complejidad abrumadora, en un país que sigue siendo sumamente débil en materia de reglamentación.
Además, cualquier cambio en las normas existentes en este sector requerirá el respaldo de dos tercios de los diputados, una tarea compleja en un parlamento fragmentado como el actual.
En lugar de arriesgar una enorme cantidad de capital político en la transformación de un sector que hasta el momento ha funcionado bien, el gobierno debería concentrarse en dos grandes proyecto de infraestructura que desesperadamente necesitan mejorar, sin hablar de la necesidad de asegurar que el sector de la telefonía móvil finalmente se abra a la competencia privada.
El primer proyecto es la inversión de unos $1 mil millones en la modernización del puerto de Limón, cuya operación es notoriamente ineficiente con la gravedad de que por esa costa donde se trasiegan dos tercios del comercio exterior del país.
Pero para echar a andar la modernización primero se debe llegar a un acuerdo con el sindicato, ya que sin su consentimiento no es posible completar el millonario proyecto.
Hasta la fecha, una minoría significativa de los trabajadores afines al anterior sindicato se ha negado a entregar el puerto, a pesar de una oferta de $100 mil de promedio, a cada uno, hecha por la administración Arias.
Incluso han amenazado con interrumpir el comercio en Limón y San José y la operación del puerto como una forma de protesta por el plan de privatización.
El gobierno de Laura deberá negociar con brillantez, si espera resolver el problema, sin que eso represente un gasto extravagante o sangre en las calles.
Otro proyecto relacionado con el puerto involucra la construcción de una nueva carretera entre San José y el Caribe.
La decrépita ruta actual cada año impone un alto costo financiero a los exportadores, así como en los consumidores y, peor aún, hiere o mata a cientos de personas.
Dado que una carretera moderna será cara al menos $600 millones, según estimados el gobierno probablemente optaría por el desarrollo a través del modelo de concesión al sector privado, mientras la izquierda probablemente vería eso como otra trampa hecha por los capitalistas codiciosos.
Otro tema crucial para el nuevo gobierno es permitir que las empresas privadas realmente compitan en el sector telecom.
La decisión de abrir este sector a la competencia fue aprobada hace años.
No obstante, los consumidores todavía no tienen otra opción en servicios telecom, mientras la incompetencia burocrática, así como los celos internos, continúan llevando a cabo el proceso.
La administración de Laura en su mayor parte cuenta con buenas metas.
Si se centra solo en pocas de ellas, puede lograr mucho.
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