En estos días y dando seguimiento a indicios graves y concordantes, las autoridades del país han dado continuidad a una investigación de presuntos delitos de funcionarios del gobierno. Esto se hace por faltas cometidas contra la hacienda pública y en contra de los deberes establecidos por la Ley General de la Administración Pública.

En otras oportunidades en el pasado se han producido similares investigaciones por presuntos delitos. Tales investigaciones condujeron a allanamientos y detenciones preventivas de los imputados en aquellos pasados casos. Ninguno de ellos pensó entonces en convocar a una revolución o a estallidos de pública violencia en protesta por haber dado seguimiento los fiscales y los investigadores del OIJ a los deberes de su puesto al cumplir con el debido proceso indagatorio.

Dentro del marco legal costarricense, todos los involucrados en las investigaciones deben de conducirse con dignidad y altura todos los involucrados en las investigaciones. No deben de hacerse llamados a la violencia ni oponerse a las investigaciones en curso. Tal comportamiento sería impropio ya que sería imponer por la fuerza la impunidad a los presuntos detractores de las leyes del país. Nadie en la administración pública está exento de responder ante los estrados por faltas cometidas de acuerdo con el procesal penal.

Con firmeza, pero con dignidad y con altura se deben de responder los cargos que las autoridades represivas levanten en contra de los imputados. La popularidad no es excusa para evitar el cumplimiento de las leyes ni de evitar que presuntos infractores se libren de los procedimientos establecidos por ley para reprimir los delitos.

Sería impensable que las personas con poder y diecisiete mil policías armados a sus órdenes puedan proceder en impunidad. No es lógico, no es razonable y no debe darse un comportamiento de esta índole. Quien puede lo más puede lo menos. El poderoso debe siempre sentar, a través del ejemplo, la palabra y sus actos, que la justicia es ciega y pareja para todos. El rebelarse ante la misma y amenazar a los que cumplen con su deber es educar en antivalores a la población general del país.

Si el poder impone el curso de los acontecimientos incluso la injusticia, y si el poderoso se erige con corona ante acusaciones que otros reciben al tenor de leyes y del procesal penal, estaría desvirtuando todo el sistema de igualdad ante la ley que rige en democracia. Mostrarse por encima del bien y del mal, así como ser presuntamente inmune a las consecuencias de cualquier acto ilegal que hubiera hecho en el ejercicio de sus funciones debería preocuparnos a todos.

Vivimos tiempos de gran inestabilidad y de mayor controversia en los que pareciera que el objetivo es destruir y desestabilizar. Con respeto, dignidad y altura, dentro del marco legal, deben de conducirse los debidos procesos de nuestra marco de derecho y todos los costarricenses sujetarse a ellos.