Cómo se protege a empleados gais donde serlo es un delito

Cuando Air France-KLM reanudó los vuelos regulares a Irán el mes pasado luego de una pausa de ocho años, asistentes de vuelo gais instaron al máximo responsable, Frédéric Gagey, a que les permitiera no hacer esos viajes debido a que en la república islámica la homosexualidad se castiga con la pena de muerte.

“Es inconcebible obligar a alguien a viajar a un país donde sus pares son condenados a muerte por ser como son”, afirmaron en el petitorio en línea que firmaron casi 30 mil personas.

En Estados Unidos, se ha criticado a ciudades y estados por impedir que las personas transgénero usen los baños correspondientes a su identidad sexual. Disputas judiciales entre Carolina del Norte y el Gobierno federal, así como un marcado incremento de las denuncias por discriminación laboral han hecho que los temas relacionados con lesbianas, gais, bisexuales y transgénero conciten una atención inédita desde que la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio homosexual.

Pero persiste una amenaza global a la igualdad, y no solo en el caso de los asistentes de vuelo. Los empleados LGBT de compañías multinacionales con frecuencia deben preocuparse por cuestiones como acoso legal, encarcelamiento o cosas peores.

Si bien muchos países conmemoran el Día Internacional Contra la Homofobia, unos 75 países aún consideran que la homosexualidad es un delito, según la Campaña de Derechos Humanos (HRC). Diez de esos países, entre ellos Qatar (sede del Mundial de Fútbol 2022 de la FIFA), los Emiratos Árabes Unidos (sede de los centros financieros Dubái y Abu Dhabi) y Arabia Saudita pueden aplicar la pena de muerte, dijo HRC. Representantes de los tres países y de Irán no contestaron los pedidos de comentarios.

El brutal asesinato el mes pasado en Bangladesh de un activista gay empleado en una organización de asistencia estadounidense y el aumento del comercio con Irán luego del acuerdo nuclear han hecho que cobre urgencia el análisis de cómo interactúan las compañías con gobiernos restrictivos. Son los directivos de las empresas en lugar de los políticos quienes se ven cada vez más ante la tarea de proteger los derechos y las vidas de los empleados LGBT.

Se trata de un tema delicado: pocas compañías están dispuestas a hablar en detalle de sus esfuerzos, tal vez para evitar ofender a países anfitriones o poner en peligro sus negocios. Hasta Apple, cuyo máximo responsable es abiertamente gay, se negó a hacer declaraciones más allá de señalar que la compañía que dirige Tim Cook tiene una firme política antidiscriminatoria que cubre a sus empleados en todo el mundo.

El Banco Mundial estima que en 2012 se perdieron $31 mil millones debido a discriminación contra personas LGBT en establecimientos educativos y empresas. La menor participación en la fuerza de trabajo deriva en más pobreza y peor salud, lo que a su vez causa mayores costos de programas sociales y sanitarios, por no hablar de la menor producción económica. También hay costos geopolíticos: en 2014 el Banco Mundial congeló un préstamo de $90 millones para el área de salud de Uganda debido a que en el país se había a probado legislación de condena a la homosexualidad.