Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 3 Julio, 2008

De cal y de arena
Alvaro Madrigal
Como un mal billarista

En esto del consumo de combustibles, ¿tiene el gobierno una política definida, busca aliviar la carga de la factura petrolera, persigue astutamente engordar aún más la ya obesa vejiga donde se depositan los recursos fiscales? Los pasos que está dando y los anuncios que está haciendo, confunden y hacen pensar que el gobierno se precipitó con un mundo de improvisaciones. No tiene una política idónea para afrontar esta explosión de precios que amenaza con descarrilar el aparato productivo nacional e imperdonablemente dejó pasar el tiempo sin preparar el plan de contingencia para los desajustes sociales y económicos que acompañan este desenfreno. Ahora salta con inconsistencias e improvisaciones que minan su autoridad política, indispensable en momentos de crisis. Si el gobierno busca hacer más llevaderos los costos de las importaciones de hidrocarburos, el único camino viable (con todo y las trampas que tiene) es el de las prohibiciones. Mas la prohibición de circulación de vehículos en razón del número final de su placa no solo aplicada al casco metropolitano de San José. ¿Es que en Alajuela, Heredia y Cartago no hay grandes y dispendiosos embotellamientos? ¿No son peores que en la Interamericana Norte los atascos que provocan los convoyes de carga en la Interamericana Sur, por las mismas características de la carretera? ¿Por qué la restricción limitada a tan pocas horas al día? ¿Por qué privilegiar el aviogás? ¿Por qué tan melindroso el respaldo a la rehabilitación ferroviaria?

La traslación de impuestos del diésel a las gasolinas se justifica, igual que la doblada del impuesto al ruedo a los vehículos diésel de lujo. Si el diésel gravita mucho sobre el transporte de pasajeros y carga y sobre la agricultura, resulta insensato el rebalanceo de precios del diésel y la gasolina. Pero si el diésel va a costar menos, debe el gobierno hacer que las tarifas de transporte público bajen. Aliviar el costo de la factura petrolera exige distribuir el costo del sacrificio con equidad social, sobre todo partiendo de la realidad de que el nuevo esquema de precios irá a parar al valor final de servicios y productos al consumidor por cuanto el empresario trasladará la gasolina más cara y el mayor impuesto al ruedo al costo de producción. Lo que desnuda, de nuevo, las injusticias del régimen tributario y la urgencia de enmendarlas con una reforma impositiva de la que ya la administración Arias no quiere hablar (o no la dejan hablar los beneficiarios del statu quo). Nada habla, tampoco, de los fertilizantes y agroquímicos derivados del petróleo cuyos precios están en niveles estratosféricos, incosteables. Ni de los monopolios en estas líneas tan sensibles. De seguir así, con alimentos de origen agropecuario tan caros, puede estar próxima una crisis social.

La situación es problemática: en un lado, el gobierno juega como un mal billarista; en el otro, no existe el control político que frene torpezas e improvisaciones. Y por supuesto, en medio, los grupos de presión no precisamente repartiendo escapularios.