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Viernes, 14 de diciembre de 2018



NACIONALES


Cobro serio o demolición: peajes públicos

Danny Canales [email protected] | Martes 29 julio, 2014

La asesora de la Asamblea Legislativa Shirley Calvo vive en Alajuela, así que pasa todos los días por el peaje de ese sector. GERSON VARGAS/LA REPÚBLICA


ANÁLISIS

Usted pierde hasta ¢100 mil cada año, al ser usuario ejecutivo frecuente

Cobro serio o demolición: peajes públicos

País desperdicia ¢1,8 mil millones al año en tiempo y combustible



RESUMEN EJECUTIVO

Si demoliéramos los peajes de las carreteras del Estado, un ejecutivo ahorraría unos ¢100 mil al año en tiempo y combustible, mientras que a nivel país se trata de un ahorro de ¢1,8 mil millones.
Otra opción es la de modernizar los peajes y actualizar el sistema del cobro, de modo que nos quite menos tiempo, y a la vez genere ingresos, que ayuden a mantener las carreteras.
Mientras tanto, los peajes consumen más de lo que ingresan, sin aportar casi nada al mantenimiento vial, que es su razón de existir.
Es un tema en el que LA REPÚBLICA ha insistido desde hace más de tres años; sin embargo, persiste el mismo mecanismo raquítico.


Si demoliéramos los peajes de las carreteras del Estado, ahorraríamos unos ¢1,8 mil millones al año.
Se trata de un costo para el público de ¢3,2 mil millones, en parte por el combustible desperdiciado, y en parte por el valor del tiempo —esto aparte del propio cobro de los peajes —, de acuerdo con un cálculo de LA REPÚBLICA.
Por su parte, el Estado el año pasado tuvo una utilidad de ¢1,4 mil millones, generada por estos peajes, al obtener un ingreso bruto de ¢3,8 mil millones, así como costos operativos por ¢2,4 mil millones, según los datos de Conavi.
Peor aún, la supuesta utilidad del Estado apenas sirve para recarpetear unos seis kilómetros de carreteras, de acuerdo con las tarifas que el MOPT suele pagar.
Para un profesional que pasa por un peaje estatal todos los días entre semana en horas pico, con el atraso de unos tres minutos, se trata de la pérdida promedio de unos ¢100 mil al año, tomando en cuenta el combustible, así como el tiempo desperdiciado.
Una opción en este caso, es la de demoler unas instalaciones estatales, cuyo costo al público es mayor que el beneficio, que pretenden brindar.
Otra opción es la de hacer una operación seria, mediante la cual el Estado cobrara un monto razonable por el uso de las carreteras, sin quitarles mucho tiempo a los usuarios.
Sería cuestión de cobrar un monto realista, así como ampliar el área del peaje, y contar con más cabinas, varias de ellas habilitadas por el uso de tarjetas electrónicas, nada de lo cual es caro.
El Estado ya es el dueño del terreno, en que se erigirían las cabinas adicionales, en tanto el equipo necesario para operarlas de forma eficiente es básico.
Actualmente, los montos cobrados por los peajes estatales son esencialmente los mismos, que regían en 2002, el último año del incremento en los precios.
Si se hubiera ajustado solamente por inflación durante los últimos 12 años el cobro básico de ¢75, sería ahora de casi ¢200.
LA REPÚBLICA desde hace más de tres años ha insistido en el beneficio que se encontraría en mejorar el sistema de peajes, o en acabar con este.
Sin embargo, ninguna de las administraciones anteriores ha hecho algo por transformar un mecanismo raquítico en algo productivo.

Danny Canales
Especial para La República
[email protected]