CNP y el ejercicio democrático de rendir cuentas

Jonathan Prendas

Diputado Nueva República

En la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea presenté una moción para investigar el manejo de los fondos públicos de parte del Consejo Nacional de Producción (CNP). Lo hice por la preocupación de que los niños de los comedores escolares no estén recibiendo productos de calidad, que los sobreprecios que cobra la institución afecten a nuestros productores y que estas acciones solo tengan como propósito mantener más burocracia y pagar favores políticos.

Las interrogantes en torno al trabajo del CNP no son nuevas. En el 2020,la Contraloría presentó un informe en el que determinaba que la institución no poseía una planificación estratégica institucional desde el 2014. La auditoría reportó serias limitaciones que afectan su eficiencia, particularmente en los servicios de comercialización, la generación de valor agregado en el ramo agropecuario, la cobertura de productores y el fomento a la competitividad.

Solo esta información demostraba que el CNP, fundado en 1956, no estaba cumpliendo con el objetivo principal que motivó su creación: fomentar actividades agropecuarias y apoyar a los micro, pequeños y medianos productores costarricenses.

Al informe de la Contraloría se le sumó una reciente denuncia de la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi), para quien la entidad paga un “sobreprecio elevadísimo” a intermediarios por los huevos que contienenlos paquetes de alimentos que se entregan a estudiantes de bajos recursos.

La Cámara explicó en su momento que en un supermercado o pulpería, el huevo se vende por lo general a ¢700 el kilogramo, pero el CNP paga¢1.780 por el paquete de 15 unidades, que pesa menos de un kilo. Esto significa que si el MEP comprara este producto en las pulperías en lugar de pagárselo al Consejo, se ahorraría ¢772 millones cada mes.

Por si esto fuera poco, el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) reveló que el CNP le vende los frijoles a las instituciones públicas con un importante sobreprecio. La bolsa de ese grano sale 56% más cara con respecto al precio que ofrece la empresa privada, lo que provoca que el Estado haya pagado ¢2.570 millones de más en este año.

Por eso, en la Asamblea necesitamos conocer cómo el CNP toma decisiones de compra, requerimos investigar cómo fija los precios y cuáles son los costos reales de los paquetes de alimentos que se entregan a los estudiantes de los centros educativos públicos. El país enfrenta una seria crisis y en consecuencia el manejo de los fondos públicos debe ser cuidadoso.

En el Congreso debemos indagar el pago de posibles sobreprecios, supuestas irregularidades en compras y la participación de intermediarios como proveedores, en perjuicio de los micro, pequeños y medianos productores, que deberían ser los principales socios del Consejo.

Los indicios de fallos en el esquema de trabajo del CNP y la posible afectación de un grupo vulnerable de costarricenses –nuestros niños y jóvenes de bajos ingresos-, motivaron a Nueva República a plantear una investigación legislativa que tiene como fin aclarar, denunciar pero sobre todo corregir hacia adelante.

Su otro fin es desarrollar el ejercicio democrático de la rendición de cuentas. La buena administración pública es un derecho de los ciudadanos, quienes pueden exigir al gobierno transparencia y eficiencia en el uso del dinero de todos. Con esta moción y los hechos que generará a partir de este mes, los representantes del pueblo en la Asamblea le recordamos al Ejecutivo que está obligado a actuar con un claro enfoque en el interés general.

Administrar con orden y eficiencia también es democracia.