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Viernes, 27 de mayo de 2022



FORO DE LECTORES


Clases presenciales y el derecho a la salud

Juan Carlos Castro Loría jccastro@officiumlegal.com | Martes 01 febrero, 2022

Juan Carlos Castro

La decisión del MEP de reanudar los servicios presenciales en las escuelas y colegios del país, para el curso lectivo 2022, que inicia a partir del 17 de febrero y finaliza el 22 de diciembre, implica la colisión entre dos derechos fundamentales: educación y salud.

La disposición del Ministerio de Educación Pública causa preocupación en estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos y sectores gremiales. Esto ha provocado que algunos afectados hayan acudido ante la Sala Constitucional, para que resuelva sobre este polémico tema.

La medida es avalada por el Ministerio de Salud, por medio de la resolución N° MEP-003-2022 / MS-DM-1001-2022, del 3 de enero del presente año. Steven González, Ministro de Educación Pública, argumentó que el desarrollo de las lecciones presenciales busca asegurar que las personas estudiantes alcancen los aprendizajes esperados y los procesos de desarrollo integral que se encuentran estipulados en la Política Educativa y la Transformación Curricular vigentes, al tiempo que retomen la interacción con docentes y compañeros y compañeras.

Para el curso lectivo, el MEP elaboró, junto con el Ministerio de Salud, los “Lineamientos Generales para la Reanudación de Servicios Presenciales en Centros Educativos Públicos y Privados ante el Covid-19”, el cual contempla, además del uso de los protocolos de lavado de manos, estornudo, uso de mascarilla a partir de los 6 años de edad, la limpieza de espacios, medidas de cuidado y prevención para la comunidad educativa, por medio del distanciamiento, la consideración de los aforos, la prohibición de ingreso de personas con síntomas de Covid-19 a los centros de estudio, la obligación de los directores y supervisores de circuito en el caso de centros privados tienen de informar y registrar en la plataforma SIGECE casos sospechosos, positivos o por nexos del virus.

Aunque los lineamientos son amplios y precisos, surge la gran interrogante: ¿el personal docente y administrativo de los centros educativos tendrá el tiempo, la disposición y rigurosidad para hacerlos cumplir y garantizar la salud de los estudiantes? Esta tarea implica mucho trabajo y estrés adicional, que difícilmente estas personas puedan soportar a diario, y sabemos que un pequeño descuido puede provocar una alta tasa de contagios, máxime con la llegada de la variante Ómicron del SARS-CoV-2, la cual, según los expertos, tiene la capacidad de hacer crecer el número de infectados al doble.

De acuerdo con informes de prensa internacional, Ómicron provocó el aumento en las hospitalizaciones de infantes en Estados Unidos y algunos países europeos. El doctor Carlos Jiménez, director interino del Hospital Nacional de Niños, reportó el incremento del 300% en internamiento por Covid-19, según el medio digital crhoy.com

En nuestro país, además, apenas el 11 de enero inició la vacunación de los entre 5 y 11 años, por lo que difícilmente todos van a estar con el esquema completo para cuando inicien las clases. La Presidencia de la República informó a finales de diciembre que el 88,2% de personas con edades entre los 12 a 19 ya tienen una dosis de vacunación, mientras un 72% cuenta con las dos dosis.

Este panorama y las proyecciones de los expertos aconsejan ser muy precavidos, pero las autoridades del Ministerio de Educación Público parecen no entender. Por más protocolo y medidas de seguridad, la presencialidad es exponer innecesariamente a los estudiantes, a los docentes, administrativos y a los familiares. Lo anterior, generaría un incremento en los casos que requieran hospitalización, tanto en salón como en cuidados intensivos, condición que puede llegar a saturar los servicios médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Las clases presenciales no son la única forma de luchar contra el rezago educativo alegado por el MEP. En otros países respondieron rápido al nuevo reto; hoy sacan provecho a la virtualidad y gozan de sistemas de enseñanzas de alta calidad. En cambio, después de dos años de pandemia, nuestras autoridades aceptan su fracaso y recurren a la fórmula de siempre, aunque sea la más arriesgada para los estudiantes.

Nadie duda de que la educación es un derecho fundamental, pero también lo constituye la salud individual y de la comunidad en general. Entonces, si se colocan ambos en la balanza indiscutiblemente va a tener primacía el segundo, como lo ha ratificado en determinados momentos la propia Sala Constitucional.

Por ejemplo, en la resolución número 2008013422 destacó que “de acuerdo con las reglas de la hermenéutica constitucional, cuando se genera una colisión entre derechos fundamentales (en este caso, entre el derecho a la educación y el derecho a la salud), se debe privilegiar y dar preeminencia a aquel de mayor peso, rango y trascendencia, lo que supone la incómoda tarea de concederle un orden de prelación a éstos. De este modo, resulta evidente que el derecho fundamental a la salud, consagrado en el numeral 21 de la Constitución Política, constituye la base de todo el ordenamiento jurídico, puesto que, ningún otro derecho fundamental de las personas resulta predicable sino se preserva éste. De ahí que, en criterio de estas Sala, frente al derecho a la educación debe de privar, de manera ineludible, el derecho a la salud”.

Esta línea jurisprudencial no ha variado con el tiempo, así que, si la Sala Constitucional percibe que el Ministerio de Educación no cuenta con las herramientas idóneas para cumplir a cabalidad con lo estipulado en el protocolo de salud en las escuelas y colegios, podría traerse abajo la reanudación de las clases presenciales.

El estado actual de la pandemia, los pronósticos de los expertos y la amarga experiencia vividas en otros países, que quisieron volver a la normalidad antes de tiempo, hacen pensar que lo más sensato es la cautela. No se puede jugar con la salud de nuestros niños y jóvenes simplemente porque ha faltado visión para hacer más efectivo nuestro sistema educativo en estos dos años críticos. Si los jerarcas de educación siguen sin entender razones, le tocará a la Sala Constitucional marcarles de nuevo el rumbo.






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